La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Valencia exige al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y a la alcaldesa de València, Maria José Catalá, medidas contundentes e inmediatas para frenar los desahucios. La plataforma denuncia que “es absolutamente incomprensible e inaceptable la permanente agresión contra el derecho a la vivienda de miles y miles de personas”.
El colectivo valenciano advierte de la inminencia de cuatro desahucios en la ciudad la próxima semana: el de Lola; una mujer con dos hijos de 3 y 6 años, el día 15; el de Ramón y Carmen, dos octogenarios y con un estado de salud delicado, el día 16 de este mes. La plataforma reclama acciones efectivas como el 'programa Llogad', que consiste en que las administraciones sean titulares de un contrato de alquiler de la vivienda de familias vulnerables, que se subroguen las familias pagando estas hasta un 25%-30% de sus ingresos y haciéndose cargo las Administraciones del resto hasta el pago de una cantidad inferior a la del precio de la vivienda pública de media estatal.
Al margen de los responsables públicos, la PAH considera que “debe ser responsabilidad de todos los partidos conseguir el derecho humano y constitucional a tener un hogar adecuado en un barrio y ciudad que se abra y se vincule a las personas que en ellos vivimos, antes que toda veleidad turística o especulativa”.
En el caso de Lola, separada y cabeza de una familia monomarental, la PAH indica que está inscrita como demandante de empleo en el Servicio Valenciano de Ocupación y Formación; actualmente no está realizando ninguna actividad formativa y se encuentra en búsqueda activa de empleo. Los ingresos económicos de esta unidad familiar estaban vinculados a las ayudas concedidas, en concreto a la Renta Valenciana de Inclusión Social Social que alcanza los 900 euros. Su piso era titularidad de su exsuegra, donde convivió con su expareja hasta después de la pandemia. Su piso era propiedad del Banco de Sabadell y se vendió a Promontoria Coliseum, aunque la plataforma asegura que la gestión seguía realizándola Solvia, la inmobiliaria de este banco.
En el caso de Ramón y Carmen, un matrimonio de 78 y 80 años, ambos enfermos y con necesidad de atención domiciliaria, tuvieron que solicitar una hipoteca sobre una vivienda ya pagada para hacer reformas y adaptarla a su situación de salud. Por su edad, llegan a un acuerdo con un familiar para que este realice la hipoteca y tenga la vivienda a su nombre mientras el matrimonio sigue residiendo en el inmueble. Siempre según la plataforma, cuando el matrimonio no puede hacer frente a las cuotas el Banco Sabadell promueve la demanda, realiza una subasta y se hace con la propiedad de la vivienda para después venderla a un fondo buitre, que ejecuta el desahucio sin posibilidad de alquiler asequible para la pareja.