Castellón vive desde hace casi tres años una situación anómala. La ciudad no tiene un Plan General, que es el instrumento urbanístico más importante de una ciudad. El último fue aprobado por el gobierno del PP en 2000, pero después de una larga odisea judicial, el Tribunal Supremo lo declaró ilegal en 2013. Desde 2015, la ciudadanía tiene que guiarse por unas normas transitorias que aprobó la Generalitat Valenciana, en espera de que el Consistorio redacte un nuevo Plan.
Ese momento parece estar cada vez más cerca. Desde 2015, el equipo de gobierno ha trabajado en la elaboración de un nuevo irdenamiento. El jueves, este Plan superó el primer trámite en un Pleno extraordinario. En concreto, se aprobó la versión inicial del Plan General Estratégico, una de las dos partes que componen el documento final.
El próximo paso corresponde a los ciudadanos y asociaciones, que tendrán 45 días en enero para formular alegaciones. Después, llegarán meses de trámites. El equipo de gobierno intentará aprobar el documento final antes de que acabe la legislatura, en junio de 2019, pero es posible que el proceso se alargue más allá de esa fecha.
Más verde y menos urbanizable
El trámite contó con los votos a favor de los tres partidos firmantes del Pacte del Grau, el programa de gobierno firmado por PSOE y Compromís (los partidos que forman el Ejecutivo local) y Castelló en Moviment. Ciudadanos se abstuvo y el PP votó en contra.
Las características principales del nuevo plan son la reducción del suelo urbanizable en un 70% y la triplicación de la superficie protegida (de 1.706,4 hectáreas a 5.354,9). Se busca “consolidar un modelo de ciudad compacta dentro de rondas”, explicó la alcaldesa, Amparo Marco. También se plantea una infraestructura verde, que consiste en “una red interconectada de los espacios de mayor valor ambiental, paisajístico, agrícola y cultural” y que ocupará el 70 % del término municipal.
El PP consideró excesivo la reducción de suelo urbanizable, que calificó de “drástica”. “Limita el crecimiento y el desarrollo de la actividad económica ligada a la creación de empleo, de los próximos 20 años”, afirmaron en una nota de prensa. Por su parte, Ciudadanos afirmó comprender que la situación actual justifica este recorte, pero opinaron que es “excesivo”.
El clamor del barrio de Crémor
Durante el Pleno, un grupo de vecinos expresó sus quejas respecto al Plan General que se está tramitando. Eran integrantes de la asociación “Sant Joan del Riu Sec”, del barrio Crémor. Su presidente, José Roger, se quejó de que el equipo de gobierno no ha tenido en cuenta sus propuestas respecto al desarrollo del barrio.
La zona en cuestión está compuesta de medio centenar de viviendas unifamiliares construidas a principios del siglo XIX. Solicitan que el Ayuntamiento declare la zona como urbana para poder conservar sus viviendas, y para que el barrio pueda ser regenerado. Piden también una vía ciclopeatonal para conectar la Estación de Autobuses con el Raval Universitario a través del barrio y el Río Seco. “Regeneraría el espacio y beneficiaría a las muchas personas que cruzan cada día el cauce por atajos”, afirmó Roger.