El obispo Munilla acusa al PP de “traición a la causa de la vida” por aceptar la ley de plazos del aborto

“La traición del PP a la causa de la vida es total y absoluta, ya no se puede ir más lejos, han asumido completamente todos los parámetros de la izquierda más radical al asumir el aborto como un derecho”. El obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha arremetido así contra las declaraciones del presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en las que aceptaba el aval del Tribunal Constitucional a la ley del aborto afirmando que “una ley de plazos bien construida es una ley correcta en términos generales, constitucional y, por tanto, un planteamiento que merece mis respetos”.

Munilla, en su espacio Sexto Continente en la emisora Radio María, aseguraba el pasado viernes que la decisión del Constitucional era la prevista, pero que “lo novedoso” era el posicionamiento del PP 13 años después de haberla recurrido en 2010. El obispos lamentó que Feijóo “aplauda la sentencia” y sobre el apoyo de la ciudadanía al PP se preguntó: “¿Cómo alguien con recta conciencia puede apoyar un partido así?”.

Previamente, José Ignacio Munilla había arremetido tanto contra el Tribunal Constitucional como contra el Gobierno de España. El obispo afirmó que “no todos los seres humanos tienen derechos humanos, depende de la edad, si tienen menos de 14 semanas no tienen derecho a la vida”. Para justificar su posición, indicó que el derecho a la vida es “preconstitucional” y “predemocrático”, porque “es un derecho que no lo otorgan las urnas ni los tribunales” y porque “la legalidad no está por encima de la moralidad”.

Añadía también Munilla que, teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 que otorga derechos al nasciturus, “el ponente (de la decisión ahora del Alto Tribunal) va a tener que hacer el pino para superar el principio de no contradicción, por lo que estamos ante una grave prevaricación”. También cargó el prelado contra el fallo del Tribunal Constitucional asegurando que ha sido “encargada” por el Gobierno, y que ello demuestra que “no existe separación de poderes”.