La respuesta negativa del Concejal de Movilidad Urbana, señor Carbonell, a la petición de València Acull para la universalización de los bonos de transporte, eliminando el requisito de “residencia legal en España”, aceptada por la EMT y por el Servicio de Movilidad Sostenible, que motivó que el Síndic de Greuges cerrara la queja planteada al respecto y que hubiera permitido que las personas que no tuvieran residencia , es decir, sin papeles, tuvieran acceso a los bonos de la EMT, me resultó tan extraña que me vi transportada a otros tiempo, en los que la autoridad se expresaba así. No había lugar a más justificaciones.
La petición de la universalización de los bonos de transporte efectuada por València Acull contaba con la adhesión del Síndic de Greuges y con el informe favorable de la EMT y con la no oposición del Servicio de Movilidad Sostenible, tras varios meses de discusión. Todo hacía pensar que el Ayuntamiento de València universalizara este derecho eliminando el requisito de residencia legal.
Hay una pregunta evidente del por qué no ha dado el Sr. Carbonell una argumentación precisa y razonada de su denegación: ¿autoritarismo o problemas económicos?. Quizá el hecho de que el Gobierno local suprimiera desde sus inicios la Concejalía de Cooperación y Migración pueda darnos una pista de su silencio. Si se hubieran dado las auténticas razones, no resultaría políticamente correcto. Si se atrevieron a suprimir dicha con concejalía en la capital de la comunidad que más migración está recibiendo de España, lo de ahora podía pasar desapercibido.
No son simples casualidades, son pequeños pasos en el objetivo de Vox, que ahora parece asumido por el PP, de poner todas las dificultades posibles a los migrantes hasta conseguir su desaparición. Parece desconocerse lo cientos de migrantes que trabajan, sin que ninguna inspección intervenga, o las miles de cuidadoras, a menudo sin papeles, y en general muy apreciadas por las valencianas. Si se tolera todo esto, por qué no permitir una bonificación imprescindible, sobre todo por las mujeres que suelen vivir en barrios alejados.
La ciudadanía suele desconocer los problemas de este gran colectivo porque no suelen salir en los medios. Esta sería una ocasión de solidarizarnos con los y las migrantes sin papeles y exigir que tengan los mismos derechos en el transporte público que gozamos los y las “residentes”.
Pensemos que el no poder pagar un billete imposibilita conseguir un trabajo al no poder costearse el transporte. Es un tópico que los valencianos somos abiertos, demostrémoslo una vez más.