Estoy seguro que muchos de los que lean este encabezamiento no lo lograran entender, entre ellos muchos de esos veintiséis millones de españoles susceptibles de ser pasados por las armas o en lenguaje más popular fusilados por el pelotón de turno. Pero los que de una forma u otra tuvimos vinculo vía servicio militar obligatorio o de forma profesional con el ejercito, es muy probable que lo entiendan, y sin duda todos los firmantes de ese despreciable manifiesto que de forma grosera y chusquera vuelven a poner sobre la mesa ese tipo de discurso que me recuerda a aquellas soflamas del bravucón Millán Astray.
La cantina de oficiales en cualquier acuartelamineto es el lugar en el que los que gozan de la graduación requerida (minimo alférez), comen y beben mientras como en todo bar se habla y se habla de lo divino y de lo humano, eso sí con estrellas por medio.
El cuarto de banderas es el lugar donde cumplen o pueden cumplir arresto disciplinario los oficiales y militares de más rango.
Toda esta introducción viene a cuento por la inaceptable carta que militares retirados del servicio activo han dirigido al Rey y al legitimo Gobierno de España, haciéndose valer de ese supuesto derecho que les otorga el haber prestado servicio en las fuerzas armadas.
La libertad de expresión es un derecho incuestionable, siempre por supuesto que se ejerza dentro de los limites legales constitucionales, aprovecho para reclamar una urgente modificación del Codigo Penal en algunos artículos donde se habla entre otras coas de ofensas a la corona, creencias religiosas, etc. Dicho lo anterior volveré al asunto principal, que en este caso a mi juicio es la enorme decepción y preocupación que me provoca que todavía estemos en un país donde militares que hasta hace bien poco tiempo han desempeñado puestos de enorme relevancia castrense, amparados en la libertad de expresión, y con su uniforme y sable en el ropero de su casa, exhorten a sus compañeros en servicio activo al golpismo militón más rancio, y además aprovechando la libertad de la que durante muchos años estuvimos privados los españoles por la dictadura del General Franco, se permitan la desfachatez de enviarnos al paredón y me resulta totalmente irrelevante si es un chat privado, una carta al Rey , que por cierto y con gran sorpresa por mi parte no dice nada al respecto, o un artículo de opinión en el extinto diario Arriba al que muchos de ellos eran tan fieles lectores.
En un estado democrático y por supuesto de derecho, el Gobierno legitimo de todos los españoles debe actuar para corregir acciones que serian impensables en los países de nuestro entorno, alguien imagina algo similar en Francia, Italia, Alemania donde por cierto acaba de disolverse una unidad contaminada por personajes neonazis, pues seguro que no, pero en España sigue pesando para nuestra desgracia una afición al intervencionismo militar en cuestiones que en nada, salvo las constitucionales les competen y en todo caso bajo el mando indiscutible del Gobierno y las Cortes Generales.
Lo dicho anteriormente forma parte de esa estrategia de utilización de ciertos colectivos por esa extrema derecha franquista que representa VOX, que con gran desvergüenza se apropia de simbolos y uniformes que son de todos los españoles, nos gusten más o menos. El peligro de esa extrema derecha tan envalentonada, viene en gran medida a la complicidad del Partido Popular y Ciudadanos, ya que no tuvieron la minima dignidad para aislarlos de las instituciones democráticas que ellos pretenden liquidar.
Esos cuartos de banderas que mencionaba al principio, debían estar en estos momentos lleno de esos valientes militares retirados que se erigen de nuevo en salvapatrias y nos quieren no solo fusilar si no llevarnos a lo más oscuro de la historia de España.
La remisión por el Gobierno legitimo de España a la Fiscalia, de los panfletos y proclamas de estos nostálgicos es lo minimo que se podía hacer, pero no resultaría nada descartable calificar parte de dichos actos como los de incitación a la sedición o rebelión y en todo caso un atentado a la Constitución, lo que sin duda comportaría consecuencias penales para estos antiguos uniformados.
*Francisco A. Serrano Martín. Abogado. Letrado en excedencia de la Sindicatura de Cuentas de la GVA.