La ubicación importa, el tamaño también

El incremento de la conciencia social sobre la emergencia climática que vivimos innegable, quizás porque la urgencia de reducir las emisiones de Efecto Invernadero y la adaptación a la nueva realidad climática nos la recuerdan las olas de calor, la falta de lluvias o las lluvias torrenciales, y la virulencia de los incendios. Hay que acelerar, por tanto, la transformación del modelo energético hacia la descarbonización y el cambio del modelo productivo.

El sol, fuente energética clave, rentable y a la que el PP le llegó a poner un impuesto, forma parte de la solución pero bien gestionado, porque resulta un objetivo contradictorio tratar de salvar el medioambiente a costa de seguir destruyendo porciones del planeta. No tiene mucho sentido sustituir tierras agrícolamente fértiles por grandes instalaciones fotovoltaicas, ni hacer lo mismo con espacios naturales que aportan evidentes beneficios ambientales y que son tan necesarios como la producción de energía renovable. La ubicación es importante. El tamaño de las instalaciones fotovoltaicas, también.

¿Y cómo podemos compatibilizar la adaptación energética, su ubicación y dimensiones y al mismo tiempo evitar impactos innecesarios?... para ello disponemos de instrumentos básicos como la recién aprobada Ley Valenciana de Cambio Climático y Transición Ecológica, que prevé la necesidad de establecer una “planificación de las instalaciones destinadas a la producción de energías renovables”. Y en ello estamos.

El mapa valenciano

Para ello, se ha trabajado conjuntamente desde la Generalitat, a través de las competencias de Transición Ecológica, Agricultura, Medio Natural, Paisaje y Cultura, en la elaboración de un “Mapa de Zonas de Desarrollo Prioritario”, específicamente dirigido a la instalación de fotovoltaicas con criterios de prioridad.

El reto es agilizar una planificación en positivo para facilitar el procedimiento de instalación, indicando al mundo empresarial del sector las ubicaciones más adecuadas. Decidamos nosotros donde y no tanto las empresas. Un ejemplo son espacios ya degradados como son las canteras, graveras, minas y vertederos o los polígonos industriales.

Soberanía alimentaria e hídrica

El Mapa de Zonas de Desarrollo Prioritario incluye criterios de exclusión que se refieren a la defensa del territorio, de nuestro paisaje y de la agricultura. Entre estas prioridades está evitar cualquier afección a nuestros recursos hídricos y también de nuestro patrimonio cultural, garantizando la distancia necesaria respecto a la ubicación de las instalaciones fotovoltaicas.

Los proyectos “agrovoltaicos”, en los que se hace compatible el desarrollo agrícola con las energías renovables, son del todo interesantes para avanzar en la soberanía alimentaria con soberanía energética.

En un momento en el que el cambio climático ya está afectando a las cosechas, tenemos que proteger aún más el sector primario agrícola que nos garantiza la soberanía alimentaria, cultivos clave para hacer frente a la despoblación del mundo rural y un elemento fundamental en la prevención y defensa frente a los incendios.

En el contexto actual de emergencia climática, una de las batallas irrenunciables es la preservación de la biodiversidad. Es necesario evitar cualquier afección a los espacios naturales protegidos, incluidas las reservas de caza y pesca y los refugios de fauna. Protegiendo el territorio protegemos nuestro futuro.

Territorio y energía

No sólo es importante determinar dónde instalar o no las plantas fotovoltaicas, su tamaño también importa, y mucho. Es evidente que a más megavatios mayor será la potencia instalada, pero las características de nuestra geografía abrupta y parcelada, donde conviven la agricultura y una biodiversidad única requieren un trato diferente a otros territorios para respetar la integridad de nuestro paisaje.

En estos días en que todo es urgente y lo queremos todo “para ya”, una administración responsable debe pensar también en el futuro. Cualquier decisión requiere la evaluación de sus consecuencias, por ello el equilibrio entre la protección de la naturaleza, el patrimonio agrícola y cultural y la implantación de las instalaciones renovables nos debe guiar en las decisiones que adoptemos.

Territorio y energía son dos partes de una misma solución, porque la transición energética ha de ser justa, social y un elemento que garantice un futuro común como parte de una solución a un problema global.