21 años después

En los diarios oficiales de las comunidades autónomas o en los boletines oficiales de los Estados suele venir siempre información interesante: nueva legislación, oposiciones o notificaciones, entre otros documentos públicos. Los que estudiamos derecho siempre hemos tenido al BOE como ese fiel amigo al que acudes, bien para que te dé una buena noticia, bien para que obligue a revisar tus conocimientos al haberse reformado una norma.

Recuerdo, cuando estaba en plena redacción de mi tesis, que acudía al BOE para revisar la normativa que se había aprobado durante el último Consejo de Ministros que, en aquella época, se celebraba los viernes, los viernes de dolores. Los llamaba así porque cada sábado se publicaba un nuevo recorte de nuestra dignidad, un nuevo golpe a la base de nuestro Estado social y democrático de derecho, un puñetazo a la cara de la justicia social. Mientras redactaba la tesis, sobre la aplicación de la Carta Social Europea en nuestro ordenamiento constitucional, veía cómo la pobreza crecía, el paro aumentaba, el número de personas abocadas a un negro destino se multiplicaba por miles, y nuestros gobernantes no paraban de proclamar que los recortes se efectuaban por nuestro bien, por el bien de la nación, por evitar que llegara una debacle económica, un rescate que, finalmente, llegó. Y yo leía y estudiaba el capítulo tercero del Título I de nuestra Constitución, donde se recogen lo que debieron ser derechos y se quedaron en principios, lo que debería haber garantizado nuestra dignidad como seres humanos y no son más que brindis al sol. La Carta Social Europea, en su versión original, era lo opuesto a ese capítulo tercero, un elenco de derechos que en España eran ninguneados o aplicados de forma tímida, con el argumento de su coste económico y amparados los distintos gobiernos en un sistema de informes que suponía un mero “quedar bien” ante el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa. Un elenco de derechos que, pese a lo dispuesto en el art. 96 de nuestra Constitución, los gobiernos de turno obviaban sin el menor atisbo de vergüenza, negándonos a los ciudadanos un pedazo de dignidad que nos correspondía por derecho, de iure que se dice en este mundo; los que hoy se dicen constitucionalistas, olvidaban una parte esencial de nuestra Constitución, sacando únicamente a pasear la unidad de la nación, como si eso diera de comer.

Finalmente, hoy, día 11 de junio, me he asomado al BOE y he llorado de alegría. Finalmente, hoy, no valdrá ampararse en falsos argumentos baratos que propugnan un coste inasumible para no garantizar la dignidad de muchas personas. Finalmente, hoy, nuestro país, más de 40 años después de proclamarse como Estado social y democrático de derecho, y 21 años después de firmar, a desgana, la Carta Social Europea revisada, el BOE publica su ratificación y la adhesión al protocolo sobre reclamaciones colectivas. Posiblemente, si tras la firma en el año 2000, hubiésemos hecho bien los deberes y se hubiese ratificado a continuación, y, además, se hubiese aceptado el protocolo sobre reclamaciones colectivas, no estaríamos, quizás, lamentándonos de tasas de pobreza insoportables, de desahucios, de trabajadores humillados y sometidos a condiciones inhumanas, de un Banco de España que afirma que la subida del SMI ha destruido puestos de trabajo, de voceros con representación pública que clasifican a las personas según su origen y status social, de una horda de personas que, cobijados tras una bandera, sacan a pasear una Constitución que ni tan siquiera han leído.

Ahora empieza un nuevo episodio, con muchas tareas por delante. La más importante es la de ser conscientes de nuestros derechos, conocerlos, ejercerlos y, sobre todo, reivindicarlos; debemos ser una ciudadanía educada en derechos, participativa y exigente. La Carta Social Europea es la verdadera Constitución social de Europa. La obra de muchos juristas que han reivindicado su validez jurídica, su valor esencial en nuestro ordenamiento no puede decaer. Ante nuestras manos tenemos una herramienta fundamental para exigir y luchar por nuestra dignidad, seamos quienes seamos, mujeres, extranjeros, trabajadores o ancianos. El Estado social y democrático de derecho tiene ahora una nueva base, más sólida, pero depende de nosotros que se respete y se cumpla con lo dispuesto en la Carta Social Europea revisada. Desde aquí les ruego que se la lean, que la hagan suya, porque eso es ser ciudadanos, porque eso es pensar en el bien común, porque eso es el fundamento real de un Estado de derecho. 21 años después España está de enhorabuena: más Carta Social Europea, más dignidad, más derechos sociales y constitucionalismo del bueno.