La imputación de la vicepresidenta Mónica Oltra por la gestión en su conselleria de los abusos por parte de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana ha tensado la relación entre el PSPV-PSOE y Compromís en el seno del Ejecutivo autonómico a un año de las elecciones autonómicas. Como trasfondo, la conveniencia de que un cargo público dimita o no cuando es imputado. La formación valencianista ha avalado sin fisuras a Oltra —aunque con significativos silencios, como el del exconseller y peso pesado de Compromís Vicent Marzà— mientras que el presidente Ximo Puig ha planteado a las tres fuerzas que conforman el Pacte del Botànic (el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem) abrir una “reflexión colectiva” tras el auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) que ve “indicios plurales” de una supuesta maniobra de Mónica Oltra para “beneficiar la situación procesal” de su exmarido, condenado por abusos a la menor tutelada, o para “proteger” su propia carrera política. Los socialistas no han ocultado su perplejidad por la inquietante deriva judicial de la número dos del Gobierno valenciano, a la que solo el presidente Ximo Puig podría apartar del puesto.
Sin embargo, el PSPV-PSOE cuenta con un antecedente que cuestiona la dimisión de un aforado tras su imputación por el TSJ-CV. El entonces portavoz socialista en las Corts Valencianes, Ángel Luna, fue investigado en 2010, procesado, llevado a juicio ante la Sala de lo Civil y Penal tras una denuncia del PP y finalmente absuelto en 2011 por un supuesto delito de encubrimiento al haber exhibido en sede parlamentaria un informe policial del 'caso Gürtel' que estaba bajo secreto de sumario.
La sentencia de la Sala, formada por la presidenta del TSJ-CV, Pilar de la Oliva y los magistrados José Flors y Juan Climent, consideraba que existían elementos probatorios que permitieran afirmar la “concreta finalidad de impedir el descubrimiento del delito que el tipo penal por el que se acusa exige”.
Si bien el informe policial, bajo secreto de sumario, ya había sido publicado en varios medios de comunicación, el socialista Ángel Luna lo exhibió en la cámara autonómica durante un debate parlamentario celebrado el 24 de marzo del 2010, con Francisco Camps aún de presidente. Luna alegó que desconocía quién le hizo llegar el documento. El PSPV-PSOE, en el contexto de la instrucción del 'caso Gürtel', que afectaba de lleno al PP valenciano, apoyó a su portavoz parlamentario, que acabó sentándose en el banquillo de los acusados.
La petición de la Fiscalía
En el caso de Ángel Luna, la Fiscalía pedía la libre absolución mientras que en la causa que afecta a Mónica Oltra el Ministerio Público considera, en un contundente escrito, que los hechos atribuidos a la vicepresidenta podrían ser constitutivos de los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos.
Luna, que en la actualidad es Síndic de Greuges, institución que equivale a un Defensor del Pueblo valenciano, también se libró de una querella del PP a cuenta de las obras de reforma en su vivienda por parte del constructor Enrique Ortiz, uno de los principales protagonistas del 'caso Brugal' del que el portavoz socialista había sido abogado. Una semana después de que el político socialista declarara ante el juez Juan Climent, el TSJ-CV dictó un auto de sobreseimiento libre y archivo de la causa en el que asumía la tesis de la Fiscalía de que el supuesto cohecho estaba, en todo caso, prescrito.