En su comparecencia para explicar el proyecto de presupuestos de la Comunitat Valenciana, el conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, el vicepresidente Rubén Martínez Dalmau, señaló que su intención es incorporar 4.500 viviendas al parque público y rehabilitar 9.000 antes de terminar la legislatura.
Dalmau, que pertenece a Unides Podem, desgranó ante las Corts Valencianes su plan anual y a medio plazo, que pasa por invertir 93 millones en ampliación del parque público de vivienda, especialmente con actuaciones de rehabilitación. Concretamente, se destinarán 26 millones para adquisición de inmuebles y algo más de 62 millones para rehabilitar las ya existentes. El pilar de su acción es que el acceso a una vivienda digna es un derecho básico y la administración debe garantizarlo.
Pese a la buena voluntad del conseller y de su equipo, los departamentos que conforman Vivienda se topan con una dificultad tras otra. El parque público se encuentra en una situación lamentable, fruto de años de abandono de las políticas de vivienda; hay cerca de 1.200 pisos que han sido ocupados de forma irregular y las carencias de personal técnico son evidentes.
El Evha (Entitat Valenciana d'Habitatge), antiguo EIGE, heredó otros cabos sueltos en su fundación. La exconsellera socialista Maria José Salvador intentó agrupar los instrumentos públicos de vivienda en este ente, que aún así asumió restos de empresas públicas del PP. Así, se dan rarezas como que en el Evha hay personal del parque tecnológico de Riba-Roja, gestiona aparcamientos del centro de Valencia y tiene siete antenistas de la antigua Ràdiotelevisió Valenciana, pero ni un solo arquitecto para nuevas promociones de vivienda.
De hecho, desde la conselleria reconocen que, si todavía existe el departamento, lleva cuatro años vacío porque se paralizó en la anterior etapa. El galimatías administrativo que se ha ido formando con los años se suma a la falta de personal del Ejecutivo autonómico, que lleva toda la legislatura peleando por poder hacer contratos de técnicos que agilicen los procesos. Según explican fuentes del departamento, el Evha sólo tiene a una persona de servicios sociales que valora los casos de emergencia habitacional y apenas hay personal para hacerse cargo del registro de vivienda, que acumula 14.000 peticiones desde que se puso en marcha. La cifra, alarmante, tiene trampa: hay solicitudes duplicadas, de varios integrantes de la misma unidad familiar o de otras comunidades autónomas, pero requiere de revisión.
Con este panorama, el departamento ha optado por acelerar el procedimiento sin contemplar la construcción de forma directa. El plan del conseller para incrementar el parque público en un 30% en cuatro años pasa por las medidas previstas en la Ley de Función Social de la Vivienda, que contempla tres vías alternativas a la construcción: adquisición de nuevas viviendas a través de la compra directa, la cesión temporal por parte de particulares y los acuerdos con entidades financieras que tengan pisos vacíos. La normativa, que fue recurrida al Constitucional por el Gobierno de Rajoy, aún deja margen a la Generalitat Valenciana para interponer sanciones si los bancos no sacan al mercado sus pisos vacíos.
Dalmau y su equipo abogan por la rehabilitación del parque público, que hace apenas cuatro años se encontraba inhabitable. En el plan 'Fent Habitatge', el nombre que lleva el plan estratégico que contempla la ley, se contempla la rehabilitación de vivienda mediante los instrumentos propios, contratos externos para actuaciones de emergencia o a través de las cooperativas de suelo. El plan se encuentra en fase de redacción y se prevé lanzarlo a principios de 2020. Sin él, explican en conselleria, no se puede optar a financiación externa, lo que lastra su labor.
El departamento de Dalmau prevé integrar a 19 trabajadores a principios del próximo año para agilizar los procesos de tramitación y valoración. Según el diagnóstico de necesidades de vivienda elaborado por el Instituto Valenciano de Edificación, se requerirán 1.000 viviendas públicas anuales para abastecer a la población autonómica.
Modificar el criterio de desahucio
Otro de los problemas a los que debe hacer frente la Conselleria de Vivienda y que reconoció el propio Dalmau en su comparecencia es la ocupación de los inmuebles públicos. Según sus datos, hay cerca de 1.200 viviendas ocupadas en la Comunitat Valenciana, como consecuencia del abandono del parque público.
Para regularizar la situación de las personas que han ocupado una vivienda, el conseller prevé un aumento presupuestario. “Mientras que en 2019 estaban presupuestados un total de 320.000 euros, este año aumentaremos esta cantidad hasta los 650.000, un 71% más que servirá para el pago de las mensualidades de los inmuebles adquiridos a la entidad [bancaria] y para regularizar las personas que están ocupándolos”.
El conseller se refería a que en los paquetes de inmuebles que han negociado con las entidades financieras algunas viviendas están ocupadas y se va a buscar una solución a esta situación. El anuncio choca con la política de su antecesora socialista, Maria José Salvador, que aprobó un decreto por el que se analizaría la situación de las familias que hubieran ocupado una vivienda antes de 2015 y se procedería al desalojo de las posteriores.
El secretario autonómico de Vivienda y Función Social, César Jiménez, explica a eldiario.es que su departamento trabaja en un desarrollo normativo que modifice el decreto vigente. La norma del departamento de Salvador se considera “arbitraria” puesto que considera el año de la entrada en el poder de la izquierda como el punto de inflexión respecto a las ocupaciones y se establece una norma con carácter retroactivo.
El propósito, explica Jiménez, es regularizar en todos los casos, salvo en los que se causen molestias a los vecinos o se estén desarrollando actividades irregulares. “Si genera conflicto, no”, sentencia el secretario autonómico, que aboga por que su departamento sea “más garantista”. No obstante, matiza: “regularizar no significa que la persona se quede en esa casa, sino buscar una solución habitacional”. Muchos ocupantes, señala, están en viviendas que no cumplen condiciones de habitabilidad, conviven entre restos de muebles o no tienen ventanas. Y dejarlos fuera del sistema, o de nuevo en la calle, no resolvería el problema.