Nueve meses de prisión y un curso en igualdad para un neonazi que amenazó en redes a un activista LGTBI

El juicio por las amenazas neonazis en redes sociales al activista LGTBI Fran Pardo se ha saldado con un pacto de conformidad por el que uno de los acusados, Sergio Sánchez Moyano, acepta la pena de nueve meses de prisión por un delito de amenazas con el agravante de odio, asistir a un curso sobre Igualdad y abonar una responsabilidad civil de 1000 euros.

El otro acusado, Rodolfo de Blas Pérez, ha sido absuelto tras aportar el libro de familia y deducirse testimonio para que se continúe investigando las amenazas realizadas desde una red wifi de su propiedad, presuntamente por un hijo suyo. El Ministerio Fiscal ha retirado la acusación contra este último y la investigación, si los hechos no han prescrito, continuará para identificar al autor de las amenazas en Twitter contra Fran Pardo.

Sergio Sánchez Moyano, un ultra madrileño, respondió a un tuit que amenazaba al activista con un mensaje en referencia a un antifascista asesinado a manos de un neonazi: “A lo palomino style”, rezaba el mensaje. En el juicio, celebrado en una vista de apenas un cuarto de hora en el Juzgado de lo Penal número 11 de Valencia, el condenado ha reconocido los hechos y se ha comprometido a abonar una responsabilidad civil de 1000 euros, además de los intereses, a la víctima y a realizar un curso sobre igualdad. También deberá afrontar las costas procesales.

El fallo ha tenido en cuenta la circunstancia modificativa de la reparación del daño. El hombre, con antecedentes penales posteriores a los hechos, no entrará en prisión a condición de no delinquir en un plazo de dos años.

El activista LGTBI denunció una veintena de cuentas de Twitter con mensajes amenazantes aunque, tras las comisiones rogatorias, la Policía sólo pudo identificar a los dos acusados. Los hechos se produjeron entre 2013 y 2015, cuando el activista tenía entre 16 y 18 años, y el juicio se ha celebrado finalmente tras siete años, después de haberse aplazado en dos ocasiones.   

El joven, tras el pacto de conformidad, no ha declarado en la vista. Durante estos siete años ha vivido, asegura, con el “miedo constante a que esas amenazas se pudiesen cumplir”.

La fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert, ha valorado positivamente la sentencia. Los delitos de odio, sostiene, “no salen gratis”.