El 16 de abril las calles principales de Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Sevilla y Zaragoza amanecieron con marquesinas llenas de naranjas, peras y limones podridos. Forma parte de la nueva campaña de Justicia Alimentaria, que insta a la transformación de los mercados municipales para garantizar el acceso a una alimentación saludable, local y con un precio justo. El mensaje central es inequívoco: reclama tu mercado antes de que tu mercado se muera.
Detrás de esta acción puntual para captar la atención y despertar el pensamiento crítico hay un estudio pormenorizado de la red mercados en el Estado español y las políticas públicas. Solo hace falta repasar los datos del número de mercados y número de paradistas de hace 15 años y compararlo con los actuales. Para darse cuenta del problema Si fueran una especie animal hablaríamos de que están en fase de pre-extinción. En muchos casos, estamos asistiendo a un expolio porqué se ha pasado de una gestión pública a otra público-privada, creando entidades mixtas que responden a otros intereses a los puramente públicos. Expolio también porque el interior de muchas de estas infraestructuras de titularidad pública se ha llenado de supermercados que, obviamente, tienen unos intereses que no siempre son compatibles con la de un servicio público alimentario. Y expolio porque en otros casos son monumentos turísticos o templos gourmet.
Entonces, ¿dónde queda la función original por la que estas infraestructuras nacieron? ¿La misma por la que, aún hoy en día, son de titularidad pública?
Seguramente, la campaña ha molestado a algunos sectores y partidos políticos porque señala lo que no se quiere ver, y menos, debatir. Que los mercados municipales son una infraestructura pública y que tiene, por ley, una función pública alimentaria: el proporcionar a la ciudadanía un espacio de compra alimentaria justa, verde, local, agroecológica y, muy importante, asequible.
La campaña invita a abrir el debate sobre el futuro de los sistemas públicos de distribución alimentaria. Si queremos unos sistemas alimentarios locales, si nos creemos que el sistema actual debe corregir muchos de los impactos ambientales, climáticos, sociales y de salud que están generando, si impulsamos políticas que apuestan por la alimentación saludable y de proximidad, debemos recordar igualmente que estos alimentos no se teletransportan, que viajan a través de una red de infraestructuras alimentarias. Y que son tan importantes como las políticas. Lo que realmente molesta, seguramente, es reivindicar la alimentación como un derecho, no como un privilegio. En definitiva, reivindicar que necesitamos que lo público intervenga, también, en las infrasestructuras alimentarias.
¿Se imaginan un sistema de salud pública sin centros de atención primaria o sin hospitales? ¿Se imaginan un sistema de educación pública sin escuelas o institutos?
Que los mercados municipales están en crisis y, literalmente, su mueren no es una cosa que hayamos descubierto nosotros después de años y años de estudio. Es un hecho conocido, reconocido y publicado en multitud de informes, declaraciones, campañas o eventos de las propias administraciones públicas. En lo que diferimos, seguramente, es en la solución. Nos negamos a aceptar que ante la agonía de los mercados públicos, la solución sea el abandono y cierre, la entrega del recinto a un supermercado, o la espectacularización de los mismos transformando una infraestructura pública que debería ser un elemento central de la compra alimentaria asequible en monumentos turísticos, espacios gourmet o locales para eventos. Esto es, en algo parecido a museos de cera sin oficio ni beneficio.
Uno llega a la conclusión de que lo que está molestando no es la fruta pocha, lo que realmente molesta es abrir el debate, de manera directa y honesta, de lo que está pasando con los mercados municipales, porque hacerlo, levantar la sábana de colores que se había puesto encima de ellos, significa cuestionar el modelo actual y abrirlo a un cambio significativo.
Los mercados municipales deben reconectarse a los sistemas alimentarios locales. Debemos transformar la red de mercados municipales en un lugar central de las políticas que garanticen el acceso a una alimentación saludable, ecológica, y a precios asequibles.
Hay que recuperar el control público de los mercados municipales para restituir su función original de ofrecer alimentos saludables, asequibles y de proximidad a la población.
Hay que convertir los mercados municipales en centros de dinamización alimentaria de los barrios, incorporando elementos como cocinas comunitarias, obradores cooperativos, espacios de formación y educación alimentaria.
Hay que integrarlos en estrategias de alimentación pública: Integrar los nuevos mercados municipales en estrategias de alimentación pública que los vinculen con redes de compra de centros educativos, sociosanitarios o comedores sociales, promoviendo el acceso a una alimentación saludable para toda la población.
Los mercados municipales son de la gente y para la gente. Son lugares para poder realizar la compra de alimentos de manera habitual sabiendo que ahí dentro vas a encontrar alimentos con una serie de atributos sociales, de salud, ambientales y climáticos, que los vas a poder comprar porque tienen unos precios asequibles. Y todo ello porque son públicos y porque las administraciones locales tienen la responsabilidad de ofrecerlo.
No es un favor que nos hacen, es su deber porque es nuestro derecho.
*Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria