- La vicepresidenta del Consell asegura tras la sentencia de Fitur y las confesiones de nueve empresarios que “la financiación ilegal del PP deja de ser presunta” y que el Ejecutivo “trabajará para recuperar hasta el último céntimo”
La primera sentencia valenciana de la trama Gürtel promete ser un terremoto político para el PP. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha cargado directamente contra el presidente del Gobierno: “Mariano Rajoy se ha aprovechado de la corrupción para ser candidato”, ha aseverado.
Oltra ha valorado así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) que condena a nueve años de cárcel a la exconsellera del PP y expresidenta de las Corts Milagrosa Martínez por amañar contratos de la Feria de Turismo (Fitur) en favor de la trama Gürtel, así como la confesión de nueve empresarios que han admitido haber financiado ilegalmente al PPCV en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008.
Mariano Rajoy fue elegido candidato a la presidencia del Gobierno en el congreso que el partido celebró en Feria Valencia en 2008, por el que aún debe más de 500.000 euros. Es en este periodo en el que los empresarios admiten haber financiado ilegalmente al partido, por lo que la vicepresidenta considera que “toda la estructura del PP se vio beneficiada por una trama corrupta”, incluido Rajoy “para mantenerse en el Gobierno”.
“Políticamente, la lectura es que hay un partido que se ha beneficiado de la corrupción”, que “ha roto las reglas del juego a la hora de ir a las elecciones, ha acudido dopado”, ha denunciado la dirigente. A la portavoz del Ejecutivo autonómico le produce “vergüenza que en esta comunidad se haya instalado una trama de corrupción” y que los cinco millones que Orange Market facturó a Fitur “se podrían haber invertido en escuelas, centros de salud, medicamentos...”. “Se han pegado la vida padre a costa del sufrimiento de la gente”, ha señalado.
Asimismo, ha asegurado que el Consell trabajará para recuperar “hasta el último céntimo”, empezando por los más de 200.000 euros que los condenados tendrán que devolver a las arcas públicas.