Dos profesores de dos zonas de España tan lejanas como la Comunitat Valenciana y Cantabria acreditan que el fraude a gran escala en los cursos de formación para parados de las administraciones autonómicas que financia la Unión Europea ha sido generalizado. Pese a los 880 kilómetros que hay entre Alicante y Santander, un audio y un contrato opaco sellados a orillas del Cantábrico y el Mediterráneo confirman el cobro de “mordidas” por parte de academias de acreditación a los salarios de sus profesores autónomos.
La Fiscalía Anticorrupción ya investiga des del mes de noviembre de 2018 esta macrotrama y para sus pesquisas cuenta con abundante documentación, audios y más papeles que podrían acreditar el presunto fraude y que podrían incrementarse por las aportaciones de decenas de docentes y exprofesores que han denunciado estas prácticas a eldiario.es. La denuncia inicial la presentó la Agencia Antifraude valenciana que sospecha que se podrían haberse cometido o estar cometiéndose los delitos de fraude en subvenciones, falsedad y malversación de caudales públicos. En estos momentos, más de un treintena de academias de toda España están en el punto de mira.
El modus operandi que revela este periódico con audios y documentación es sencillo. La academia paga a los profesores sus cuotas de autónomos -lo que podría plantear otro delito contra la Seguridad Social- y 17 euros brutos por hora de curso de formación. Por su parte, el profesor factura al centro de formación entre 35 y 50 euros para que lo pueda justificar ante la administración, que por ley obliga a gastar el 40% de las ayudas de la UE en salario docente.
Para que puedan justificar ante la administración autonómica las mordidas entre los 17 euros que cobran y los 40 o 50 euros que facturan, las academias imparten a los docentes cursos ficticios de “seguridad laboral” o “gestión” y se los cobran. Así, el pago de dinero negro del profesor hacia la academia se “legaliza” con esta formación que nunca se produce, pese a que se llegan a entregar hasta diplomas como el que recibió Juan Carlos Aparicio, que ha contado su caso a eldiario.es.
Por otra parte, el audio que se reproduce en esta información es de 2013 y en él se refleja la negociación entre el directivo de un centro de formación de Alicante, que además forma parte de la patronal provincial y habla en nombre de otras academias, con un profesor que es uno de los denunciantes que han provocado la investigación de la Agencia Antifraude valenciana y la Fiscalía Anticorrupción.
El director del centro le explica que todos los profesores cobran “autónomo, más 17 euros brutos”. Es decir, el coste del autónomo del profesor corre a cargo de la academia. El docente le replica que otros centros pagan 14 euros la hora y que no puede ser “que paguen catorce euros y tengamos que facturar 50”. El profesor le contesta que podrán ofrecerles algún curso para que puedan devolver legalmente el dinero.
“Tenemos que ver lo que me tendrían que facturar. El año pasado 'Micro' fue entre 35 o 40 mil euros, que sale a unos 45 o 50 euros la hora”, calcula el director del centro. El profesor replica que “hay bastante diferencia”. “Lo que hay que ver es con facturas, dándote cursos por ejemplo de orientación laboral, control y calidad, hay tres o cuatro, cuánto podemos rebajar de esto de aquí (en referencia al desfase entre lo que cobra y lo que factura)”, propone en director del centro alicantino.
El docente contesta y plantea los problemas que puede tener con Hacienda si declara 70.000 euros cuando en realidad no han percibido esa cantidad. “Si facturo 70.000 y Hacienda me dice que tengo que devolver 4.000 es un problema”, afirma el profesor. “Yo lo que hecho alguna vez es ayudar algo, unos 500 euros, pero todo seguro que no”, le propone el representante del centro. Una indemnización por la sobrefacturación que la Agencia Tributaria grava por la alta facturación de estos profesores.
Una situación calcada a esta grabación la vivió Juan Carlos Aparicio con un centro de formación cántabro. En un primer momento la empresa le hacía firmar un contrato en el que el precio por hora de clase era de 45 euros brutos.
El mismo día y en otro contrato privado, la misma empresa y el mismo colaborador firmaban el mismo contrato en el que el profesor cobraba 25 euros brutos por hora de curso, en una formación que duró 50 horas, la cantidad que realmente se quedaría.
La diferencia, 20 euros brutos por hora, la tenía que devolver a través de un curso ficticio de “Ergonomía y ambiente físico en el lugar de trabajo”. En total, 20 euros por 50 horas, 1.000 euros acreditados por factura. Según Aparicio, el curso nunca se celebró y fue un mero paripé para justificar ante la administración ese ingreso. El centro dio al docente hasta un diploma de reconocimiento y este periódico tiene en su poder la factura que tuvo que realizar y que se presentó ante la administración y ante la Agencia Tributaria.
La denuncia de este fraude revelada por eldiario.es ha provocado un aluvión de denuncias de profesores que aseguran haber sufrido este tipo de prácticas. No es difícil tampoco encontrar estos relatos en foros profesionales que, con anónimos, se quejan amargamente de tener que devolver grandes cantidades de dinero.
“Mostramos nuestra total oposición y preocupación por las prácticas que se narran en eldiario.es porque, aunque no son prácticas generalizadas, contaminan a un sector que lleva años trabajando para impulsar una formación de calidad que mejore la empleabilidad de los ciudadanos”.
Así se ha pronunciado la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación (AEGEF) ante la información de que la Fiscalía Anticorrupción investiga un fraude a gran escala en los cursos de formación a parados centrado en la manipulación del salario de los profesores para que una parte revierta en las academias.
“Nuestra asociación aplica un código ético si se identifican malas prácticas que contempla la expulsión de las empresas que no respeten el mismo”, añade la asociación en un comunicado, que concluye: “Desde hace años sostenemos que, como sucede en todos los sectores productivos, la Administración debe centrar el foco en que la formación impartida sea de calidad y redunde en la mejora de la empleabilidad de los trabajadores desempleados, garantizando al tiempo que todas las empresas intervinientes cumplen, en lo que a la relación laboral con sus empleados respecta, lo establecido en el VIII Convenio Colectivo de Enseñanza no Reglada, suscrito por la patronal y los sindicatos CCOO y UGT”.