La disputa entre representantes de Compromís y el PSPV en el Gobierno Valenciano ha vuelto a retrasar la aprobación del Anteproyecto de Ley de Función Pública. La reunión del jueves de representantes del segundo escalón del Ejecutivo eliminó del orden del día esta cuestión por discrepancias sobre el requisito lingüístico.
Justicia se niega a que el departamento de Política Lingüística, dependiente de la Conselleria de Educación, participe en la elaboración del decreto que regule el requisito. Según fuentes de la reunión, los representantes de Compromís plantearon varias propuestas y al ser todas rechazadas, impidieron que se llevara a pleno la propuesta del departamento Gabriela Bravo. El pacto, aseguran las mismas fuentes, incluye que la conselleria de Vicent Marzà tenga voz en el desarrollo reglamentario.
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, niega que exista “conflicto” y califica la cuestión de problema técnico. “No es un tema de fondo, es procedimental. Es una cuestión puramente técnica y estoy segura de que se solventará inminentemente”, ha expresado la portavoz en la rueda de prensa posterior al pleno.
El Ejecutivo, ha expresado su portavoz, está de acuerdo en lo fundamental. “Lo prioritario y fundamental es garantizar el derecho a relacionarse con la administración en la lengua cooficial de su elección”.