El exconseller Rafael Blasco ha salido airoso del último juicio pendiente, por los amaños de los contratos de informática para el empresario Augusto César Tauroni, en el que, a diferencia de sus compañeros de banquillo, no pactó con la Fiscalía Anticorrupción.
Así, Blasco ha sido condenado a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso medial con fraude a la administración, según ha adelantado el diario Las Provincias, lo cual en la práctica ya no afecta al político jubilado. La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto a los cuatro acusados del delito de tráfico de influencias.
Los otros tres procesados, la exsecretaria general Tina Sanjuán, el jefe de informática Javier Murcia y el presunto testaferro de Blasco, el empresario Augusto César Tauroni, han sido condenados a dos años de inhabilitación. El fallo de la Audiencia Provincial de Valencia ha tenido en cuenta la confesión de los tres procesados.
La pieza quinta del caso Blasco juzgaba los contratos informáticos que la Conselleria de Inmigración y Solidaridad adjudicó a las dos multinacionales que luego subcontrataron los trabajos a las firmas pantalla del presunto testaferro del exconseller, el empresario Augusto César Tauroni.
La Fiscalía Anticorrupción solicitaba para el expolítico del PP una pena de dos años y ocho meses de prisión, una multa de 400.000 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público durante una década como presunto autor de un delito continuado de tráfico de influencias en concurso ideal con prevaricación administrativa y fraude a la Administración.
Blasco ya fue condenado por las piezas 1, 2 y 3 del conocido 'caso Cooperación', relativas al desvío de ayudas a ONG y al proyecto fallido para la construcción de Haití. Salió de prisión con tercer grado a principios de 2019 por la condena de seis años y medio de la pieza 1.