Mazón daña a la democracia

“Con los medios de predicción actuales, resulta inconcebible no haber anticipado el desastre. Más si cabe, teniendo en cuenta no solo los pronósticos previos de los meteorólogos, sino también las reiteradas advertencias de los científicos en relación con el agravamiento de los fenómenos meteorológicos extremos debido al acelerado cambio climático que padecemos”

El informe de Fiscalización de la cuenta general de la Generalitat, elaborado por la Sindicatura de Comptes, y presentado este pasado lunes 23 de diciembre por su Síndic Major,  Vicent Cucarella, honra a la institución que dirige y al pueblo valenciano. Es realista y valiente, todo lo que no es la referencia que Felipe VI hizo a la DANA del 29 de octubre en su habitual discurso navideño.

Es evidente que el primero se conoce el territorio y de lo que habla y que el segundo es un visitante accidental que se ha implicado al máximo en la operación para salvar a Mazón. Queda por ver si, quienes participan en el rescate, entienden lo elevado del coste. Si son conscientes que son colaboradores en una de las mayores contribuciones al desgaste de la democracia en nuestro país desde 1982.

La continuidad de Mazón al frente del Consell de la Generalitat Valenciana supone mantener abierta una herida que nunca cicatrizará mientras quien estuvo ausente el 29 de octubre esté presente en la institución que abandonó al pueblo valenciano en las horas más determinantes en medio siglo. Nadie ha erosionado tanto como él la credibilidad de la democracia valenciana. Cada vez que decenas de miles de valencianos y valencianas salgan a las calles pidiendo su dimisión, y continue obcecándose en seguir en un puesto para el que la mayoría no le considera apto - dos encuestas de este mismo mes coinciden en el rechazo a la permanencia de Mazón por la mayoría de la ciudadanía- ahondará en esa erosión. Las consecuencias serán extremadamente graves.

El Centro de Investigaciones Sociológicas recogía a principios de 2024, que uno de cada cuatro jóvenes en el rango de edad de 18 a 34 años, no considera que la democracia sea preferible a cualquier otra forma de gobierno. Es un porcentaje que debería alarmar, en especial a quienes con su mala gestión incrementan la desafección. Entre los mayores responsables de su debilitamiento destacan quienes la corrompen, frivolizan y gestionan con negligencia. La juventud que cuestiona la democracia lo hace poniendo en duda su capacidad y eficacia para resolver “los problemas reales” que más les afectan.

Quienes hablan de “estado fallido” para describir la dramática situación de centenares de miles de personas los días 29 y 30 de octubre en l’Horta Sud, la Ribera, Hoya de Buñol, Camp del Turia, los Serranos, Utiel-Requena y Pedanies i pobles del sud de València, y también la pésima gestión posterior, lo hacen porque han vivido situaciones terribles de abandono. Ese abandono tiene unos responsables: quienes tenían las competencias y no las ejercieron porque estaban a otras cosas que seguimos sin conocer.

No sólo hay un fracaso gigantesco del Consell. Tampoco la administración estatal está sabiendo compensar la desaparición de la administración autonómica: a 23 de diciembre el Consorcio de Seguros tenía pendientes de respuesta a 187.000 expedientes. El 95,5% corresponden a la provincia de Valencia.

Si la dejación, ausencia, incompetencia e incapacidad de Mazón quedaran sin consecuencias (la calificación como negligencia y sus consecuencias civiles o penales, deberán establecerse en los juzgados), ocurrirá que una manzana pudrirá el cesto. La parte, Mazón, contaminará el todo, las instituciones democráticas. Cuando hasta Felipe VI, en su alocución del 24 de diciembre, actúa como un negacionista climático y diluye responsabilidades, es evidente que la confusión está bien alimentada y la amenaza es real.

No tendría por qué ser así. Lo cierto es que las formas de gobierno democráticas proporcionan muchas más probabilidades para ser el marco de una vida digna que las autocracias: los hombres y mujeres del nuevo autoritarismo hablan mucho, pero sus resultados son muy pobres. Veamos los datos.

El Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (IDHD) es un indicador creado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el objetivo de conseguir una mejor referencia sobre la situación real de las personas de la que aporta el producto interior bruto per cápita. Para ello integra la esperanza de vida al nacer, el nivel educativo, el ingreso promedio y también la pobreza, la desigualdad y las brechas de género.

En su clasificación de 2022, última disponible, el IDHD de Naciones Unidas tiene en sus treinta primeros puestos a veintisiete democracias. Solo dos autocracias se cuentan entre las primeras posiciones: Emiratos Árabes Unidos en el decimoquinto puesto y Singapur en el lugar número veintiséis. Dos muy pequeños estados con situaciones excepcionales no reproducibles en ningún otro lugar del planeta. Queda la cuestión de como considerar a Hong Kong, que ocupa el puesto veintiuno, y que este pasado mes de marzo ha dejado de ser, de facto, una democracia.

Estos resultados, estadísticamente, no serían los más probables. En 2022, solo el 29% de la población del mundo vivía en democracias. El porcentaje ha ido en retroceso desde 2019, cuando casi el 50% de los habitantes del planeta vivían en estados democráticos. Uno de los factores que explica que las democracias presenten mejores indicadores de Desarrollo Humano, radica en que tienen menores índices de corrupción que las autocracias. Cuestiones como el acceso al flujo de la información, contar con medios de comunicación no oficiales, la existencia de organizaciones de la sociedad civil que denuncian la corrupción, o la de partidos que compiten en procesos electorales homologables, explican la menor corrupción y, también, el mayor desarrollo humano. De hecho, en el Ranking de la Corrupción de 2022, elaborado por la ONG Transparencia Internacional, entre los treinta estados menos corruptos, hay veintisiete democracias. Las excepciones coinciden con las de la lista de IDHD: Singapur, Hong Kong y los EAU.

La denuncia de la corrupción existente en el Partido Popular de la Comunitat Valenciana – hasta 185 condenas por corrupción han sido acumuladas por sus cargos públicos – fue determinante para su derrota electoral en 2015. La ciudadanía decidió que la imprescindible regeneración no podían llevarla a cabo quienes habían creado una trama organizada de corrupción sistémica. Los problemas estructurales no pueden ser resueltos por quiénes los han causado, pues no harán un reconocimiento real de sus errores y complicidades. La posibilidad que tienen las democracias para poder regenerarse mediante la derrota electoral de los partidos causantes de graves crisis sociales es determinante frente a las autocracias para garantizar una vida digna a su ciudadanía y la protección de los Derechos Humanos.

Han pasado casi dos meses desde el trágico 29 de octubre que determinará el futuro del pueblo valenciano durante todo este siglo. 223 víctimas y tres personas desaparecidas estarán presentes en nuestra memoria y en la de las generaciones que nos sucederán, como ocurre con el recuerdo de la riada del 57 que sigue presente en nuestro imaginario colectivo. El 29 de octubre de 2024 dejará una huella aún más profunda e imborrable, por la tragedia indescriptible de tantas personas, y por la enorme dureza del día a día, desde entonces, para centenares de miles de valencianos y valencianas. En las casas de muchísimas familias valencianas este año no habrá fiestas. Y no habrá reparación del daño que han sufrido hasta que Mazón sea apartado de la política institucional.

La reflexión que se hizo desde la Ilustración sobre el terremoto y tsunami de Lisboa de 1755, cambió la historia de Europa. De Voltarie a Kant, se cuestionó que fuera posible una explicación compatible con la existencia de una Divina Providencia. Sólo la ciencia podía explicar lo ocurrido y así fue entendido en todo el continente.

Las consecuencias de las catastróficas inundaciones del 29 de octubre, deberían, al menos a los valencianos y valencianas, llevarnos a cambios determinantes y decisivos como pueblo. Lo ocurrido no fue el resultado de un fatum. Faltan a la verdad quienes afirman que las víctimas hubieran sido las mismas si se hubiera alertado con antelación. ¿Cómo lo saben? ¿En qué basan tan atrevida afirmación? ¿Dónde está el informe técnico o los precedentes que les permiten pronunciarse en una línea en la que ninguna persona experta lo ha hecho? ¿Es la afinidad ideológica entre el poder económico valenciano y el PPCV la explicación del capote que le echa el presidente del lobby más poderoso al presidente del Consell?

Que la gestión de la emergencia el día 29 debió ser mejor, se puede afirmar sin que lo certifique tribunal de justicia alguno. Lo han afirmado quienes tienen una mayor credibilidad, como son las personas expertas y las científicas en áreas de investigación concernidas. Sólo hay que recordar que la Universitat de València, el día 28, decidió suspender su actividad, y cerrar sus instalaciones, durante todo el día 29.

También se debe recurrir a los precedentes y recordar cómo fue la gestión ante la DANA que en 2019 afectó al Sur de Alicante: dos días antes se decretó la emergencia. Los daños, en consecuencia - sin olvidar que las escalas de los fenómenos meteorológicos fueron diferentes – no admiten comparación. El gobierno del Botànic se arriesgó para proteger a las personas; el de Mazón con su no actuación ¿qué quería proteger? Esta vez, además, los modelos meteorológicos, por ejemplo, el modelo francés de predicción AROME, indicaban, días antes de la DANA, la existencia de un tren convectivo que podía dejar más de 350 litros por metro cuadrado en 24 horas en una zona de extensión tan amplia como para generar grandes escorrentías. Juan Bordera, diputado por Compromís en les Corts Valencianes, llevaba alertando mucho tiempo sobre las nuevas dimensiones de los fenómenos meteorológicos extremos que nos podían afectar. Debido a la enorme cantidad de vapor de agua acumulado en la atmosfera, resultado, a su vez, del incremento de la temperatura del agua en el Mediterráneo, consecuencia de los años más cálidos jamás registrados en nuestro territorio, era conocido que se podían generar precipitaciones y avenidas de una escala sin precedentes.

Tenía razón. Como la tenía la comunidad científica que investiga el Cambio Climático antrópico, que había sido clara en sus advertencias. Es evidente que pesa mucho más el negocionismo climático. El Plan de Acción Territorial sobre Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) tuvo sus inicios hace casi tres décadas. Incluso ahora, después de la DANA, el PP en la ley de simplificación administrativa elimina los informes de los técnicos de la Generalitat, en materia de riesgo de inundación, para la emisión de licencias urbanísticas en suelo no urbanizable afectado por dicho riesgo, dejando sólo a los técnicos municipales como únicos responsables. ¿No sería necesario justo lo contrario, incrementar los controles e informes? ¿Tan firme es la determinación de Mazón de protagonizar, como ya lo hizo Zaplana, una nueva burbuja inmobiliaria, que rememore la de 1997-2007?

En esa misma línea parece ir también la reciente modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), la de eliminar la obligatoriedad de los informes que fijan el crecimiento de los municipios, según la fórmula establecida en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. Informes que son vinculantes desde 2016 y en los que se fija la cifra máxima que podía crecer la población de cada municipio y el suelo que se podía urbanizar. Es decir, el Consell de Mazón abre, como hace casi treinta años, la barra libre del sellado de suelo. Es una enorme irresponsabilidad cuando el desorden territorial tanto ha contribuido a que las consecuencias de la DANA hayan sido tan catastróficas.

Tampoco debe olvidarse la responsabilidad que el Austericidio decretado, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, por Angela Merkel, y aplicado con complacencia por los defensores de minimizar el papel del Estado y de las administraciones públicas - como fue el gobierno de M. Rajoy -  tuvo en la paralización de los planes de prevención de inundaciones en la cuenca de la rambla del Poyo.

Financial Times es un periódico publicado en inglés y editado en Londres, que es una referencia para todos los neoliberales europeos. Para todos, menos para los valencianos. En su número de este pasado 22 de diciembre, en un extenso reportaje titulado “Inundaciones en Valencia: el escándalo de un desastre anunciado” aporta las valoraciones de un amplio panel de personas expertas, donde se recoge desde que “los sistemas de alerta deben basarse en las predicciones de las precipitaciones” hasta que “la densidad de urbanización de las llanuras costeras era un factor de especial vulnerabilidad”, pasando por la necesidad de restaurar bosques, para mejorar la capacidad de absorción de agua por los suelos, y compensar el efecto que causa el exceso de suelo sellado. Mazón no debe leer prensa en inglés, de lo contrario sabría que la publicación de referencia económica para el Partido Popular europeo, además también le señala por su desaparición “At around 2.45pm, Mazón would disappear into three-hour with journalist Maribel Vilaplana at a restaurant in the city of Valencia”

Por la justicia que merecen las víctimas y las afectadas, por la recuperación de las vidas de centenares de miles de personas que han sufrido enormes dramas y pérdidas, por la incapacidad demostrada para liderar la recuperación y la previa y necesaria reflexión, para prevenir que no vuelva a ocurrir nada semejante, por higiene democrática y para no desgastar la confianza en la democracia como la mejor forma de gobernarnos, Mazón debe dimitir.