En las inundaciones que han destruido y causado centenares de muertos en las comarcas de la Comunidad Valenciana la competencia de la gestión es de la Generalitat Valenciana, sin perjuicio de la obligación de todas las administraciones (también la Administración Central) de garantizar en todo lo posible la seguridad de los ciudadanos.
Así pues, es la Generalitat Valenciana la que representa el órgano superior de dirección y coordinación de protección civil en la Comunitat Valenciana ante catástrofes como la ocurrida.
El 29 de octubre 2024 nos encontramos con la siguiente situación, en febrero del año 2023, siendo presidente de la Generalitat Ximo Puig, se creaba la Unitat Valenciana d'Emergències (UVE), versión autonómica de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que tenía como objeto “hacer frente a las necesidades derivadas de la respuesta en emergencias, en los términos establecidos en la planificación de protección civil de la Comunitat Valenciana”.
En mayo de 2023 el Gobierno valenciano pasa a manos del PP y Vox. Pocos meses después, en noviembre del 2023 (ver eldiario.es del 30/10/2024), el Pleno del Consell derogaba por la vía de urgencia el decreto de creación de la UVE, con lo cual se suprimía esta entidad. La razón esgrimida fue que el actual gobierno consideraba que había vías más eficientes para paliar las posibles catástrofes.
En su momento, la portavoz y consellera de Hacienda del mencionado Gobierno de coalición, Ruth Merino, explicó que el actual ejecutivo consideraba otras vías “más eficientes” para coordinar las emergencias y con menor gasto presupuestario que la UVE.
Así las cosas, las competencias en materia de emergencias en la Generalitat se agregaron a las de la Conselleria de Justicia, uno de los departamentos que quedó en manos de Vox tras el acuerdo de gobierno entre los dos partidos que se reparten la Administración autonómica.
La desgracia que ha traído la riada es descomunal pero no es sorprendente, estaba contemplada tanto en los estudios e informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar como de otros organismos estudiosos del tema, universidades, geógrafos, etc. Son muchas las riadas como la actual que han configurado una parte de nuestras vidas y nuestra historia.
En desastres de esta magnitud la gestión durante la primera semana es fundamental para evitar más dolor al ya provocado por la pérdida de vidas y la destrucción.
Todo el detalle de estos 7 días horribles, y los que vendrán, está perfectamente documentado en todos los medios de comunicación para que podamos sacar nuestras propias conclusiones. Materia hay de sobra. La población afectada no ha sido atendida por los poderes públicos, solo gracias al esfuerzo titánico de los propios vecinos afectados y a la solidaridad de decenas de miles de personas que se han volcado en ayudar se ha podido sobrevivir con dignidad.
La Confederación Hidrográfica del Júcar es un organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que debe regular las redes hidrológicas de una demarcación en la que el Júcar es el río principal.
Entre sus funciones principales están:
- Elaboración del Plan Hidrológico de la demarcación, así como su seguimiento y revisión.
- Gestión de los riesgos de inundación.
Los límites de la CHJ comprenden territorios de las provincias de Alicante, Albacete, Castellón, Cuenca, Murcia, Teruel, Tarragona y Valencia.
La CHJ ha hecho proyectos para evitar las inundaciones devastadoras que hemos sufrido hace una semana, pero no se han ejecutado. Se podría haber evitado la inundación y la mala gestión posterior.
Mientras que la CHJ tiene obras previstas contra las riadas en la zona inundada desde hace 15 años, los municipios llevan años reclamando esas obras pendientes desde 2009, ¿saben por qué no se han ejecutado? Por falta de financiación, normal en una autonomía de las peor, si no la peor, financiada de todo el Estado.
Lo que no es normal es por qué este debate -el de la falta de obras tan necesarias por falta de financiación-, no se ha comenzado ya, por qué tanto retraso, por qué esta dejadez. Y lo que es peor, si la ciudadanía no toma conciencia de la importancia de esta cuestión, que podría haber evitado en buena medida el desastre, no creo que entre en la agenda de los partidos. También todos los colectivos no gubernamentales deberían tomar buena nota: sin financiación no hay estado de bienestar posible.