Llega el final de año y con él la aprobación definitiva del Presupuesto Municipal. Un momento crucial en la gestión del Ayuntamiento que la oposición ha aprovechado para crear un debate plagado de falsedades, demagogias, despropósitos tributarios, en definitiva el habitual ejercicio de populismo fiscal de las “tres derechas”.
Empecemos por Ciudadanos. Estos días se han publicado algunas informaciones sobre la intención de algunas entidades bancarias de repercutir una comisión del 0,4% por los saldos medios de las cuentas que el Ayuntamiento de València mantiene en dichas entidades. A esta posibilidad le ha dado forma el grupo de Ciudadanos mediante una alegación al presupuesto.
Es cuanto menos sorprendente, que desde un grupo municipal al que se le presupone voluntad de gobernar se alegue insuficiencia de créditos porque evidencia un desconocimiento absoluto de cuestiones elementales, como la vinculación de créditos del capítulo III del presupuesto municipal. Por el momento no ha llegado ninguna notificación y llegado el caso, sacaríamos a subasta a la baja en qué entidades financieras mantendríamos las cuentas y depósitos.
Pero además, Ciudadanos ha presentado indiscriminadamente alegaciones con unos incrementos de gastos no cuantificados que en una primera valoración ascienden a varios centenares de millones. Se supone que quien está en la vida pública debería de saber el principio básico de que un presupuesto de gastos se ha de ajustar a los ingresos, cosa que al parecer, ignora el portavoz de la formación, Fernando Giner.
Sigamos con VOX. El partido de la derecha ha presentado 8 alegaciones. En este caso, con una coherencia estremecedora ya que son alegaciones que sí presentan propuestas de baja, de acuerdo con el programa político e ideológico de Vox. Basta leerlas para entender la ubicación ideológica de dicho partido, que proponen bajas siempre dirigidas a combatir sus demonios personales y que hace temblar a cualquier persona con mínima sensibilidad progresista y social. Plantean directamente dar de baja partidas como las de Cooperación Internacional y Migración.
Finalicemos con el Partido Popular. Los de María José Català solicitan un incremento de gastos de cerca de 11 millones de euros, en una primera estimación, al mismo tiempo que proponen una bajada de ingresos de casi 20 millones de euros. Es incomprensible que una portavoz que lleva tantos años en la vida pública incite a elaborar un presupuesto con semejante desequilibrio y que, como es lógico, estaría fuera de toda legalidad.
Empieza a ser preocupante la actitud del grupo popular, cuya portavoz es capaz de proponer desequilibrios presupuestarios de más de 30 millones de euros, o de votar en Les Corts Valencianes contra la posibilidad de contratación de policías locales interinos, mientras que en el Pleno del Ayuntamiento pide el incremento de efectivos de policías locales.
En conclusión, sólo la oposición ha registrado alegaciones: ocho de Vox, 31 desde el PP y cerca de 200 de Cs. Un cúmulo de ocurrencias a peso que ha sido imposible aceptar porque carecen de cuantificación, inducen a la ilegalidad o atentan contra el Estado de Bienestar y principios básicos de solidaridad y convivencia.
En cambio, las Ordenanzas Fiscales 2020 sí recogerán propuestas planteadas por colectivos profesionales y empresariales como bonificar el 95 por ciento del IBI a los comercios tradicionales y emblemáticos que forman parte de un catálogo, que está previsto ampliar para que más locales puedan acceder a las ayudas.
También tendrán bonificación del 95% todos los talleres o actividades de construcción de Fallas y similares, y se mantiene la misma bonificación del 95%, la máxima permitida, para las tierras agrícolas en explotación. Los espacios estables dedicados a las artes escénicas podrán acceder al 60%; se mantienen las que existen para los vehículos eléctricos y quedan exentos los vehículos históricos y los tractores, maquinaria, e inmuebles rústicos de “aperos” de uso agrícola.