La Agencia Valenciana Antifraude (AVA) cumple este domingo cuatro meses sin publicar sus informes de resolución de conclusión de actuaciones de investigación. Los dos últimos se publicaron el pasado 27 de junio. Durante toda la última etapa del mandato anterior de Joan Llinares como director de la AVA, la entidad publicaba los informes por tandas mensuales, con toda puntualidad. Sin embargo, tras el nombramiento de Eduardo Beut por parte de PP y Vox, el pasado 15 de julio, Antifraude mantiene bloqueada la publicación de los informes, según confirman fuentes de la entidad consultadas por elDiario.es.
A pesar de que el reglamento de la AVA no establece un plazo concreto para la publicación de los informes, los ritmos de la casa se han parado de golpe con la llegada de Beut, un cargo muy cercano al expresidente autonómico Eduardo Zaplana. Fuentes de la agencia enmarcan el retraso de la publicación de los informes en el “periodo de cambio” con la elección del nuevo director. Las mismas fuentes también adelantan que “se va a introducir alguna mejora” en relación con el procedimiento de la publicación, de la protección de datos y “de los propios contenidos”. “Es algo normal”, afirman.
En 2023, según los datos que constan en la memoria anual de la agencia, se tramitaron 63 expedientes de investigación, cuyos informes de conclusiones están publicados en la página web de Antifraude. Durante los siete años de mandato de Llinares, la agencia publicó casi 300 resoluciones de investigación.
El Reglamento de funcionamiento y régimen interior de la AVA establece, en su artículo 40, que una vez finalizada la tramitación del expediente de investigación, el director de la entidad podrá acordar el archivo de las actuaciones, la formulación de recomendaciones, propuestas de sanciones e incluso el traslado al Ministerio Fiscal (en caso de que haya indicios de conductas o hechos presumiblemente constitutivos de delito) o al Tribunal de Cuentas, si se pudiera derivar una posible responsabilidad contable.
Por otro lado, el artículo 13 de la ley de creación de la agencia, prevé un plazo máximo de duración de las actuaciones de seis meses desde el acuerdo de inicio de la investigación, con la posibilidad de una ampliación motivada de otros seis meses debido a la complejidad del caso.
Los primeros tres meses de Beut
El aterrizaje de Eduardo Beut en la AVA ha estado rodeado de varias polémicas. Además del despido de Teresa Clemente (directora adjunta de la entidad con Joan Llinares y funcionaria clave en la denuncia del 'caso Blasco') y de Gustavo Segura (rival de Beut en el proceso de selección en las Corts Valencianes), seis investigadores han salido de la entidad en desbandada.
Beut también derogó el Código Ético de la Agencia Antifraude y eliminó el comité que investiga las denuncias internas. Lo hizo cuatro días después de saber que había sido denunciado por supuestas “graves infracciones” del código.
El director de la AVA mantiene otro frente abierto a cuenta de los informes periciales que la agencia confecciona, en funciones de auxilio judicial, en relevantes causas de corrupción. La Fiscalía Anticorrupción solicitó recientemente que Gustavo Segura, responsable de los informes periciales del 'caso Azud', los ratificara en el marco de la instrucción. Sin embargo, un escrito firmado por la letrada de la AVA, Sonia Folgado, se desentendió de la petición de la Fiscalía recordando que Gustavo Segura fue cesado el pasado 2 de septiembre y, por tanto, ya “no tiene acceso a los expedientes administrativos de investigación de esta Agencia en los que ha participado”.
Segura ya se encargó de informes periciales anteriores en causas de corrupción como el 'caso Erial', en cuyo juicio compareció como perito. En 2023, según la memoria de la AVA, diversos juzgados valencianos solicitaron a la entidad un total de ocho informes periciales. Desde su creación, Antifraude ha llevado a cabo un total de 31 “colaboraciones procesales”.
En el caso de los informes elaborados bajo la supervisión de Gustavo Segura, anterior jefe de Investigación de la entidad, su polémico cese no incumbe a la ratificación de las periciales ante el Juzgado de Instrucción número 13 de València, responsable de las pesquisas del 'caso Azud'. De hecho, tal como ha informado El Confidencial, el funcionario ya ha sido citado para ratificar los informes a pesar de las trabas de Antifraude.