Derechos individuales y comunidad en tiempos de COVID-19

La Declaración de Estado de Alarma en España puso sobre la mesa el debate de los derechos. Un escenario diseñado por la Ley Orgánica de 1981 para crisis localizadas se extendía a todo un país. En realidad, el debate sobre los derechos se manifestó en dos planos. Con carácter general el confinamiento obligatorio limitaba con la libertad de movimientos de las personas que debían permanecer en su domicilio y desplazarse exclusivamente por razones de urgencia, para la adquisición de los productos básicos necesarios o para la prestación de servicios esenciales.

Al margen de la discusión sobre la validez del instrumento jurídico empleado, se abrió un profundo debate en distintos niveles, -juristas, políticos, opinión pública y publicada-, que descansaba en gran medida sobre la capacidad del Estado para limitar la autodeterminación individual. En este sentido, la imposibilidad de decidir sobre nuestros movimientos podía repercutir sobre otras libertades como la libertad ideológica y la de expresión en relación con la imposibilidad de celebrar reuniones y, más allá, ejercer el derecho de manifestación. En el plano de la privacidad, la aparición de las “APPS-Coronavirus”, abrió un debate cuyas tesis esenciales consistían en considerar que la acción de los servicios de salud pública recopilando datos sobre contagiados y contactos ponía en peligro nuestro sistema de libertades. A mayor abundamiento, que las Comunidades Autónomas externalizasen el desarrollo de estas aplicaciones era algo intolerable: suponía vender el alma de nuestros pacientes cuyos datos se iban a explotar para oscuros negocios.

En paralelo, descubríamos a una sociedad civil comprometida que igual firmaba manifiestos por las libertades, denunciaba vía WhatsApp peligrosas conspiraciones o compartía tan sesudas como graciosas llamadas al orden de niños y niñas de cinco años, y, sobre todo, demostraba su profunda madurez cada tarde a las ocho. Las 20.00 era un momento de emociones, compartíamos la música, se daban conciertos, homenajeamos un día a la enfermería, otro al personal de supermercados o la limpieza, el de más allá a la policía. Nadie quedó sin su ración de loas, ni con su cuarto y mitad de resistiré. Éramos un gran pueblo, solidario y a la vez libertario, rabiosamente individualista pero generoso, anárquico y comprometido, éramos distintos.

Y sin embargo el rey estaba desnudo. A medida que fuimos desescalando las costuras del decorado fueron rompiendo. La cerveza y la tapa alcanzó el rango de derecho fundamental. Nuestros estudiantes primero exigieron su radical derecho al aprobado general. Después, con el derecho a la intimidad en la mano defendieron con uñas y dientes, e incluso con demandas, su derecho esencial a no ser objeto de una supervisión y control razonables en exámenes online. Y, con ello su derecho a examinarse con Google o los grupos colaborativos de WhatsApp. Y, comprendimos finalmente que para una parte de la población universitaria el aprendizaje o la capacitación son bastante menos relevantes que el trámite del aprobado.

Y superando fases llegamos a la nueva normalidad. Una nueva normalidad teñida de viejas prácticas. Los exámenes acabaron: tocaba botellón de fin de curso. Y aunque la presbicia y la edad nublen mis sentidos, prometo que en muchas terrazas de bar se me hace imposible distinguir las nuevas distancias de las viejas. Debe ser porque ese tipo de comercio, tan respetuoso siempre con nuestros derechos hace años que aplica las distancias de seguridad. Por último, las concentraciones playeras y el ocio nocturno, redondean el coctel explosivo que alimenta la nueva escalada de Coronavirus. Entiéndaseme bien, el ocio nocturno siempre ha sido respetuoso y escrupuloso en el cumplimiento de la legalidad como bien pueden explicar los gentrificados antiguos vecinos del barrio del Carmen.

Sin embargo, el titular “Jóvenes que fueron a una discoteca de València donde surgió un brote de coronavirus se niegan a hacerse las pruebas PCR” constituye sin duda un ejemplo significativo. En el debate por y sobre los derechos de cada uno olvidamos completamente a la comunidad. Perdimos el horizonte del bien común. El confinamiento, las fases de desescalada, la separación entre personas, la limitación de aforos, el acceso a datos por los servicios de salud pública, persiguen un único fin: proteger nuestra salud, garantizar nuestras vidas.

Desde la puesta en cuestión de los Estados del Bienestar en los ochenta del pasado siglo, nuestra sociedad ha ido perdiendo lo poco que hubiera alcanzado en cuanto a conciencia de comunidad, y lo ha sustituido por un individualismo feroz. Se ha tratado de arrumbar la dimensión del estado como promotor de condiciones materiales de igualdad a través de las políticas sociales. Generación tras generación, y de la mano de la burbuja inmobiliaria, los jóvenes han crecido en un hedonismo narcisista en el que su derecho a vivir en una fiesta permanente prevaleció sobre las vidas del vecindario. Y, por si fuera poco, esto atraía turistas y generaba puestos de trabajo. El objetivo para un joven era el triunfo a corto plazo, el modelo el pelotazo, lo importante era ser alguien, tener un título, el mero hecho de saber perdió todo valor.

Al mismo tiempo, otros jóvenes apostaban por movimientos solidarios, por las ONG, por un compromiso que entiende las libertades desde el servicio al ser humano con independencia de su origen, raza, o condición socioeconómica. Alimentaban la lucha por la igualdad de género, o el respeto a las opciones sexuales. Pero, para ser honestos, es muy difícil saber, cuál sea la composición real de nuestra población.

Hoy, cuando enfrentamos un reto en el que no sólo nos jugamos nuestras vidas, sino también el futuro del país, recibimos el fruto de lo que sembramos. Un país que apostó por un modelo depredador, extremadamente débil en sus bases y altamente dependiente del turismo. Una parte del cual, no lo olvidemos depreda nuestras costas o vive en una permanente borrachera. Un país sin un horizonte para nuestros jóvenes. Un país cuya ciudadanía siente mayor vinculación emocional con su teléfono móvil que respecto del Estado. Un país, en el que la conciencia de lo público, el compromiso con la comunidad, el sentido del deber cívico ha desaparecido en una parte de la población.

Y cuando esto ocurre, cuando miles de jóvenes prefieren su privacidad a que les tomen una muestra, el espejo devuelve una imagen terrible. Porque hay algo peor que una sociedad muerta, desmotivada y sin compromiso: una sociedad en la que miles de jóvenes están dispuestos a ser una bomba biológica que mata.  

*Ricard Martínez Martínez, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de Valencia