Dos de quinientos

Dice la resolución judicial, textualmente, que “en modo alguno puede sostenerse más allá del espacio de la mera sospecha que los apelantes recibieron el dinero sucio propuesto y consumaron con esta acción el injusto típico característico del delito imputado”. Por ello, el auto del que ha sido ponente el presidente de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia, Pedro Castellano, concluye que no deben sentarse en el banquillo de los acusados la mayoría de los 49 concejales y asesores del equipo del PP cuando Rita Barberá era alcaldesa de Valencia para ser juzgados por el blanqueo de al menos 50.000 euros supuestamente procedentes de comisiones ilegales para la campaña electoral de 2015, como había decidido el juez instructor.

Para llegar a esa conclusión en la pieza A del caso Taula (hay una decena de piezas separadas en la causa), el auto judicial ha tenido que encadenar una serie de sofismas. Por ejemplo, que los imputados no tenían por qué conocer el origen delictivo de los dos billetes de 500 euros que, según la investigación, recibieron a cambio de ingresar 1.000 euros en una cuenta opaca del PP de València; que no da validez a ello el hecho de que algunas de las personas implicadas declinaran participar en la maniobra e incluso llegaran a devolver el dinero, o que una denuncia recibida en la fiscalía sobre el denominado pitufeo carece de fuerza como prueba debido a una jurisprudencia más bien improbable. La realidad, según la jurisprudencia, es que no evita que te juzguen el hecho de que hayas participado en una operación de blanqueo y alegues que no lo sabías, más cuando es bastante dudoso que en este caso se pueda deducir tan alegremente que haya ocurrido así.

“Bien podría ser que el origen del dinero fuese una 'donación' puntual de cualquier 'simpatizante' del grupo popular lo que, como es también notorio, sucedía a mansalva y era práctica de la generalidad de los partidos políticos”, se sostiene de forma asombrosa en otra resolución de la que que ha sido ponente José Manuel Mejía, que archiva también la imputación del PP como persona jurídica en ese mismo caso.

Teniendo en cuenta que las empresas contratistas aportaron al PP de Valencia para las elecciones del 2007 “la friolera” de 2,6 millones de euros, asume el auto judicial, que se refiere a las supuestas mordidas cobradas en diversas campañas electorales a sociedades que obtenían contratos del Ayuntamiento de València, cualquiera de las firmas, “bien podría haber aportado de nuevo”, especula el magistrado. “Esta es una alternativa de igual valor acerca del origen del dinero, que no debe ser descartada, por simple simpatía partidista y sin esperar nada a cambio ni pedirlo, lo que despejaría cualquier sombra de cohecho”.

Pero, como ha señalado la jueza Clara Bayarri, en un voto particular basado en el sentido común, la devolución de los dos billetes de 500 euros consta indiciariamente acreditada por una conversación telefónica intervenida por la UCO a la concejal María José Alcón, ya fallecida, por las declaraciones de los concejales Alfonso Grau y Alfonso Novo, por unas conversaciones de WhatsApp de varios asesores en las que se hacía referencia al asunto y por las testificales de cuatro trabajadores del grupo municipal que se negaron a participar en la operativa.

Aunque el que fuera mano derecha de Rita Barberá como vicealcalde, Alfonso Grau, y la secretaria del grupo municipal del PP, María del Carmen García Fuster, así como los responsables de dos fundaciones municipales, José Salinas y Juan Eduardo Santón, sí que se sentarán en el banquillo y aunque la investigación de la supuesta financiación irregular de las campañas del PP de Valencia en 2007 y 2011 sigue adelante (las anteriores campañas quedan al margen por la probable prescripción de los delitos), las resoluciones han impedido, gracias al singular talento argumentativo de algunos magistrados, que se esclarezca en un juicio la participación de varias decenas de concejales y asesores del PP en la maquinaria corrupta de la derecha local, con la recepción en negro de dos billetes de quinientos tras haber ingresado 1.000 euros, en el más naïf de los métodos de blanqueo. Un triste escándalo.