Durante 14 meses, todos los grupos parlamentarios de Les Corts hemos trabajado enérgicamente para alcanzar un acuerdo, un pacto desde el que poner en pie políticas capaces de enfrentar la violencia contra las mujeres. Como se dice en la declaración que antecede el acuerdo, se trataba de “asegurar un pacto autonómico contra las violencias machistas que implique, más allá de todos los grupos parlamentarios, a todas las administraciones públicas y a los agentes sociales, culturales, medios de comunicación y organizaciones sindicales y empresariales de nuestra comunidad. Un pacto imprescindible para afrontar el cambio profundo, cultural, político, social, económico y educativo que requiere la apuesta por la igualdad y el final de la violencia de género”.
Con este texto se encabeza el informe que ayer fue aprobado por la Comisión de políticas de igualdad de género y LGTBI.
Un acuerdo histórico, una acuerdo estructural, alcanzado tras profundos debates entre los diferentes grupos parlamentarios en Les Corts que ha contado con las aportaciones de personas expertas, algunas provenientes de la universidad, otras activistas del movimiento feminista, juristas, mujeres supervivientes de la violencia, expertas en educación, en seguridad, en políticas de género, en políticas sanitarias y laborales.
Hemos repasado la legislación y los límites e incongruencias de algunas disposiciones, hemos considerado las propuestas, los conceptos y hemos analizado los problemas derivados de la falta de recursos suficientes y de coordinación de las instituciones implicadas en atender las políticas contra las violencias a pesar de reiterar su necesidad en repetidos acuerdos y diagnósticos.
La violencia es la expresión más feroz de las discriminaciones y desigualdades múltiples que padecen las mujeres y las niñas en nuestra sociedad.
Frente a ella, hemos alcanzado un pacto básico, tan simple como fundamental porque desde ese planteamiento se pondrán en pie unas u otras estrategias. Ahí también ha habido acuerdo: resulta tan esencial fortalecer y unificar los recursos existentes para prevenir, detectar y atender a las mujeres víctimas de violencia machista como desarrollar políticas destinadas a cambiar la base que promueve la desigualdad. La violencia refuerza la desigualdad y la alimenta.
Hemos de asegurar --dice el preámbulo del pacto-- la prevención “a partir de una educación en igualdad y de una llamada al compromiso de todas las instancias sociales y de todos los poderes, incluidos los medios de comunicación, para afrontar las violencias machistas y la desigualdad como un reto colectivo. Es urgente plantearse una tarea de largo alcance con políticas dirigidas a la base de la desigualdad y de la discriminación que enfrenten desde la raíz la violencia”.
La reflexión que ha abordado esta subcomisión se propuso mirar lejos para erradicar la violencia machista partiendo de que los derechos de las mujeres son derechos humanos, una verdad que queda tantas veces desdibujada.
“Reconocemos que la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres está basada en el género, y que es uno de los mecanismos sociales cruciales por los que se mantiene a las mujeres en una posición de subordinación con respecto a los hombres; hay que decir que la violencia existe porque existe la discriminación”, se afirma en el documento.
Reconocemos la importancia central de las opiniones y aportaciones de las mujeres que fueron víctimas de la violencia y que la superaron o están en el proceso de lograrlo, a la hora de evaluar los procesos y recursos desplegados desde las diferentes instancias.
Hemos querido también reconocer el inmenso esfuerzo puesto en marcha por el movimiento feminista y por las diferentes iniciativas legislativas que en Madrid y en Valencia han construido y tratado de mejorar una estructura que dé respuesta a las violencias de género.
En este camino hay una red construida y muchas personas comprometidas con la igualdad. A todas ellas, nuestro agradecimiento.
Queremos señalar que afrontamos este primer paso para el pacto autonómico contra la violencia machista con esperanza y con la convicción de proponer soluciones posibles, sabiendo que acabar con la violencia es acabar con las causas de la violencia. Se trata de detectar la violencia, a los responsables y tender puentes con las víctimas y supervivientes para que puedan dar un giro a sus vidas. Se trata de dejar de señalar a las mujeres como causantes de la situación en la que se encuentran. Y señalar aquellos aspectos de la sociedad que legitiman esta desigualdad.
Hemos propuesto 187 medidas que esperamos sirvan de columna vertebral para el compromiso con los demás agentes sociales y económicos. Agradecemos también las aportaciones realizadas desde la sindicatura de Greuges, en su reciente informe, tan valioso.
Como se dice en el texto del acuerdo: “Estamos frente a un grave y profundo conflicto social; la violencia machista la sufren las mujeres, es una tragedia para las mujeres pero es un problema de los hombres que hemos de afrontar colectivamente y de manera urgente”.
En ello estamos y necesitamos todos los esfuerzos, todos los recursos, todas las energías.
Por Llum Quiñonero, presidenta de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género y del Colectivo LGTBI de Les Corts Valencianes