En Orihuela, al menos en política, todo es posible: la ciudad concentra alrededor de un tercio de las investigaciones abiertas por corrupción en la Comunitat Valenciana, cuatro de sus siete alcaldes desde 1997 han sido condenados o imputados por delitos de esta naturaleza y, ahora mismo, la mitad de concejales del PP está siendo investigado por los tribunales.
A pesar de ello, los populares impulsan una moción de censura contra el gobierno municipal, con un alcalde de Los Verdes sostenido únicamente por el PSPV. El Centro Liberal Renovador-Claro dejó el gobierno después de que se le retiraran las competencias a su edil de turismo. El PP sólo necesita un voto para recuperar el poder, pero, de momento, sus dos intentos de moción de censura han fracasado.
Sin líneas rojas
Los intentos de moción de censura han sido aplaudidos por el PP y el mismísimo presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que validó el intento de aupar a la alcaldía a Pepa Ferrando, la presidenta del partido en Orihuela. Ésta, acaba de ser imputada por supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales y posible cohecho. El juez ha detectado anomalías en su gestión como concejal de Turismo de los alquileres y montajes de las instalaciones de Fitur, la Feria Internacional de Turismo, entre 2008 y 2011.
Nada extraño en Orihuela. La anterior alcaldesa del PP, Mónica Lorente, ahora concejal, está imputada por el caso Brugal, la trama político-empresarial para controlar el negocio de la basura que ya va por 40 imputados. Y sus antecesores, también del PP, han sido condenados. Juan José Medina, por prevaricación en un caso urbanístico, y Luis Fernando Cartagena, conseller de Obras Públicas con Eduardo Zaplana, por malversación de caudales públicos.
Los concejales del PP tampoco están libres de sospecha. Seis de ellos, el 50% de la representación, están imputados: Además de Ferrando y Lorente, otros tres de ellos por el caso Brugal: David Costa, Araceli Villena y José Manuel Cutillas. El sexto, Roberto López, ha sido condenado por una falta de lesiones leves y amenazas durante una refriega en las fiestas de una pedanía.
Sin embargo, tal como sucede en Alicante, donde la alcaldesa Sonia Castedo hasta recibe cariño pese a sus líos judiciales, la línea roja de Fabra se destiñe en Orihuela, aparentemente, el paraíso de la corrupción. El PSPV hasta disolvió su agrupación local cuando era liderada por el exalcalde Francisco García Ortuño, ahora también imputado por el caso Brugal.