Una historia de terror (burocrático)

Les voy a contar una historia de terror, de esas que si se hicieran película, recaudarían millones de euros. Imagínense una población del área metropolitana de Valencia. Una de esas que recaudan, gracias a su actividad industrial y urbanística, millones de euros de impuestos. Imaginen también una familia trabajadora corriente con sus grandezas y sus penurias. Más de lo segundo que de lo primero desde el final de la guerra. Van tirando. Transcurridos 50 años, ya en una democracia supuestamente consolidada, se le reconoció tras muchas peleas una pensión como exmilitar (republicano) al padre. La madre que era sastresa antes de casarse, tuvo que dedicarse toda su vida a la limpieza de otros hogares. El padre y los dos hijos estudiaron lo que pudieron estudiar y tuvieron diversos empleos. La hermana, que comenzó a trabajar a los 8 años en una peluquería, acabó en la sastrería y en la industria textil. Ellos con contrato, ella en «B», en todo o en parte. Esto les sucedió a miles de familias. Esto, que ya es de por sí terrorífico, en realidad no es la parte más escabrosa. Lo escabroso empieza cuando ya de mayores, superada la edad de jubilación, en plena democracia y hasta con gobiernos de izquierda, con Constitución y derechos, se encuentran con pensiones mínimas que alcanzan a lo que alcanzan. Pero van tirando.

Sin embargo, aprobada la Ley de dependencia en 2006 parecía que se abría una oportunidad de disfrutar de la vejez dignamente. Van pasando los años y aparecen las enfermedades en esta familia de clase trabajadora. Fallece el padre y años después enferma la madre. Atención médica, tratamientos, gastos diversos a pesar de la sanidad pública y universal. Ya se sabe, el copago implantado por los gobiernos de derechas. Casa hipotecada, claro. La hija, soltera, sin hijos, se hace cargo de su madre gravemente enferma desde 2008, y de los hermanos cuando aparecen problemas. La pensión de viudedad de la madre y la pensión de la hija, alcanzan para lo justo. Pero bueno, la ley de dependencia permitiría disponer de más medios. En 2010 se solicita la prestación por dependencia para la madre ya con 85 años y dependiente en grado III. Ella, la hija, solicita la condición de cuidadora no profesional. Se espera la visita de servicios sociales, de la conselleria, de los médicos para que valoren la situación. Se espera. Se sigue esperando. A veces le llaman, pero sin avances.

Finalmente acuden en 2011 para la valoración y rellenan unos papeles acordando que efectivamente la madre es dependiente y que la hija es la cuidadora. No había que ser muy listos. Se le valora ese tiempo de cuidados en 300 euros al mes. Más papeles para confirmar todo lo anterior. Parece que pronto llegará esa ayuda. Pasan meses, pasan años. En 2013 fallece la madre. Nada se sabe de la prestación ni de la compensación por el tiempo como cuidadora no profesional. Pasados unos años más, tras llamadas a la administración y personaciones sucesivas en las diferentes sedes de la conselleria, descubre que su expediente se ha perdido en la administración. Ya estamos en 2018, un hermano ha fallecido. Sí, ya han pasado cinco años desde la muerte de la madre. Nadie sabe dónde está el expediente. Ni tan siquiera consta que se le abriera. Se consulta a personas que amablemente le asesoran sin cobrar nada por ese asesoramiento profesional. Ya se sabe, siempre hay un amigo enterado. La conclusión de uno de los funcionarios que atiende sus llamadas, siempre amable y dispuesta a comprender al funcionario, es que, no le queda otra que presentar una reclamación por responsabilidad patrimonial por mal funcionamiento de la administración. A ella esto le suena a chino. Ella no sabe que es eso. Más consultas aclaratorias, más papeles que demuestren la condición de dependiente de la madre y de su condición de cuidadora durante los años de la enfermedad aunque solo le reconocen tres, incluidos testigos que confirmen esos extremos. Acudir a un gestor que este, por supuesto, sí cobra sus honorarios, acudir a un notario que también cobra honorarios. Se presenta finalmente la reclamación con el aviso del funcionario de que su resolución tardará de dos a tres años en resolverse.

Los dos hermanos y ella rellenan los papeles para que se le reconozca a ella como cuidadora. Pasan los años. Estamos en 2021. Llegan solicitudes de la administración de cumplimentar documentación. Nuevamente. Parece que falta algo aunque ella ha guardado copia de todo lo entregado. Para ella esa documentación es incomprensible, cree que ya la ha entregado, pero solícita vuelve a acudir al PROP para entregar lo que la administración le pide. Lo hace todo sola, no quiere preocupar a nadie ni pedir más favores. Pasan meses y le llega otra petición de información para que, otra vez, los hermanos confirmen que ella era la cuidadora, pero claro, como uno de los hermanos ya había fallecido le piden otros papeles. La administración, tan preocupada por sus ciudadanos se da cuenta de que un hermano no ha firmado. Claro está muerto. Pero la burocracia es la burocracia y por tanto, el estado protector ha de asegurarse de que ella, una mujer de 80 años, sin estudios, nunca pudo acudir al colegio, trabajadora en un pequeño taller de costura la mayor parte sin cotizar, no le estafe 9.000 euros, y ha de demostrar que ella es heredera de su hermano de esta parte. Vuelta a empezar. Él no ha dejado testamento. Es por tanto la esposa heredera universal de su hermano quien interviene. No hay testamento. Vuelta a notarios y gestores para recoger la documentación que falta. Se consigue todo. La cuñada, como viuda, testimonia de la condición de cuidadora de su suegra. Se entrega la documentación en un PROP. Es un día de calor extremo. Julio de 2023. Ya han pasado diez años desde aquella esperanza de ser reconocida su condición de cuidadora, sólo por 300 euros al mes que compensaran el hecho de haber cuidado todo el día a su madre. Una cantidad que completara su pensión, quizás para comprar algo de comida más rica, para la hipoteca, quizás para ponerse aire acondicionado, o arreglar las ventanas que cierran mal. O simplemente para ser reconocida en su condición de cuidadora. Solo para disponer de un papel que diga que cuidó a su madre.

Ella se cansa cada día más. Claro, ahora es ella la que tiene 82 años. Acude al médico. Le descubren que su cáncer ha reaparecido, enfermedad que se suma a la pérdida de visión del ojo que tenía sano, consecuencia de tantos años de trabajo en casa cosiendo horas y horas. Ella no quiere molestar a nadie y repite «seguro que hay personas peor que yo». Decide, asesorada, que presente una queja ante el Sindic de Greues y aún dice «¿es necesario? No quiero molestar». Finalmente lo presenta en enero de 2024 y es aceptada por el Sindic que inicia una investigación. Pasa un mes y recibe una carta certificada de la conselleria en la que se le informa que, ahora sí, se abre un expediente por responsabilidad patrimonial y se nombra instructor. Ella se pregunta «¿No es esto lo que hicimos en 2019?». Efectivamente, así es, pero habrá que esperar de dos a tres años para que se resuelva, positiva o negativamente, su reclamación, cuando ella tenga 85 años y hayan transcurrido 16 años desde que se solicitó su prestación. ¿Es o no es una historia de terror?