Este año viene marcado por la crisis sanitaria COVID 19, que ha provocado tanto, un descenso en las cifras de población activa en la Comunidad Valenciana en un 2.6%, -similares a las del conjunto del estado español-, como de accidentes de trabajo con baja en jornada laboral en un 21%, en el periodo que va de enero a septiembre con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Por otra parte, si tomamos como referencia el índice de incidencia, que es el valor que relaciona el número de accidentes con el número medio de personas expuestas al riesgo en un periodo de referencia, comprobamos que en la Comunitat estamos un punto por debajo de la media nacional y a un 19,6% respecto al año anterior.
Y aunque parezca que debemos felicitarnos por estos descensos en las cifras de siniestralidad, hay que señalar que este año 46 personas han perdido la vida por el mero hecho de ir a trabajar, un 7% más que en mismo periodo del año 2019 a pesar de la reducción de actividad laboral.
Además, cuando seguimos analizando los datos, resulta paradójico observar un descenso en los accidentes de trabajo graves en un 17%, una tendencia que no parece muy creíble atendiendo a la teoría de la proporcionalidad que establece la pirámide de BIRD, aun vigente y por la cual por cada accidente de trabajo con resultado de muerte o lesión invalidante se presentan 10 accidentes graves, 30 leves y 600 incidentes o accidentes blancos, que no provocan daños pero que nos ponen sobre aviso del peligro potencial que existe y si estudiamos sus causas, una información muy valiosa sobre las medidas preventivas a implantar en la empresa.
¿Qué es entonces lo que está ocurriendo? Se puede sospechar que pudiéramos estar ante una infradeclaración de los accidentes de trabajo por parte de las empresas ante la posibilidad de verse sometidas a un mayor control de su gestión preventiva por parte de las administraciones públicas competentes, como son los planes de actuación contra la siniestralidad laboral desarrollados desde el INVASSAT; Consensuados por los agentes económicos y sociales en su Consejo General y dirigido a empresas con alto índice de incidencia y/o gravedad.
Por ello desde UGT hemos iniciado una campaña de sensibilización y denuncia en redes y medios de comunicación, contra la siniestralidad laboral bajo el hashtag # NI UNA MUERTE MÁS, exigiendo el cumplimiento por parte de las empresas de la normativa en prevención de riesgos laborales, y reivindicando unas condiciones de trabajo dignas, ya que el binomio precariedad y siniestralidad es evidente.
Debemos avanzar en la puesta en marcha de los acuerdos suscritos el pasado mes de julio en la mesa de diálogo social, y que pasan por incrementar los recursos humanos del INVASSAT, implantar la figura del delegado y delegada de prevención territorial para aquellas empresas en donde por su tamaño no disponen de representación sindical, ya que podemos afirmar que las empresas que tienen delegados y delegadas de prevención presentan mejores condiciones de trabajo. Avanzar en la definición de la nueva estrategia de seguridad y bienestar laboral, entre otras, todo ello para acabar con esta pandemia que no cesa, ni una muerte más y encarar el nuevo año con mejores perspectivas en cuanto a la reducción de accidentes laborales.