Orgullo, ¿de qué?

En 1994 (¡qué viejo soy!) empecé a participar en el Col·lectiu Lambda. Un jovencísimo Josevi Monléon me llevó a la sede (entonces en la calle Gil y Morte de València) y Miguel Ángel Fernández, a quien conocía desde las grandes movilizaciones estudiantiles de 1986, me propuso inmediatamente ser miembro de la junta directiva. Desde aquel momento he estado implicado en el activismo por los derechos de gais, lesbianas, trans y bisexuales. Recuerdo perfectamente la celebración de mis primeros días del Orgullo LGTB. En esos lejanos años 90, nos reuníamos unas decenas de personas en la plaza de la Mare de Déu de València, con grandes pancartas (a duras penas, encontrábamos manos dispuestas a sujetarlas y hubo que optar por ponerles palos) y mucha decoración de globos de colores que nos permitía llenar la plaza a pesar de nuestra exigua capacidad de convocatoria. El gran acto social era una cena de entrega de los premios que otorgábamos a personalidades y entidades que habían mostrado, de un modo u otro, su apoyo a nuestra causa. Y, sí, esos días, en alguna discoteca o local de ambiente, había una fiesta; pero siempre en un local cerrado y seguro. Ya en 2002 nos atrevimos a convertir la concentración en una manifestación y acabar en una fiesta ¡en la calle! Recuerdo perfectamente como La Prohibida animó a la comisión del 28J a dar ese paso: “poned un escenario y unas luces, que yo me ocupo de invitar a unas amigas travestis, que ya es hora de ocupar la calle”. Y desde entonces aquella mani-fiesta no ha parado de crecer, dando un salto espectacular en 2006, con motivo del funesto e integrista Encuentro Mundial (católico) de la Familia (y la gran respuesta ciudadana y laica de “Jo no t’espere”).

Nuestras máximas reivindicaciones se centraban en el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo (y todo lo que eso implicaba para evitar discriminaciones frente a quién sí podía acceder al matrimonio civil y dramas personales, en algunos casos asociados al fallecimiento de un miembro de la pareja por SIDA). Se abría camino la visibilidad de las lesbianas (que, poco después, lideraron el asociacionismo LGTBI) y las reivindicaciones de las personas transexuales se incorporaron a nuestra agenda política como una prioridad. Llegaron las leyes autonómicas de parejas de hecho, que resolvían una parte del problema aunque eran más simbólicas (porque generaban debate social y eso nos venía bien) que realmente eficaces. Lambda negoció con el gobierno de Eduardo Zaplana la ley valenciana de uniones de hecho y el resultado fue claramente insatisfactorio, pero insoportable para el arzobispo de València de la época (solo por eso, valió la pena). Mientras, el PP de Aznar rechazaba cualquier propuesta para legalizar en España las parejas homosexuales, hasta cinco veces votaron en contra.

Pero en las organizaciones que agrupaban al activismo LGTBI habíamos hecho una reflexión profunda: no queríamos derechos descafeinados, si una pareja heterosexual podía casarse, una de lesbianas o gais también deberían poder hacerlo. Y trabajamos muy duro: en la calle, en los medios de comunicación, con juristas, con los partidos políticos, con intelectuales, con sindicatos, con otros movimientos sociales (singularmente el feminismo)… para conseguir que cerca del 80% de la sociedad respaldara nuestras reivindicaciones. Ya teníamos una mayoría social, “solo” faltaba una mayoría parlamentaria y eso llegó en 2004 con la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones. El PP votó en 2005 en contra de la reforma del código civil que reconoció al derecho al matrimonio para parejas del mismo sexo (igual que en 2007 votó no a la Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, que permitía a las personas trans ajustar su documentación a su identidad de género). Y, además, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional que no se resolvió hasta 2012. En todo esos años, la FELGTB (la Federación en la que Lambda se implicó como herramienta imprescindible para la incidencia política) presionó al PP para que desistiera y acabara con la incertidumbre para miles de parejas y familias. También hubo contactos discretos para ofrecer al PP paz social a cambio de retirar el recurso. Nunca cedieron. Fueron contumaces en su oposición a nuestros derechos y hoy, en 2024, es un buen momento para seguirlo recordando.

Cuando estos días veo al director general de Diversidad, Stephane Soriano y la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero (ambos del PP) sacando pecho por la campaña de promoción turística “Orgull de Comunitat” de la Generalitat, intentando apropiarse de la conmemoración del Orgullo LGTBI (con el principio caciquil primario de “qui paga, mana”), los ataques a Lambda (lanzando insidias sobre su gestión económica) o criticando la implicación en partidos políticos de izquierdas de activistas que hemos dirigido Lambda… siento una inmensa indignación y asco.

En primer lugar, si una institución (del signo político que sea) está desplegando políticas favorables a los derechos y la dignidad de las personas LGTBI, eso merece reconocimiento y apoyo por parte del activismo, pero no es el caso: con sus gobiernos se han suprimido servicios de información sexual para jóvenes, se esconden y censuran libros y películas que abordan la temática LGTBI o feminista, se anuncia una revisión de las leyes valencianas LGTBI y trans (en Madrid, la presidenta Ayuso, ya ha recortado derechos; por ejemplo ya no se prohíben las terapias aversivas para “reconvertir” la orientación sexual o la identidad de género). Y tienen la desvergüenza de celebrar el orgullo. ¿Orgullo de qué? ¿De LGTBIfobia? ¿De ser tan incoherentes?

Además, siendo conscientes de la capacidad reivindicativa y movilizadora del Orgullo, desde hace meses, la Generalitat está maniobrando para liderar y controlar nuestra conmemoración. Es como si la Generalitat quisiera suplantar a los sindicatos en el 1º de mayo. Resulta inaudito. Y el argumento es que quieren un Orgullo como el de Madrid. ¿Ignorancia? ¿Mala fe? Saben perfectamente (así se lo explicó Juan Carlos Alonso, coordinador de MADO) que el Orgullo de Madrid está convocado y organizado por la FELGTBI+, COGAM (el colectivo LGTBI de Madrid) y AEGAL (la asociación empresarial LGTBI de Madrid). Y las instituciones siempre apoyan y colaboran, pero no tratan de suplantar al activismo. El Orgullo es y será una fiesta política ciudadana, lo serio no ha de ser aburrido, donde con visibilidad se reivindica la diversidad, la dignidad, los derechos, se denuncia la discriminación y el odio. Eso es política, claro que sí. Como clamaba el feminismo de los años 70, “lo personal es político”.

Pero no solo quieren acallar y despolitizar el Orgullo, también llevan meses sembrando la duda sobre la gestión económica de Lambda que es quien, desde los años 90, ha organizado esta movilización y ha trabajado, cada día, para denunciar la LGTBIfobia, ayudar a las personas LGTBI y hacer avanzar nuestros derechos. Aquí, en el conjunto de España a través de la FELGTBI+ y en cualquier ámbito: en el sistema educativo, en el deporte y el tiempo libre, en la salud, con lesbianas, gais, con las personas trans, con jóvenes, mayores, familias, en la cultura, con personas perseguidas en sus países, con migrantes… al principio desde el voluntariado, desde 2018 con la financiación pública del servicio de apoyo integral Orienta (que está establecida en la ley valenciana LGTBI). Solo un dato al respecto: en 2009, Lambda consiguió la declaración del Gobierno de España como entidad de utilidad pública y eso implica un altísimo nivel de auditoría y transparencia en la gestión económica. Pero les da igual, el objetivo es desprestigiar y debilitar. Saben que Lambda ha sido y es un baluarte de la reivindicación LGTBI y, por tanto, es el enemigo a batir porque su crítica y denuncia molesta al PP. Y van a hacer todo lo posible para retirar a Lambda los recursos económicos que permiten prestar el servicio Orienta. Ojalá y me equivoque.

Finalmente, denuncia con aspavientos la señora Camarero que todo esto pasa por la connivencia entre partidos políticos de izquierdas y activistas que tuvieron responsabilidades en los gobiernos progresistas que se pusieron en marcha en 2015. Y dice que todo esto es “ideológico”. Le ha faltado decir aquello de “usted haga como yo, no se meta en política” (eso recomendaba Franco a los embajadores extranjeros durante su ominosa dictadura). Pues claro que tenemos ideología (las ideas que nos han permitido, como dice Toni Poveda, hacer una “maravillosa revolución por las libertades sexuales”) y por supuesto que hemos hecho y hacemos política, desde el activismo, desde los partidos y sindicatos que han asumido nuestras reivindicaciones, desde nuestra vida cotidiana… por una razón muy simple “la política, la fas o te la fan” (Joan Fuster dixit). Y cuando es la derecha quien decide, la política que nos hacen nunca ha sido para reconocer derechos y respetarnos. ¿Acaso eso no es ideología? Claro que lo es. Es la ideología de discriminar, acosar y reprimir.

Como enunció Zygmunt Bauman, vivimos en una “sociedad líquida”. Y ese contexto es muy favorable al individualismo, la efervescencia, lo efímero (también en los movimientos sociales). Pero siempre he asumido con convicción la afirmación de Antonio Gramsci de que las “ideas no viven sin organización”. Estoy convencido de que para seguir progresando en derechos y bienestar, en justicia y solidaridad son imprescindibles movimientos sociales colectivos, estructurados, con vocación de permanencia y de trabajar más allá de lo inmediato. Por eso, cuando asistimos a esta estrategia de ataques, con premeditación y alevosía, para apropiarse de una reivindicación que nunca compartieron, a la que siempre que pudieron se opusieron, es muy conveniente analizar con rigor y sin frivolidad el contexto presente y recordar el pasado (esa historia que bien recoge València, t’estime, el reciente documental de Carlos Giménez) para que nadie manipule una lucha colectiva de muchos años que ha cambiado para bien la vida de millones de personas.