Acercándonos al paréntesis veraniego que nos permitirá coger impulso para afrontar un inicio de curso presumiblemente convulso, me dispongo a realizar un somero repaso de la actualidad, empezando por la internacional. La agenda sigue muy marcada por la guerra en Ucrania y el genocidio perpetrado por Israel contra la población civil de Palestina en la franja de Gaza. Lejos de normalizar la situación, seguimos llamando a la movilización para exigir una respuesta más taxativa de la comunidad internacional y mostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino. No dejamos tampoco de recordar que hay más conflictos armados a gran escala en Burkina Faso, Somalia, Sudán, Yemen, Myanmar, Nigeria o Siria. Ni que el Sahara sigue siendo territorio ocupado.
Un panorama que tendrá un impacto aún desconocido según el resultado de las elecciones de Estados Unidos y sus repercusiones a nivel europeo. Aunque ninguno de los candidatos plantea propuestas revolucionarias, no nos engañemos, el trumpismo puede traer consecuencias dramáticas para la estabilidad a escala mundial. Y es que la oleada reaccionaria se extiende, haciendo escala en Argentina, con la aprobación de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, o en la propia Europa, donde la derecha y la extrema derecha han crecido en votos. Destacable el fenómeno Alvise que ha obtenido, sin realizar campaña electoral al uso, más de 800.000.
La abstención ha superado el 50 %, cuestión que nos lleva a pensar que para la ciudadanía es un proceso electoral muy lejano de su día a día, cuando en realidad, más del 80 % de las cuestiones que se aprueban en Europa tienen una afectación directa en nuestro país. Cierto es que no ha habido debacle de las izquierdas, como algunos auguraban, o que en pocas semanas hemos visto cómo Meloni ha perdido las elecciones municipales en Italia, los conservadores han sufrido una histórica derrota en Gran Bretaña y el Nuevo Frente Popular ha desbancado al partido de Le Pen en Francia, signos que dan oxígeno a la democracia.
En nuestro país, la crispación política está eclipsando el debate de la situación económica y de la necesidad de encontrar respuestas a problemas reales de la ciudadanía como la vivienda, la calidad en el empleo o de los servicios públicos. La configuración del Gobierno no permite una estabilidad y mayorías holgadas para desplegar una agenda social amplia que nos haga ganar en derechos, dando continuidad a los grandes ejes de la legislatura pasada. En estas circunstancias, el diálogo social debería adquirir un papel preeminente. Son muchas las cuestiones pendientes, como la derogación de la Ley mordaza; dar continuidad a la reforma laboral, modificando la regulación del despido y la estructura de la negociación colectiva; reorientar las reformas en materia de Seguridad Social, para concretar la cotización por ingresos reales en el trabajo autónomo; reducir la jornada laboral; ampliar la protección de las personas desempleadas; continuar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para contribuir a la transformación del tejido productivo español; acordar una estrategia de cuidados y reforzar las políticas de igualdad.
Otro gran reto es el de la vivienda, cuya legislación ha quedado en papel mojado por su inaplicación en las comunidades autónomas gobernadas por la derecha. Y es que en nuestro territorio estamos sufriendo los efectos del cambio de ciclo. Las políticas públicas en importantes materias como la sanidad, la educación, la formación profesional, los cuidados o la vivienda, afrontan un reto decisivo para determinar si se da o no un avance social. De momento, el ritmo en las reuniones de las mesas del diálogo social es más que mejorable, ya que algunas ni siquiera se han convocado. Una muestra de que la voluntad política está más cercana a las palabras que a los hechos.
En cambio, podemos decir que la evolución del empleo es la mejor variable de la economía española. Somos el país de Europa que más lo genera, batiendo récords de cotizantes a la Seguridad Social. Ahora hemos de incidir en su calidad y seguir la hoja de ruta que el sindicato marcó este 1º de Mayo: empleo decente, reindustrialización, transición energética, fortalecimiento de los servicios públicos y un pacto estatal por los cuidados. El primer paso de esta estrategia pasa por una reducción de la jornada laboral sin merma salarial. Para exigirlo, si no hay avances, comenzaremos el curso con movilizaciones. Las amenazas de la patronal, que ya fallaron en sus predicciones apocalípticas de destrucción de empleo por las subidas salariales, y que pretenden bloquear los convenios colectivos, tendrán una contestación en las calles.