El puerto de València: los riesgos del progreso

Las decisiones adoptadas en relación con el puerto de València son un buen ejemplo de los riesgos que comporta el progreso entendido este como el crecimiento económico sometido al mercado y a las ganancias financieras. Las derivas de estas decisiones son muchas pero quiero detenerme en una en particular, la que trata sobre quién paga las consecuencias cuando esos riesgos potenciales se convierten, efectivamente, en efectos negativos reales. Cuando me refiero a pagar, me refiero a abonar con dinero la reversión del mal hecho, sean los costes por el incremento de la contaminación, la reducción del empleo, la desaparición de biodiversidad, la destrucción de un hábitat natural y otros costes consecuencia de daños de difícil, costosa o imposible reversión. El caso de la Plataforma Castor es un buen ejemplo de lo que pasa cuando se desoyen los avisos sobre los riesgos potenciales y que al final, una vez confirmados, su reversión es pagada por todos con cifras millonarias.

Ahora, con la construcción del futuro muelle del puerto, que supone un incremento de superficie de 137 hectáreas, -para que nos hagamos una idea, Ciutat Vella ocupa 169 hectáreas—, los riesgos potenciales de la mera construcción y de la actividad asociada sobre el medio ambiente son de la misma envergadura que los que produce el ya de por sí enorme puerto de València (540,32 ha, 13.232 metros de línea de atraque distribuidos en quince muelles, superficie a la que hay que añadir las 9.709 ha de las zonas de flotación). En este mismo diario ya se han publicado artículos e informes que describen los efectos negativos que tiene el actual puerto y los riesgos que supone la nueva ampliación. Estas publicaciones y otras de carácter menos divulgativo pero más científicas, son relevantes a la hora de determinar quién deberá pagar tales efectos cuando se produzcan. 

Lo más probable es que aquellos que están promoviendo y defendiendo con uñas y dientes pero sin ser los que deciden sobre la ampliación del puerto se acojan, llegado el caso, a la ley de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas para que sea el Estado quien asuma todos los costes, pero ¿Podrán decir que desconocían tales daños después de las evidencias científicas?. En la ley se prevé que la administración –es decir, todos los ciudadanos— es responsable patrimonialmente por daños derivados de los servicios públicos, lo que convencionalmente se llama “riesgos del progreso”, es decir, daños producidos por actuaciones o utilización y suministro de cosas, salvo cuando «tal peligrosidad se desconocía en el momento de su aplicación; y ello porque el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica que había en tal momento no advertía de la existencia de tales riesgos». Parece evidente que las administraciones públicas no van a apartarse de la «corriente de progreso» con el objetivo de excluir cualquier riesgo para evitar toda responsabilidad, especialmente de aquellos asuntos sobre los que sólo existen especulaciones. Pero este no es el caso de la ampliación del puerto de Valencia. Los riesgos sobre los que se está advirtiendo son medibles, constatables a priori, algunos de ellos irreversibles otros difícilmente evitables o a costes muy elevados por lo que nadie puede/podrá aducir que ignoraba lo que el conocimiento científico y técnico les está advirtiendo.

No podrán por tanto los promotores de esta ampliación apelar a que ni ellos ni el conjunto de la administración, estaban avisados por la ciencia y la técnica actual, de los efectos negativos y dañinos irreversibles que su decisión iba a ocasionar. Serán pues los que apoyen esta decisión por acción u omisión, los únicos que deberán asumir los costes que ello conlleve. El proyecto Castor costó al erario 1.350 millones por indemnizaciones de Enagas a la empresa propietaria de la concesión. La regeneración de 7 kilómetros de costa en las playas de L'Arbre de Gos, del Saler y Garrofera tiene costes presupuestarios multimillonarios consecuencia de las decisiones adoptadas hace décadas. ¿Cuáles serán los costes para evitar, minimizar o restaurar los efectos que ocasione la ampliación del puerto? Es difícil cuantificarlo, pero teniendo en cuenta experiencias anteriores no será poco.