El Parlamento valenciano estudia la viabilidad de reducir parte de las retribuciones de los diputados autonómicos mientras la actividad parlamentaria presencial no se desarrolle. La Mesa de las Corts Valencianes, que celebra reuniones telemáticas pese a la suspensión de periodo ordinario de sesiones, ha encargado a los servicios jurídicos un informe sobre cómo podría realizarse la retención en las nóminas.
Los grupos parlamentarios han planteado distintas alternativas para la renuncia a estos complementos, que se asignan en función de la residencia habitual de los parlamentarios. Según explican fuentes parlamentarias, al no tratarse de un cambio en la retribución sino una renuncia a parte de los complementos fuera del periodo ordinario, el mecanismo se complica.
Por el momento, los servicios jurídicos han expresado sus dudas sobre cómo aplicar esta retención, que requeriría de un acuerdo conjunto de los grupos, así que estudiarán la medida junto a los servicios económicos de la Cámara. Los servicios de la cámara creen que es una decisión que deben adoptar los diputados y no la institución, aunque informarán el próximo martes a la Mesa sobre las distintas posibilidades.
Un conflicto similar se planteó cuando los diputados de Unidas Podemos acordaron no cobrar más de tres veces el salario mínimo por sus responsabilidades políticas. En ese momento, los servicios de la cámara consideraron que eran los propios diputados los que deberían destinar el excedente al fin que considerasen, no las Corts quien lo regulara.
No obstante, los grupos consultados por este diario barajan otras vías, si la cámara no puede adoptar la medida, como hacer una renuncia individualizada o donar el excedente del salario. Los diputados reciben como indemnización por ejercicio de sus funciones una cuantía fija, que depende de la distancia de su domicilio a la cámara autonómica, un asignación de entre 300 y 900 euros al mes. Si los 99 parlamentarios renunciaran a este complemento durante el mes que está previsto dure el confinamiento, la cifra oscilaría entre 29.000 y 89.000 euros.
Las propuestas son distintas en función de cada partido. Unidas Podemos ha planteado una reducción del 50% de su salario en los dirigentes con cargo en la formación; medida que en el ámbito valenciano afectaría a su síndica, Naiara Davó, que defiende “la misma propuesta para los cargos de las Corts”. La formación morada plantea, igual que Ciudadanos, que los diputados no cobren la indemnización por ejercicio de su función mientras no haya actividad. Su portavoz, Toni Cantó, planteó el pasado lunes que la medida “se aplique con carácter retroactivo desde el pasado 14 de marzo, dado que las Corts no abren sus puertas desde hace varias semanas”.
La medida es similar a la planteada por Compromís, cuyo síndic, Fran Ferri, pide que se renuncie a este complemento y se destine los importes a sufragar gastos de la Generalitat Valenciana “vinculadas a la asistencia sanitaria, la salud pública y la asistencia sociosanitaria derivadas de la crisis provocada” por el coronavirus. Por su parte, los diputados socialistas han anunciado que renuncian a cobrar la indemnización por el ejercicio del cargo. Los 27 parlamentarios han acordado que esa cantidad se donará a entidades de carácter social que están trabajando para paliar las graves consecuencias sociales que está generando la crisis del coronavirus.
Por parte del PP, se ha acordado a nivel nacional que sus cargos públicos donen parte de su sueldo a un fondo común destinado a la lucha contra el virus. Los diputados de Vox anunciaron la renuncia el pasado lunes, como hizo Ciudadanos, en un escrito presentado en la Mesa donde solicitan que sea efectiva desde el inicio del estado de alarma hasta el final.