En un momento en el que tantas familias han perdido todo lo que tenían en sus hogares, la crisis de la vivienda recobra máxima actualidad. ¿Qué va a ser de las personas que no podrán afrontar las pérdidas? Si es vivienda propia y tienen que seguir pagando la hipoteca, ¿cómo hacerlo si no podrán ni asumir los gastos de todo lo que ha sido destruido por este tsunami? Y quienes estaban en una vivienda de alquiler, ¿cómo seguir pagándolo?
Nos sobrecoge la situación de extrema gravedad por la que atraviesa nuestra tierra; estamos de luto por las personas que han perdido la vida y por sus familias, al tiempo que nos enorgullecemos de la grandiosa solidaridad de nuestra gente.
No podemos decir lo mismo de las autoridades, estatales y autonómicas, cuya inoperancia, cuya incompetencia, ha multiplicado las consecuencias de la catástrofe. Las rivalidades políticas son más fuertes que la necesidad de tomar medidas urgentes y absolutamente urgentes y necesarias.
Recientemente, la sociedad civil se alzó en bloque contra el gravísimo problema de la vivienda.
Sí. La vivienda está en crisis en todo el país. Y ahora, en nuestros pueblos y barrios, se ha ahogado. Literalmente.
Poco antes de nuestra terrible riada, las calles vieron multitud de concentraciones y manifestaciones en todo el país.
¿Por qué?
Porque en mayo de 2023 entró en vigor la primera Ley Estatal de Vivienda tras más de un año de negociaciones entre grupos parlamentarios.
Y hay adelantos, cierto: medidas como el control del incremento de precios de alquiler, la promoción de más vivienda social, el aumento de la protección de personas vulnerables en los procesos de desalojo (es decir que personas sin recursos tengan una vivienda alternativa garantizada).
Pero, ¿dónde están los escollos? En que la competencia en materia de vivienda es de las Comunidades Autónomas. En que no se han establecido porcentajes mínimos de crecimiento de vivienda social. En que no se blinda el carácter social de las viviendas para garantizar que este parque público esté disponible para las personas más vulnerables. En que los precios de los alquileres se van a la estratosfera y los jóvenes, y no tan jóvenes, se ven obligados a seguir viviendo con sus progenitores o a compartir vivienda, ya que hay que dedicar la mayor parte del sueldo a pagar el alquiler.
Se nos olvidan las leyes, las promesas, los compromisos, las declaraciones…
¿Oiremos más promesas por la destrucción que la riada ha provocado?
Seguro. De eso no falta nunca, pero prometer no es dar trigo.
Pero, ¿terminarán como las promesas de La Palma?
Se olvida que la vivienda forma parte de los derechos contenidos en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Parece que también la Carta Social Europea Revisada, en su artículo 31, que establece la obligación de los Estados de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda y para ello favorecer el acceso a la vivienda de una calidad suficiente.
Y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE del año 2000 que reconoce el derecho a una ayuda de vivienda a quienes no dispongan de recursos suficientes.
Pero no hace falta irse tan lejos. Nuestra Constitución, en su artículo 47, protege el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
¿Cómo no vamos a congratularnos por la entrada en vigor de la Ley Estatal de Vivienda? Pero no vemos en ella un sistema de inspección que asegure su cumplimiento ni un régimen sancionador para su incumplimiento.
¿Es cierto que se van a contener los precios? ¿Se va a garantizar que las personas vulnerables puedan trasladarse a una vivienda digna en el proceso de desalojo? ¿De verdad va a crecer el parque de vivienda social?
Incertidumbres.
La Ley era necesaria, pero es insuficiente por sus lagunas.
Los precios de los alquileres deben contenerse, se debe impulsar un Plan Estatal de Vivienda Pública, contener las licencias de pisos turísticos…
Valencia se sumó a las manifestaciones en toda España.
Ahora está sumida en la entrega a las personas que se han quedado en la calle, no tiene tiempo para políticas, solo para palas, botellas de agua y bolsas de comida. Para echarle fuerza y ganas de ayudar y socorrer. Y es lo que están haciendo, por miles.
El 19 de octubre miles de valencianos se manifestaron con el lema “València s’ofega” (Valencia se ahoga). ¿Quién nos iba a decir que sería una afirmación literal?
Cerca de 200 colectivos secundaron la movilización que recorrió el centro de la ciudad. La Delegación del Gobierno estimó la participación en unas 15.000 personas. El lema rememora la riada de 1957 en la ciudad: una metáfora de la subida de los precios y la “inundación” de apartamentos turísticos. Y, de nuevo, estamos sumidos en otra riada.
Es importante contar con la Ley Estatal de Vivienda, pero no podemos contentarnos con su contenido. Y menos ahora. Las reivindicaciones sociales por sus carencias continúan. Deben continuar. Y lo harán.
La consideración de la vivienda como un derecho y no como una mercancía está en la base de todas las reivindicaciones.
Y ahora, más que nunca, en nuestros barrios y pueblos.
Acción eficaz, por favor. Es urgente.