Nunca fuimos ricos y hoy aún menos

Los gobiernos del Partido Popular que se sucedieron entre los años 1995 y 2015 al frente de la Generalitat Valenciana, además de una pesadilla para el sistema de bienestar social valenciano, que degradaron y privatizaron, y para la salud de nuestra democracia - cientos de cargos del PP valenciano han sido imputados como consecuencia de los casos de corrupción ocurridos en esas dos décadas – coincidieron con el retroceso en la convergencia económica. En 1996 el pib per cápita de los valencianos y valencianas se situaba en el 99,08% de la media española. En 2015 había descendido hasta el 87,5%. Se habían perdido casi doce puntos de convergencia con la media estatal en apenas dos décadas. En esos veinte años la Generalitat Valenciana fue un feudo del PP. En el gobierno central, en cambio, se turnaron el PP y el PSOE: los populares con Aznar, entre 1996 y 2004, los socialistas con Zapatero entre 2004 y 2011, y M. Rajoy, desde finales de 2011.

Fueron años perdidos para la modernización de la economía valenciana y para su incorporación al nuevo entorno digital. Y también para su transformación hacia un modelo de mayor resiliencia ante los efectos derivados del cambio climático antropogénico. No es casual que aquellas Comunidades Autónomas que en mayor medida han retrocedido en la convergencia estatal sean las que tienen un sector turístico de mayor peso porcentual. Sector, además, que genera puestos de trabajo precarios y mal retribuidos y de muy duras condiciones laborales.

También debemos recordar que el pib es un indicador que, aunque sigue siendo la referencia para instituciones oficiales y entidades privadas, está ampliamente cuestionado - desde ongs como Oxfam hasta por premios Nobel de Economía como Joseph Stiglitz - pues no incluye en su contabilidad las externalidades negativas. Un ejemplo: en el año 2007, de los más de 160 territorios que integran la Unión Europea, el valenciano era uno de los cinco que más incumplía los acuerdos derivados del Protocolo de Kyoto que limitaban las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Ese año en nuestro territorio habían alcanzado el 110%, (informe quinquenal sobre la situación del País Valencià de CCOOPV) con respecto al año base que era 1990. Muy por encima de lo que debía ser el objetivo de la GVA para cumplir con los acuerdos suscritos. Era, también, consecuencia de la apuesta por una economía basada en el cemento y el ladrillo. Por supuesto, la estadística eso no lo contempla en el dato oficial de 2007 de crecimiento del pib, que fue del 3,7%

Hubo más externalidades negativas. Se selló tanto suelo en esa etapa cómo en toda la historia anterior del País Valencià que liderò la artificialización de suelos entre 1992 y 2006 a nivel estatal (“Perfil Ambiental de España 2006” elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente con Cristina Narbona). El mismo informe recoge que esta ocupación se produjo ignorando el valor agrológico de  los suelos más valiosos para la vegetación natural o para la agricultura. Como pasó con l’Horta de València, los suelos clasificados en los tipos I-IV por la FAO fueron especialmente amenazados. La soberanía alimentaria de todas en juego para beneficio de unas pocas personas.

Los gobiernos del PP en la Generalitat Valenciana crearon el conjunto legislativo idóneo para depredar el territorio y convertirlo en una máquinaria de generar beneficios para el lobi del ladrillo, el cemento y el suelo urbanizable.

No es casual, que estos fueron los años de la corrupción sistémica del Partido Popular valenciano en todas las instituciones donde gobernó. Ni tampoco que las “donantes” a la caja B del PP de València fuesen todas – lo ha publicado recientemente el diariocv.es -, salvo Sepcosa y SAV, empresas del sector de la construcción, inmobiliarias o de la gran obra pública. Difícil saber si fue antes, el huevo o la gallina.

Es también obligado recordar que el último gobierno socialista valenciano del siglo pasado dejó una legislación (la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, que incluía la innovación, a nivel estatal, de la figura del agente urbanizador no propietario) que facilitó, en las peores manos, la privatización de la ordenación del territorio a través de los Planes de Actuación Integrada (PAIs). Fue el mejor negocio para los privilegiados que podían jugar al juego de la lotería recalificadora. Una de las consecuencias del protagonismo que adquirió el sector de la construcción fue la modificación de la estructura económica valenciana.

En consecuencia, con el impulso de las administraciones públicas, en 2008 la economía valenciana gravitaba sobre dos sectores: el turístico y la construcción. En realidad, en los años finales de la burbuja inmobiliaria valenciana, ambos sectores estaban conectados. Algunas propuestas, como los PAIs con golf, formados por unifamiliares con piscina y alejados de los núcleos urbanos consolidados, estaban orientados al comprador foráneo. El llamado turismo residencial (un oxímoron según uno de los grandes expertos en turismo como fue el sociólogo José Miguel Íribas) reunía todas las externalidades negativas del turismo y la construcción. Un pésimo negocio para la ciudadanía valenciana, pero muy rentable para las cajas B del Partido Popular y sus beneficiarios.

Tal y como habíamos advertido las organizaciones ecologistas y un número considerable de expertos, la burbuja inmobiliaria explotó a finales de 2008. La Comunitat Valenciana fue la segunda autonomía con mayor retroceso de su PIB en 2009 ( cayó un 4,3%). La debacle de la economía valenciana recayó sobre la ciudadanía que fue quién pago los costes. Una vez más, se había cumplido la que es la auténtica máxima neoliberal: privatización de los beneficios, socialización de las perdidas. Las consecuencias, incremento acelerado del paro, pérdidas de poder adquisitivo de los salarios de quienes conservaron el empleo, deterioro del conjunto del sistema de bienestar valenciano, paralización de inversiones básicas como las del transporte público…perduraron más de un lustro.

También supuso la desaparición de casi todo el sector público bancario valenciano. Solo Caixa Rural sobrevivió. A nivel estatal, se destinaron más de 60.000 millones de euros al rescate de las entidades bancarias quebradas. Para la ciudadanía, no hubo rescate alguno: se dispararon los desahucios. Debió ser la sociedad civil quien se organizará para hacer frente desde espacios como la Plataforma de Afectadas por la Hipotecas que evitó miles de desahucios de las personas más vulnerables. Aún así, decenas de miles de familias fueron expulsadas de sus hogares y quedaron en la mayor vulnerabilidad.

La pésima gestión de la crisis por parte de los gobiernos del PP y del PSOE, conllevo la pérdida de confianza en el sistema basado en el turnismo. La absoluta decepción de toda una generación con las políticas del bipartidismo tuvo como consecuencia, en 2011, la aparición del 15M que en pocas semanas se consolidó con enorme fortaleza. El cambio de ciclo producido en 2015, es, en parte, consecuencia del poso que dejó la impugnación del bipartidismo que movilizó a millones de personas en las plazas y calles en 2011. Pero también lo fue, en el País Valencià, de las movilizaciones llevadas a cabo desde 2007  por Compromís pel Territori para denunciar y detener la destrucción del patrimonio natural valenciano, o por los numerosos Salvem, como el que se constituyó en el Cabanyal o entorno al Jardí Botànic. Sin olvidarnos de la denuncia continúa de la corrupción del PP en la Comunitat Valenciana que había alcanzado una escala sistémica y que encontró en Mónica Oltra la voz que sí representa a la indignación ciudadana.

Los gobiernos del Botànic I y II tenían como tarea urgente recuperar la higiene democrática. Y como tareas prioritarias crear el sistema valenciano de bienestar dotándolo de unos servicios sociales dignos. También sentar las bases del cambio de modelo socieconómico: del depredador, poco eficiente y fallido heredado del PP, hacia otro resiliente, eficaz y sostenible medioambientalmente. Los obstáculos fueron infinitos. Los gobiernos estatales de M. Rajoy y Pedro Sánchez, como sus predecesores, continuaron dejando a los valencianos y valencianas sin los recursos suficientes para financiar el Welfare State valenciano. Los pilares del estado del bienestar - educación, sanidad, servicios sociales – se prestan desde la Generalitat Valenciana. Solo las pensiones son competencia estatal. Luego, la insuficiente financiación es una agresión contra quienes más necesitan de la función distributiva que debe desempeñar un gobierno.

Si ya en 2009 se aprobó un sistema de financiación de las CCAA del régimen común que era muy dañino para la ciudadanía valenciana, cuando caducó en 2014 su no revisión y la prolongación de este durante otros diez años, condujo a un mayor endeudamiento a la GVA. Pese a ese lastre, las políticas llevadas a cabo en el periodo 2015-2023 por los gobiernos del Botànic, revertieron la tendencia de pérdida de convergencia. Con datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2023, el pib per cápita valenciano había ascendido dos puntos, hasta el 89,7%, con respecto a 2015.

La complacencia de las delegaciones valencianas del PP y del PSOE, hacia sus lideres estatales, su nula reivindicación interna y externa - no vaya a ser que los jefes en Madrid se les enfadarán - explican la situación vivida desde 2009. En realidad, desde mucho antes. La solución no está en las cifras coyunturales a las que alude estas semanas la ministra de Hacienda.  Si este año las transferencias son mayores es porque lo son para todos como resultado de los mayores ingresos por recaudación de impuestos, pero seguimos siendo la autonomía peor financiada junto a la Región de Murcia. La solución debe ser estructural. Los parches, como las burbujas, acaban estallando.

Un apunte sobre recaudación de impuestos: no era, ni es cierto, que la presión impositiva sea en España de las más altas de la UE. Con datos de Eurostat de 2022, la media de la presión fiscal de la UE es del 40,2%, mientras que en España se sitúa en el 37,7%. El desafortunado, por incierto, “bajar impuestos también es de izquierdas” expresado por Zapatero, era innecesario.

Es cierto que, como en casi todo, hay grados. Y, el espectáculo de Camps conduciendo un Ferrari descapotable, acompañado de Rita, por el circuito urbano de Formula 1 de València, es de otra escala. Es tan descriptiva la imagen que, cuando la vuelvo a ver, me entra la duda de si será un meme generado por Inteligencia Artificial. Lamentablemente, no lo es. Nos decían que éramos ricos, cuando cada día estábamos un poco más empobrecidos y alejados de la media española. Y coló.  A cambio, los jefes madrileños de los gobernantes valencianos estaban muy satisfechos: un territorio “pobre” que aportaba a la caja común como si fuera rico. ¿Cómo era aquello del conde-duque de Olivares?

Nunca fuimos ricos, pero nos hicieron creer que sí lo éramos porque los que iban en ferraris descapotables lo eran. Exhibiendo sus lujos quisieron hacernos sentir que eran nuestros. Fue un espejismo que se prolongó gracias a las múltiples complicidades de todos los beneficiarios del entramado expoliador.  Se privatizaba y degradaba todo el sistema de bienestar valenciano y solo unos pocos elevaron la voz para reclamar una mejor financiación para los valencianos y las valencianas, porque otros sabían que su bienestar particular dependía del que mandaba en sedes madrileñas.

En Compromís, desde el primer momento, hemos dejado muy claro que la financiación justa – incluida la quita de la deuda injusta causada por esa misma infrafinanciación - es irrenunciable. Y lo digo como uno de los negociadores de los sucesivos acuerdos.

Ha llegado el momento en que cada diputado y diputada de esta tierra va a tener que elegir ente defraudar a los valencianos y valencianas para agradar a sus jefes en Madrid o responder a las necesidades de la ciudadanía valenciana con valentía. Veremos.