En el marco del Congreso de CCOO celebrado la semana pasada, señalé el problema de la infrafinanciación de nuestro territorio como la causa más evidente que explica las carencias en nuestros servicios públicos. La necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica para que sea más justo y equitativo no es baladí, es una cuestión disyuntiva: o ganamos en suficiencia financiera o seguiremos sufriendo el malbaratamiento de la sanidad, la educación o la protección social.
Permítanme algunos datos ilustrativos. Recibimos un 10% menos que la media de comunidades autónomas de régimen común y un 27% si nos referenciamos a las mejor tratadas; lo que significa que cada valenciana y valenciano contará con 215 o 703 euros menos este año, respectivamente. Imagínense cómo podríamos multiplicar los recursos en I+D+I para mejorar el desarrollo económico e impulsar un nuevo modelo productivo en nuestro territorio, o la cantidad de hospitales, colegios, becas o ayudas a la dependencia que se podrían incorporar en nuestra “cesta de la compra” con los ingresos adicionales de 1.325 millones de euros que debería percibir el País Valencià, si se siguieran criterios homogéneos en la financiación.
Contra todo lo que se quiera contaminar el debate, no es una cuestión de pugna entre territorios. En nuestra opinión, va a ser complicado un acuerdo si no se interioriza que para desarrollar políticas públicas es necesaria una fiscalidad mucho más valiente en España. Tenemos margen para incrementar la recaudación en nuestro país, no me canso de recordar que estamos 6 puntos por debajo de la media de ingresos fiscales de la Unión Europea. Por tanto, esta es una condición sine qua non para emprender la revisión del sistema de financiación autonómico, que nos permita costear adecuadamente los servicios públicos que conforman el estado de bienestar, el que tenemos y al que aspiramos la clase trabajadora. Conviene recordar que estas materias tan vitales para la ciudadanía están transferidas y su gestión requiere de una suficiencia financiera que actualmente no tenemos.
De hecho, cada día que pasa sin abordar una solución a este asunto, mayor es el desequilibrio entre comunidades y, convendrán conmigo, en que perpetuar esa desigualdad en función del lugar donde residimos, es inadmisible. Además, en el caso del País Valencià, tantos años de infrafinanciación han derivado en una deuda insostenible, cuya condonación se reclama, con toda lógica y con toda justicia, para que el nuevo modelo, si es que algún día llega, no nazca lastrado.
Un sistema de financiación autonómico que debería alejarse de la opacidad actual y atender a criterios de suficiencia de recursos, de equidad y de solidaridad interterritorial. Al mismo tiempo, en el marco de una nueva fiscalidad, resulta del todo necesario aumentar la corresponsabilidad de las CCAA, disminuyendo las trasferencias directas del Estado y sustituyéndolas por un incremento de la participación autonómica en los impuestos estatales, tanto en términos de recaudación como de capacidad normativa.
Desde la Plataforma Per un Finançament Just reclamamos un modelo que tenga como objetivo central y claro, proporcionar en todo el territorio del Estado el mismo nivel de servicios públicos por habitante, una vez ajustadas las necesidades específicas de su coste por razones de envejecimiento, dispersión geográfica o cualquier criterio, eso sí, definido desde la transparencia. ¡No me digan que no hay motivos para encontrarnos en las manifestaciones del próximo 20 de noviembre!
- Ana García Alcolea es secretaria general de CC OO PV.