La Cumbre de Las Américas y el fin de la historia

Tras la caída del Muro de Berlín, en 1992, afirmaba Francis Fukuyama que ya habíamos alcanzado el fin de la historia, y que el mundo asistía a la arrolladora victoria del liberalismo económico y político. Sin embargo, el paso de las décadas ha hecho envejecer mal su tesis inicial, y la tozuda realidad se ha impuesto, particularmente tras la Gran Crisis Financiera, la asimétrica respuesta ante la COVID-19 y las consecuencias económicas del “efecto látigo” vivenciada a través del desajuste de las cadenas de valor global y sus pulsiones inflacionistas agravadas por el conflicto bélico de Ucrania.

Hoy, tres décadas más tarde, con una capacidad de influencia cada vez más sugestiva por parte China, intensificada en la extensión de sus persistentes vínculos con países de Latam y África, Estados Unidos ha comenzado a articular mecanismos que tratan de reconfigurar el tablero de juego. En el fondo, la ruptura del multilateralismo y la amenaza subliminal que se desdibuja en torno a nuestras democracias liberales.

La IX Cumbre de Las Américas fue una cumbre muy esperada, con un año de retraso por causa de la pandemia. La Cumbre se caracterizó por controversia derivada de la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, dado que la administración Biden estableció derechos de admisión en base a la calidad democrática de los países. No obstante, se registró una asistencia mayoritaria, con 30 delegaciones, 20 desde Jefaturas de Estado, y diversas Cancillerías, entre ellos los de Honduras, Guatemala, El Salvador, y varios países del Caribe. El movimiento de boicot contra la cumbre surgió del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el silencio de los ausentes se sumó a las críticas más o menos directas respecto por parte de los presidentes de Argentina (Alberto Fernández) o Chile (Gabriel Boric), en un enfoque integrador, apelando a la necesidad de escuchar todas las voces y evitar exclusiones.

La Cumbre propició un importante acuerdo migratorio al objeto de impulsar, en palabras de Biden, un flujo de personas seguro, ordenado y legal. El acuerdo llegó en un contexto de diferencias y tensiones; la declaración supuso acuerdo de los veinte países firmantes en torno al fortalecimiento y expansión de programas de trabajo temporal, reunificación familiar y regularización. En ese sentido, destacó el anuncio de inversión por parte de Estados Unidos, en un importe de US$ 3.200 millones en El Salvador, Guatemala y Honduras, contando con la participación 10 empresas privadas, para la generación de empleo local y, como consecuencia, enfrentar las causas de los flujos migratorios y el fenómeno del “brain drain” .

En definitiva, una apuesta por la coordinación y la oferta de financiación para impulsar la inmigración legal en el continente americano que dará lugar a la recepción por parte de Canadá de 50 000 trabajadores agrícolas de México, Guatemala y el Caribe, la integración por parte de México de 20 000 refugiados en el mercado laboral en los próximos tres años, con concesiones de visas a ciudadanos de Haití y Centroamérica.

Estados Unidos, recibirá 20.000 refugiados de América Latina en 2023 y 2024, con ayudas por valor de US$ 314 millones. Esta medida, según el Ejecutivo estadounidense, supone el triple de refugiados recibidos este año.

Por otro lado, destaca el vector de desarrollo en una amplia gama de iniciativas ligadas a la “green strategy,” conforme la adopción del compromiso “Nuestro Futuro Verde” cuya finalidad pasa por hacer frente a los principales retos medioambientales de la región. La conservación de ecosistemas y biodiversidad serán impulsados junto a las transformaciones socio-técnicas necesarias para avanzar en la transición energética ante los retos globales fijados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En el impulso reformista y con el ánimo de reconfigurar las relaciones en la región, el presidente Biden anunció la creación de una “Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica” con el objetivo de ayudar a las economías regionales a crecer, y mejorar las cadenas de suministro. Se trata de fijar las bases para crear procesos de integración a gran escala, reestructurando las relaciones comerciales en la región.

Destaca el nuevo marco que permitirá activar un programa orientado a capacitar y facilitar la conexión financiera de 1,4 millones de mujeres, y en particular, dentro del ámbito de mejora del desarrollo profesional y de posibilidades de acceso al mercado laboral, para medio millón de mujeres y niñas con la finalidad de mejorar las condiciones del empleo femenino aprovechando las oportunidades que despliega la nueva economía digital.

El fin de la historia del que habló Fukuyama se sigue escribiendo, y se conjuga con un presente continuo, el tiempo verbal característico de los interregnos.

En los próximos años asistiremos a la síntesis de una reconfiguración a gran escala que, a buen seguro, nos deparará dramáticas consecuencias. De momento, Estados Unidos activa múltiples resortes de desarrollo orientados a conservar su capacidad de influencia en el continente Americano.