Ayuso, la libertad y el recibo de la luz

Decía Carl Sagan, un divulgador científico de alcance global, en un momento en que aún los había capaces de llegar a una mayoría de personas en Occidente, que “si la Humanidad hubiera progresado de manera lineal desde la civilización micénica, hace mil años que habríamos llegado a la Luna”. También, podríamos objetar que es posible que hiciera mil años que hubiéramos hecho de la Tierra un lugar inhabitable. La cuestión no radica tanto en qué grado de desarrollo tecnológico podríamos haber llegado a alcanzar sino qué beneficios sociales genera ese progreso. El rápido desarrollo de las vacunas para poder hacer frente al Covid-19 lleva a pensar cuánto se podría haber avanzado en la investigación frente a otras enfermedades si hubiera habido inversión suficiente en investigación. Igualmente, ante la Emergencia Climática, cabe preguntarse cuánto podría haberse avanzado si hubiera habido una respuesta decidida desde el mismo momento en que, en la comunidad científica, hubo suficiente consenso para establecer el origen antrópico del Cambio Climático y los riesgos derivados. No parece que hayamos aprendido mucho: mientras los científicos insisten en la necesidad de vacunar a la totalidad de la población mundial a la mayor velocidad que permiten todos los recursos disponibles, los seres humanos nos hemos convertido en el reservorio del virus. A pesar de los 18 meses transcurridos, la OMS no ha avanzado hacia lo que hubiera sido necesario: convertirse en un órgano de gobernanza global en Salud Pública con capacidad para decidir acciones concretas y masivas. La solidaridad y la justicia social son la mejor inversión para la inmensa mayoría de la población mundial y, sin embargo, hay un déficit de nuevas capacidades en las instituciones de gobernanza global, más allá de las que tienen por objetivo impulsar el comercio.

Lynn Margulis no es tan conocida como quien fue su pareja, Carl Sagan. En cambio, hizo una de las contribuciones básicas en el siglo XX en el campo de la Biología, impulsando la Endosimbiosis o Simbiogénesis, que hace de la cooperación entre organismos un elemento tan fundamental como la competencia para la evolución de las especies. El hecho de que pocas personas de mi generación en Occidente sepan quien fue Margulis y, sin embargo, la mayoría sí conozcan a Sagan, y que, al mismo tiempo, esas mismas personas conozcan la teoría de Darwin y no la de Margulis, describe dónde y en quiénes radicaba -y radica- el poder en Occidente.

Ayuso no sabemos si conoce a Sagan. Desde luego, ignora a Margulis. Sí sabemos que comparte la visión neoliberal de la competición entre individuos. Y que llama libertad a la lucha pura y dura y a que gane el más fuerte, que suele ser el más rico. Un ejemplo de cómo entiende la libertad el “ultraneoliberalismo” es como se ha llegado al precio de la electricidad que hoy se ha anunciado será modificado, por vía rebaja del IVA a particulares con una potencia contratada de hasta 6kw o PYMEs con hasta 15kw. Como el coste de la factura no es homogéneo en la UE, veamos los elementos diferenciales que se dan en España.

El Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones monetarias entre los hogares españoles, en su cuarto informe, recoge como, para los hogares españoles en 2017, los impuestos directos representaban un 62,62% del total, y los indirectos, el 37,38%. Sin embargo, advertía que en los dos primeros quintiles el peso relativo de los impuestos indirectos era mayor que el de los directos. Es decir, el 40% de la población con menos ingreso es penalizada por el carácter regresivo los tipos más altos del IVA cuando éste es aplicado a los bienes y servicios de primera necesidad. El carácter progresivo y redistribuidor que debe tener un sistema impositivo no solo no se cumple, sino que se carga el esfuerzo sobre las personas más vulnerables. Eso ocurre mientras la presión fiscal en España se situó en 2019 en el 35,4%, seis puntos por debajo de la media del 41,1% de la UE y del 41,6% de la zona euro, de acuerdo con lo publicado por Eurostat. España fue el séptimo país con menor presión fiscal de la eurozona en 2019, pero tiene aún, cuando escribo estas líneas, el tipo de IVA más alto de la UE aplicado a la factura eléctrica.

Mientras, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, en un informe del pasado 2020, cuantificó en 4.100 millones el importe de las bonificaciones y exenciones fiscales que aplica la Comunidad de Madrid. Mucho más que el ahorro de unos 1.700 millones de euros que según los cálculos de Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, supondrá la anunciada bajada del IVA para los pequeños consumidores. No es casual, pues, que 400 de las 600 personas más ricas del Estado tengan su residencia en la comunidad madrileña. Ayuso puede continuar con el dumping fiscal porque ella puede pagárselo (y le sobra para unas cañas). Su barra libre para el 1% más rico le sale gratis porque, directa o indirectamente, la pagamos todos los demás. Desde la perspectiva de quienes hemos seguido con atención la vida política y económica valenciana durante los gobiernos del PP, el perfil de Ayuso recuerda a otros descritos en la novela de Ferran Torrent, “Societat Limitada”, donde quedó bien reflejado qué es y qué significa el neoliberalismo en la política. En ese sentido, con Ayuso, no hay nada nuevo bajo el sol. Es más de lo mismo. Y no es este el peor de los tiempos. Recuerdo el impacto que, hace casi tres décadas, en 1992, me causó leer loas a Gary S. Becker, a la Escuela de Chicago (principal think tank del neoliberalismo), y a todos sus premios nobel en alguna biblia del progresismo. Y al valor del Banco de Suecia por premiarles. Ciertamente, ahora sería más difícil. Algo hemos avanzado, porque el dominio del pensamiento económico de los discípulos de Hayek, hasta hace una década, era abrumador.

Un documento de la OCDE de 25 abril de 2018 (Prag, A., D. Röttgers e I. Scherrer (2018), “State-Property Enterprises and the Low-Carbon Transition”, OECD Environment Working Papers) recogía que España era el segundo estado, de los treinta y ocho que conforman la organización que reúne de los países más desarrollados, con menor peso público en la generación de electricidad. Y no era el último sólo porque la Troika (CE, FMI, BCE) impuso a Portugal draconianas condiciones para su rescate en 2011, durante la crisis financiera global que empezó en 2008, que conllevaron la venta de la participación estatal en la empresa pública Energías de Portugal. En el entorno más próximo, en la UE, solo España y Portugal son los únicos estados que no tienen una gran empresa de propiedad pública en el ámbito de la generación de electricidad estatal o autonómico. Ese mismo año 2011, el expresidente Aznar fue contratado para labores de asesoramiento por Endesa con unas retribuciones de 200.000 euros anuales. Unos pocos meses antes, en 2010, el expresidente González había sido contratado por Gas Natural Fenosa por 127.000 euros anuales.

El proceso privatizador, iniciado en los gobiernos de González y culminado en los de Aznar, fue especialmente intenso. El peso del sector público en el mercado bursátil al inicio del proceso privatizador era del 16,64% en 1992. Siete años después, había bajado al 0,34% en 1999, estando hoy en los tres últimos lugares en la UE. El cumplimiento de los acuerdos de Maastricht fue la coartada. La excusa era el incremento de la competencia y el fin de los monopolios y oligopolios y la mejora de servicios y precios. La realidad es que, tras el camuflaje léxico, mediante la entonces atractiva etiqueta de liberalización, estamos sufriendo las consecuencias de que los monopolios u oligopolios públicos se hayan convertido en privados.

Lo que cabe preguntarse es qué aporta un cargo público no experto en el mercado eléctrico o en la generación de energía para ser contratado por el sector. Es difícil no pensar en que la explicación de los precios de la electricidad en España reside en un conjunto de factores en los que son determinantes las decisiones tomadas desde el gobierno central: el sistema de fijación de precios marginalista que genera beneficios indebidos para las eléctricas españolas; la carga impositiva, la insuficiente penetración de las energías de menores costes, las renovables limpias. Y la situación de oligopolio que se mantuvo tras los procesos de privatización. El resultado, en todo caso, es que los beneficios de Iberdrola y Endesa sumaron 5.004 millones de euros en 2020, con un incremento del 36% respecto a 2019, en un año que la mayoría de los sectores económicos vieron reducidos sus beneficios o entraron en pérdidas.

Según los datos de Eurostat, España fue durante el 2º semestre de 2020 el séptimo país con el precio de la electricidad más barato para las electrointensivas (las industrias altamente dependientes de la electricidad). En cambio, para los pequeños consumidores, tanto como pymes, el precio es el quinto más alto de la UE, tras Dinamarca, Alemania, Bélgica e Irlanda. Los pequeños consumidores en España pagan la electricidad más cara que en el resto de UE, mientras los grandes consumidores pagan precios de la electricidad más baratos que en nuestro entorno.

Hay mucho trabajo que hacer para revertir esta situación. Existen alternativas. Eso sí, requieren determinación y valentía. Por una parte, hay pendiente desde 1978 una reforma fiscal que nos dote de un sistema impositivo realmente progresivo y homologable con el entorno de la UE. Los ingresos, claramente insuficientes aún, para sostener nuestros servicios públicos se ven aún más deteriorados por el dumping (como el que practica la Comunidad de Madrid) y el elevado fraude fiscal lo que influye, también, en que el recibo de la luz sea más caro. Por otra, hay que modificar la metodología actual de fijación de precios, tanto para evitar el exceso de retribución que reciben las compañías energéticas por costes que no tienen, como porque está pensada para una estructura de generación eléctrica distinta a la actual y futura, donde las renovables tienen un peso cada vez mayor y ayudan a reducir costes. Reducir el IVA del 21% al 10% es corregir una injusticia, pero sólo en parte: al no actuar sobre los beneficios de las propias empresas energéticas, al final, los costes de la medida los acabaremos sufragando el conjunto de la ciudadanía de acuerdo con un sistema fiscal que, como explico en párrafos anteriores no es suficientemente progresivo y equitativo. Es pues una medida de choque, pero claramente insuficiente.

Pero, sobre todo, hay que hacer cambios estructurales en el sistema energético, no sólo en el mercado eléctrico o en la generación de electricidad. No es una elección llevar a cabo la transición energética y hay que hacerla sin perder más tiempo. No habrá un futuro digno si no la hacemos. La fiscalidad verde es imprescindible para descarbonizar la economía. Es posible abandonar los combustibles fósiles, ofreciendo alternativas reales basadas en la mejora del transporte público, el acortamiento de las cadenas de suministros y la electrificación del transporte de mercancías. La descentralización de la generación eléctrica debe ser otro objetivo irrenunciable: ya hemos visto sobradamente donde nos llevan los lobbies y los oligopolios. Es fundamental actuar sobre la demanda, no sólo sobre la oferta. No hay otra posibilidad que abordar una reducción intensa del consumo energético basada en mejoras en la eficiencia, rehabilitación energética de edificios, impulso al transporte colectivo, legislar contra la obsolescencia programada y combatir la inducida, acortar cadenas de suministros, incluida la soberanía alimentaria, replantearse el urbanismo y el modo de ocupación del territorio y reducir desplazamientos, incluido el transporte de la propia energía. Y, por si a alguien le quedan dudas de que sólo podemos apostar por las renovables limpias, hemos de recordar el invierno de 2017, donde los problemas de suministro en Francia por el parón de la mitad de su parque nuclear y su necesidad de importar electricidad llevaron el precio en el mercado mayorista español hasta los 100 euros/MWh.

La hegemonía que en las últimas cuatro décadas han tenido las políticas neoliberales es el resultado de una campaña de propaganda global que la presentaba como la “única propuesta económica realista”. La Emergencia Climática y la crisis financiera neoliberal de 2008, han puesto en evidencia cómo, en realidad, supone un riesgo para la vida en el planeta. Al mismo tiempo, se ha puesto de manifiesto la solidez y el acierto de los diagnósticos y las propuestas que se presentan desde la Ecología Política. Posiblemente, no tendríamos la respuesta en forma de los fondos NextGenerationUE, completamente diferente al austericidio impuesto hace una década, sin el peso del Partido Verde Europeo, y, en especial el mayor peso de Die Grünen en la política alemana. La ciudadanía, en toda la UE, sabe que sí hay una alternativa y creo que nuestro territorio ha sido de los pioneros en el estado en sumarse a esa corriente verde: estoy convencido de que los resultados electorales de Compromís desde 2015 tienen mucho que ver con que dimos respuesta a las demandas de la ciudadanía valenciana de encontrar una fuerza política que diera prioridad a la justicia social, la regeneración democrática y a la sostenibilidad medioambiental.