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CV Opinión cintillo

Queremos clima y territorio, elegir es una trampa

4 de febrero de 2022 18:28 h

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Este fin de semana va a haber concentraciones de punta a punta del País Valencià, desde la Vall d’Uixo a Monòver, desde Camporrobles a Carcaixent, contra la instalación de megaplantas solares y en demanda de ampliar el autoconsumo antes de arrasar con el territorio. 

Serán una veintena de concentraciones que conectan con las que se están llevando a cabo por toda la geografía española. Atención porque el desarrollo de las energías renovables es tan urgente como susceptible de ser aprovechado para la especulación. De eso van las protestas. Los mismos que, en su día, hincharon la burbuja inmobiliaria hasta hacerla explotar, están hoy detrás de este desbocado proceso de instalación de megaplantas solares sin considerar adecuadamente su impacto territorial, sus consecuencias ambientales y sus derivadas sociales. Allá donde hace cuatro días proponían grandes urbanizaciones y campos de golf, hoy plantean mastodónticas instalaciones solares. 

Con un mínimo conocimiento de la realidad y desde la honradez y el sentido común es imposible poner en duda la necesidad de acelerar el proceso de transición energética como un puntal del nuevo modelo económico y social que la emergencia climática nos reclama. En cambio, lo que sí es perfectamente justificable es el cuestionamiento de cómo se está llevando a cabo este proceso y si, detrás de una iniciativa tan noble como necesaria, no hay, de nuevo, intereses económicos de cortísimo plazo que, al revés de lo que supuestamente se pretende, acabarán volviéndose contra el interés general. 

Villena, Elda, Chiva, Moixent, Zarra, Ayora, la Font de la Figuera, Picassent, Llombai, Cheste, Monòver, Montserrat… La lista de proyectos en marcha es interminable. Hay poblaciones que tienen hasta una docena de iniciativas en su término municipal, otras en las que se plantean instalaciones que hasta duplican las dimensiones de sus cascos urbanos o que se llevan por delante la mitad del terreno en cultivo agrario del municipio. La situación es insostenible y altamente peligrosa ya que todo el proceso adolece de un mínimo de planificación y de garantías para evitar perjuicios a nivel ambiental, económico y social. 

La necesidad de planificar este desarrollo de las megainstalaciones de placas fotovoltáicas responde a la obligación de proteger el territorio para evitar impactos negativos sobre los ecosistemas, la agricultura, el paisaje y la propia biodiversidad. En un mundo rural tantas veces olvidado y en proceso de despoblación, las ofertas económicas para desarrollar estas instalaciones están resultando tan irrechazables como en su día ya sucedió con las ofertas inmobiliarias.

No debemos tropezar de nuevo en la misma piedra. Este supuesto maná puede ser, otra vez, pan para hoy y hambre para mañana. La marginación de nuestros pueblos, de nuestras zonas de interior, de nuestra agricultura y nuestra ganadería no se resuelve haciéndola desaparecer bajo un mar de placas solares. Tenemos que ser capaces de ofrecer alternativas al desarrollo rural que también encajen con la transición ecológica y no tengan efectos negativos: favorecer, de verdad, la ganadería extensiva frente a las macrogranjas, apostar por la agricultura ecológica y garantizar su viabilidad económica, relocalizar los circuitos de venta y consumo, desarrollar los pagos por servicios ambientales, compensar económicamente el mantenimiento de nuestros bosques, poner en valor sus atractivos y garantizar el acceso a los servicios básicos en comunicaciones, educación, sanidad y cuidados. 

Claro que hay sitio para instalaciones solares de grandes dimensiones. Claro que las necesitamos para hacer efectiva la transición energética, la reducción de emisiones y la lucha contra el cambio climático. Por supuesto que estamos ante problemas que debemos enfrentar de manera rápida y decidida pero esta urgencia no nos puede hacer bajar la guardia, ni que caigamos en la trampa de los especuladores de siempre. A ellos no les importa la lucha contra el cambio climático, ellos sólo ven los beneficios en su cuenta de resultados. 

Reclamamos que se invierta en generación distribuida, en favorecer las comunidades energéticas, en acercar las instalaciones a los centros de consumo y en que no se hipotequen siempre las zonas de interior, en que se trabaje en la reducción de los consumos energéticos y en su eficiencia. Descentralizar la producción energética es democratizarla, y eso es lo que la Administración debe priorizar.

La transición en el campo de la energía es un puntal en el proceso general de transición ecológica pero es mucho más que cambiar los combustibles fósiles por energías renovables. Tiene que ver con un nuevo modelo productivo, con un nuevo modelo social, con cambiar nuestros hábitos de consumo, en definitiva, con cambiar el modo de vivir.  

Así pues le reclamamos a la Administración, hoy desbordada por el torrente de proyectos que tiene encima de la mesa, que pare, que abra una moratoria en el desarrollo de todas estas iniciativas para posibilitar que se redactan normas de gestión para garantizar que su desarrollo será compatible con la preservación del territorio y sus valores. 

En concreto, nos parece necesario que el Govern de la Generalitat revise el decreto 14/2020 de medidas para acelerar las instalaciones de renovables ya que parece más una oferta a la baja para atraer proyectos que una iniciativa para un desarrollo sensato de las energías limpias. Cualquier propuesta no puede ser considerada estratégica sin más, deberá justificarse. Cargarse las Declaraciones de Interés Comunitario para agilizar trámites y englobar todas las autorizaciones de forma conjunta e integrada es muy poco recomendable, igual que es un riesgo no prever cargas globales para el territorio. La normativa elude las fórmulas de precaución y considera que estas grandes instalaciones solares siempre serán compatibles con el suelo no urbanizable si no hay una previsión expresa al respecto. Es temerario. Además califica a priori todos los proyectos como compatibles incluso con las áreas de protección ambiental, desde Red Natura hasta Parques Naturales. La modificación es ineludible si no queremos reincidir en burbujas y pelotazos que ya hemos vivido. 

No se trata de decir no a las renovables, eso no se va a escuchar este fin de semana en ninguna de las concentraciones. Las personas que se manifiestan son sus más firmes defensoras. Lo que se pretende es garantizar que la defensa del clima no se hace en detrimento del territorio. 

La emergencia climática se combate con políticas globales valientes y responsables, que aseguren la reducción de emisiones pero que no perjudiquen nuestro entorno, ya que lo que estaríamos ganado por un lado lo perderíamos con creces por el otro. El desarrollo de las renovables tiene que ser rápido pero atendiendo al interés general y no impulsado por las ansias de beneficio económico de las grandes empresas. Si dudan, observen cómo son las grandes corporaciones tipo Endesa, Iberdrola o Naturgy las que, con sus ejércitos de abogados al frente, se publicitan más verdes y ecologistas que nadie. Curiosa transformación. Ellos, que son los máximos responsables del desastre en el que estamos, convertidos en adalides conservacionistas. Observen eso y desconfíen. Obsérvenlos y acudan a las manifestaciones. Hay mucho en juego.

  • Julià Àlvaro es coordinador de Alianza Verde País Valencià, Unidas Podemos.
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