La distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones, con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales, se conoce como posverdad. Es una herramienta muy efectiva utilizada en una campaña electoral. En su uso se basó gran parte del éxito de Donald Trump en las presidenciales de EEUU en 2016. Nuevamente, en 2024, Trump evidencia que sus posibilidades de volver a la presidencia pasan por el uso masivo de la mentira emotiva.
Posiblemente, eso mismo es lo que pensó Aznar en 2004, en los días previos a la votación, respecto de las probabilidades con las que contaba M. Rajoy para ganar las elecciones generales. Aznar fue el primer líder político, no sólo en España, que apostó el resultado de unas elecciones a la utilización de la posverdad. Sólo la información difundida por algunos medios de comunicación, que en aquellos terribles días de marzo de 2004 desmentían al gobierno y aportaban datos que señalaban como responsables del mayor atentado de la historia de España a yihadistas de Al Qaeda, y la reacción de la ciudadanía en forma de multitudinarias manifestaciones en las calles exigiendo información veraz, impidieron que lograra su objetivo.
Las teorías de la conspiración, que siempre han existido, con la irrupción de la posverdad, adquieren un alcance y frecuencia de uso extraordinario. Al no ser necesario fundamentar lo que se afirma, junto a la facilidad para multiplicar su alcance que ofrecen las redes sociales, el resultado es que la velocidad de su replicado alcanza la condición de viral. Una de estas teorías es clave para explicar el avance de la ultraderecha en casi toda la Unión Europea - empiezo estas líneas en el mismo momento en que se han dado a conocer los resultados de las elecciones generales en Austria, que ha ganado el FPÖ, un partido de corte neonazi, con el 29% de los votos -. Me refiero a la teoría del Gran Reemplazo que sostiene la existencia de un complot para sustituir a la población “blanca y cristiana” en todo Occidente. Según los resultados del barómetro de LaSexta, correspondientes al pasado mes de septiembre y publicados el 4 de octubre 2024, un 34,6% de la población en España cree que hay un plan de sustitución migratoria.
¿Cómo teorías tan burdas consiguen tanto eco social como para explicar parte del avance de la ultraderecha en todo un continente? La banalización de la mentira hace que creer en algo que parece descabellado ya no produzca pérdida de crédito social. No es necesario fundamentar sólidamente nada, basta con creer firmemente en ello. El sentimiento sustituye como criterio de veracidad a la razón.
Así, también el conocimiento científico se convierte en materia de opinión. Que el 99% de los y las científicas que investigan en el campo del cambio climático coincidan en afirmar que estamos viviendo una modificación extraordinariamente acelerada de las condiciones físicas que determinan el clima global, hoy lo puede cuestionar cualquier cuñado. Tendrá su coro que le escuche y le secunde cuando niegue la existencia del cambio climático o del incremento de la concentración de gases de efecto invernadero debido a la acción antrópica. Le jalearán incluso cuando diga que la agenda 2030 de las Naciones Unidas (un plan de acción a favor de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la justicia) es un plan diabólico. Da igual que no conozcan de qué están hablando. Lo importante son las sensaciones.
Quienes sí saben de qué están hablando son los líderes de opinión, y de los partidos, que emiten esas mismas afirmaciones sin base científica. Hablan pensando en sus cuentas corrientes y en los incrementos logarítmicos de éstas (dígase el eurodiputado ultra español que cobró 100.000 euros por hacer de lobista…y eso solo en su primer mes). La banalización del mal hoy consiste en negar lo evidente sin importar las consecuencias, por graves que éstas sean. Trump, sus imitadores, y quienes les siguen, niegan el genocidio del pueblo palestino; niegan la Emergencia Climática; niegan que el neoliberalismo esté arruinando la posibilidad de tener una vida digna a toda una generación y, en su lugar, señalan como chivo expiatorio a las personas migrantes.
No es casual que los mismos que apoyan a quiénes cometen el genocidio del pueblo palestino y criminalizan a las personas migrantes, nieguen la Emergencia Climática y la necesidad de tomar medidas que eviten dramas humanitarios de alcance continental. Detrás hay un mismo patrón de comportamiento: la absoluta desconexión con el dolor que no sea el de uno mismo. Se basan en la delirante suposición de que uno solo puede salvarse y, por tanto, es innecesaria toda forma de solidaridad. Los ultras, hoy, incluso cuando forman masas, lo hacen como agregación de individualidades. Es el resultado de la enorme influencia que ha logrado el neoliberalismo, cuyo elemento central es el egoísmo desmedido, que ha permeado a las ultraderechas hasta generar partidos que incorporan el turbocapitalismo al ideario estatalista propio del neofascismo.
El neoliberalismo a escala planeta, como el que impulsaba la Organización Mundial del Comercio a principios de este siglo, puede que esté en retroceso. Pero, el dogma neoliberal, dentro de los diferentes bloques económicos regionales y de cada país, en la mayoría de los estados de Occidente, sigue plenamente vigente, influyendo en un abanico ideológico tan amplio, desde la socialdemocracia a los ultras, que ha devenido en hegemónico. Trump considera comunista la idea de que los servicios sanitarios, de calidad y gratuitos, lleguen a toda la población. Lo mismo piensan Abascal, Le Pen, Orban…autócratas aparentemente muy diferentes entre ellos coinciden en sus fobias. Posiblemente, porque no son tan diferentes. En consecuencia, no es extraño que se haya constituido una poderosa internacional de la extrema derecha con casi todos ellos.
Frente a la cada vez mayor conexión y organización internacional de las extremas derechas, por el contrario, las democracias más avanzadas están, cada día un poco más, retrocediendo en su acción conjunta en la defensa de los valores en los que se basan los Derechos Humanos Universales. Lo vemos desde hace una década en cómo se ha endurecido el acogimiento de las personas migrantes. Es un sálvese quien pueda, aplicado a los estados, que no acabará bien. Los problemas decisivos a los que hay que hacer frente no son resolubles en el marco, solo, de cada estado. Ni la Emergencia Climática, ni el acogimiento de las personas migrantes, ni la seguridad, la justicia y la paz global pueden ser abordadas con buenos resultados por ningún estado en solitario.
El ecologismo político, al tener como punto de partida - desde Georgescu-Roegen a Donella Meadows – la concepción del planeta como un único todo interrelacionado, es una respuesta global basada en la justicia social y el equilibrio con el conjunto de los ecosistemas, con el objetivo de garantizar una vida digna en el presente donde el bienestar de unas personas no se consiga a costa unas de otras ni de las siguientes generaciones.
Las generaciones más jóvenes se encuentran con que sus vidas han sido hipotecadas por las decisiones que han tomado, y siguen tomando, otros. Las élites económicas, en todo el planeta, están actuando como sociópatas instalados en un carpe diem terminal antes de coger el cohete de SpaceX camino de una estación espacial como aquella de la notable película de Christopher Nolan, Interstellar. Olvidan que eso pasaba en una película.
Propuestas culturales aparentemente sensibilizadas con la emergencia medioambiental, como Interstellar, tienen, en realidad, efectos paralizantes dado que se insertan en un contexto de nihilismo creciente. No podemos conocer con que intención escribió su película Christopher Nolan, pero si concibió el resultado como esperanzador en alguna medida, no lo es en absoluto. Más bien la podemos interpretar como una consecuencia de la pérdida de confianza en lo sistémico - la película es de 2014 - que nos envuelve tras el estallido de la burbuja inmobiliaria global en 2008, que desveló la tramoya tras la que se esconden los trucos que maquillan un sistema económico, el turbocapitalismo, lleno de trampas, que ya no se sostiene.
Ni el pesimismo, ni tampoco el optimismo mueven hoy a la acción. Como bien describe en su último libro Byung-Chul Han, el optimista es cortoplacista y con facilidad se siente defraudado. Además, desde Voltaire, el optimismo tiene poco prestigio en la Europa construida a partir de la Ilustración. La alternativa, nos recuerda Han, pasa por recuperar la esperanza. Añadiría que la esperanza requiere de un propósito. Y que tener un propósito es el antídoto más eficaz ante el nihilismo inducido como forma de conducirnos al abatimiento. Un pueblo desmoralizado no lucha.
La cosmogonía aún hoy dominante tiene en Hayek a su profeta neoliberal más influyente – referente de la escuela económica austriaca y de las políticas de Thatcher - que defendía que la ideología era lo más importante en la economía. Qué Hayek sea continuamente reivindicado por personajes como Milei, que decide la política económica de Argentina en conversaciones con su perro muerto, tiene su lógica en alguien que practica el necrocapitalismo, ¿qué nombre sino debe aplicarse a modelos económicos que retiran los tratamientos a las personas enfermas de cáncer?
La llegada al poder de propuestas e individuos que merecen la aplicación del código penal es, en parte, el resultado de presentar la realidad y los problemas que la atraviesan como inabordables. El siguiente paso es vender que solo quedan las salidas desesperadas o directamente, criminales. La posverdad crea monstruos.
Los problemas de Argentina no son inabordables, casi nada lo es. Los problemas complejos, si se quieren resolver, se abordan desagregándolos. Un problema de gran complejidad se subdivide en muchos pequeños. Éstos, al ser de menor escala, pueden ser más fácilmente resueltos. Una vez resueltos, se integran y así se obtiene la respuesta al problema mayor que parecía imposible resolver.
Veamos un ejemplo. El principal problema que afecta a la juventud del País Valenciano es la vivienda. Si hacemos extrapolación de los datos del último CIS, hasta un 85% ve comprometida la posibilidad de alcanzar una vida digna debido al coste de alquilar, o comprar, un lugar donde poder emanciparse. Si escuchamos a la ministra de vivienda, el problema parece de dimensiones imposibles de abordar, tanto que fía parte de la solución al buen corazón de los arrendadores. Otra sobredosis de pensamiento mágico.
La ministra debería dimitir al igual que los responsables autonómicos en vivienda, si no tienen un conjunto eficaz de medidas que proponer. Es un problema irresoluble sólo si no se tiene el valor de hacer un diagnóstico claro y actuar en consecuencia. Con un bien de primera necesidad no se debe especular ni legislar amparando la especulación. La propiedad privada no debería ser un derecho por encima del de todas las personas a tener una vida digna. En España, además, tampoco se puede señalar como responsables del alza de los precios a quienes tienen dos viviendas en propiedad.
Veamos los datos: 737 empresas y holdings privados acumulan al menos 50 viviendas alquiladas y suman más de 178.000 alquileres. Es el 10% de los 1,8 millones de hogares en régimen de alquiler en España. Los propietarios de 3 o más viviendas representan el 2,4% de la población española. La valenciana es la segunda autonomía con mayor número de propietarios de 5 o más viviendas, un 0,5% de la población. Esas 25.000 personas poseen más de 125.000 viviendas.
Las administraciones públicas sumaban, en todo el estado, en 2023, tan solo 117.800 viviendas alquiladas. La inversión en vivienda pública es la única partida presupuestaria que ha descendido en cifras absolutas en las dos últimas décadas. En 2006 se construyeron casi 100.000 viviendas protegidas en España. En 2018, la cifra había caído hasta poco más de 10.000. Entre los años 2017 y 2023, en total se produjeron 56.243 viviendas protegidas: pocas más de las que en un solo año, 2012, se construyeron, que fueron 53.000.
Hay soluciones. Una de ellas, fundamental, está en la política fiscal. Tiene por objetivo la redistribución y la justicia social. El precio de la vivienda en compra viene determinado por el precio de los alquileres. Si, en el País Valencià, las más de 60.000 viviendas (contando solo las legalizadas) dedicadas a uso turísticos se destinaran a alquiler de larga duración, los precios bajarían en su conjunto (alquiler y compra). Si, al mismo tiempo, se ponen en marcha planes de construcción de vivienda social, y se acota la especulación que mantiene solares y viviendas sin rehabilitar en nuestras ciudades, los precios bajarían más.
Y si recordamos el programa de la ecología política, rehabilitar viviendas es, también, una forma de luchar contra la pobreza energética. Recuperar la vida de barrio legislando a favor del pequeño comercio no franquiciado que ha sido desalojado por grandes cadenas y multinacionales y para que haya viviendas donde ahora hay bajos turísticos, es reducir desplazamientos y, por tanto, menos costes personales y ambientales; mejorar el transporte público para que fuera real la València metropolitana es multiplicar las opciones donde vivir. Son demasiados beneficios sociales cruzados como para que no sean una prioridad en los presupuestos públicos. Y sí es posible: mediante políticas fiscales haremos que las multinacionales de la especulación inmobiliaria busquen otro lugar donde extraer rentas expoliadoras.
Igualmente, si sacamos la enorme componente de especulación financiera que hay en el necesario proceso de transición energética, sería mucho más fácil conciliar territorio y renovables. Solo se resentirían los beneficios del oligopolio energético, que alcanzan cifras indecentes. ¿Por qué no se hace? Solo hay que mirar el número de exministros y exministras que integran los consejos de administración de las energéticas españolas para pensar en posibles explicaciones.
Hay que abordar de forma inmediata, y sin abandonar (todo lo contrario) las políticas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, que gran parte de las inversiones públicas deben ir dirigidas a la inevitable adaptación a los cambios que se van a producir en el territorio y en nuestras vidas al modificarse el clima. Debe prevalecer la justicia social, no debemos permitir que los impactos se concentren en quienes menos pueden defenderse. No habrá estado que pueda sustraerse a las consecuencias del malestar social si no hay equidad a la hora de afrontar los costes y su reparación. El ecologismo hoy, ante todo, es justicia social. Prever los efectos del cambio climático en nuestras vidas, y hacerles frente equitativamente, es uno de los mayores y más necesarios actos de justicia social que se deben llevar a cabo desde hoy mismo.
No existen los problemas inabordables. Todos se pueden encarar, y minimizar sus efectos cuando no se puedan corregir. Lo que sí existen son los intereses creados. Y el esfuerzo de los poderes económicos por desanimarnos y no emprender luchas. La forma más eficaz de derrotar a la extrema derecha será enfrentar con decisión los problemas y poner límite a los poderes económicos. No es cierto que las autocracias sean más eficaces que las democracias: hay cuestiones clave como los flujos de información o la evaluación crítica de los procesos, que son más opacos en las sociedades no democráticas. Los problemas complejos requieren, para ser encarados, de una coherente planificación a largo plazo. Conseguir esos acuerdos de largo recorrido es posible: pero sólo si hay una total transparencia y se implica y se trata a la ciudadanía como a personas adultas. Menos paternalismo, menos personas providenciales y mucha más ciudadanía consciente e implicada es la forma en que podemos, y vamos a conseguir, derrotar a los monstruos de la posverdad.