Banqueros, empresarios, altos cargos de la Generalitat y asesores del PP en las instituciones valencianas declararán en el juzgado por las supuestas irregularidades en la organización de la Fórmula 1 en Valencia, asunto en el que está imputado Francisco Camps, expresidente de la Generalitat. La justicia investiga supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en el asunto.
Entre otros, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido la comparecencia, en calidad de testigos, de José Luis Olivas, expresidente de Bancaja y Fernando Roig, propietario del Villarreal CF y otras empresas. Ambos declararán el lunes 11 de enero para abrir la tanda de testimonios. Bancaja y Roig eran parte capital en Valmor, la sociedad, creada ad hoc, a la que la Generalitat cedió la organización del gran premio de Fórmula 1.
Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Anticorrupción también quiere escuchar a varios altos cargos de la etapa del PP. Entre ellos, Eusebio Monzó (ex secretario autonómico de Hacienda y ex director de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana); Luis Lobón (ex secretario autonómico de Turismo y Proyectos Temáticos); Belén Reyero Aldama (Proyectos Temáticos); Pablo Landecho (ex jefe de gabinete de Camps); Nicolás Figueras (ex Director Sociedad Proyectos Temáticos).
En el caso además de Camps, está imputada la ex consellera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson, y el ex piloto Jorge Martínez Aspar, socio de Valmor, la empresa ungida por la administración valenciana para rentabilizar el circo de las cuatro ruedas. La Fórmula 1, sin embargo, lejos de ser el prometido maná supuso un quebranto de 300 millones de euros para una Administración con serios problemas económicos. No sólo eso: en una operación calificada de “insólita” y “pufo” en mentideros empresariales, la Generalitat compró por 99 céntimos (y los 34 millones de deuda que arrastraba) Valmor, una empresa que endosó así sus pérdidas por la Fórmula 1. En caso de haber obtenido beneficios, se los hubiera quedado. Al menos, jurídicamente podría haberlo hecho.
Valmor estaba participada por Bancaja, luego Bankia, Fernando Roig, y una sociedad propiedad de Aspar y Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino. La empresa fue deficitaria desde el primer momento. En contra de lo pactado, ni siquiera abonó el canon a la organización por el segundo gran premio, finalmente pagado por una empresa de la Generalitat.
El pacto implícito entre Valmor y Camps era claro, según denunció en su día la oposición. En caso de pérdidas, el gobierno valenciano saldría al rescate. En vez de dejar caer a Valmor, le pagó 34 millones –la asunción de sus deudas- y exoneró por escrito a sus administradores de cualquier responsabilidad judicial por su gestión. La oposición asegura que esa compra puede suponer delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos o societario.
El gobierno valenciano cree que se optó por el mal menor: se rescataba a Valmor o no se realizaba la prueba y, como penalización, se pagaba 71 millones de dólares (54 millones de euros al cambio actual) al patrón de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone. La oposición sostiene que la Generalitat podría haber organizado la prueba sin el concurso de Valmor, y la Fiscalía parece apoyar esta versión o al menos ha abierto una investigación penal para aclararlo.