La pericial de Antifraude confirma que el alcalde de Orihuela cobró sin trabajar de la Sanidad pública mientras mantenía su clínica privada

La situación del alcalde de Orihuela, el popular Emilio Bascuñana, se complica cada vez más. El informe pericial encargado por la jueza que instruye el caso a la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), una opción de auxilio judicial expresamente recogida en el reglamento del organismo, confirma con contundencia que Bascuñana se tiró seis años cobrando como asesor de la dirección territorial de la Conselleria de Sanitat en Alicante sin acudir a trabajar.

El informe, según han confirmado a elDiario.es fuentes cercanas al caso, repasa la documentación de la Conselleria de Sanitat sobre la plaza de asesor a la que estuvo adscrito el alcalde del PP, así como las nóminas que cobró en aquel periodo. La pericial, encargada por la instructora al organismo que dirige Joan Llinares, se ha realizado con urgencia por parte de investigadores de Antifraude y está incorporada al sumario del caso.

Las conclusiones del informe coinciden con los informes internos de la Conselleria de Sanitat que señalan que no queda rastro alguno del supuesto trabajo de asesoría de Bascuñana. De hecho, la propia consellera de Sanitat, la socialista Ana Barceló, confirmó en sede parlamentaria que la revisión de la documentación interna de su departamento no encontró indicio alguno de que el actual alcalde de Orihuela diera palo al agua mientras cobraba un sueldo público.

El alcalde, uno de los principales abanderados de la campaña del PP contra la reversión del Hospital de Torrevieja, en manos del Grupo Ribera Salud, conserva el accionariado de su clínica privada en la que colocó a su cuñada de administradora mancomunada justo antes de ser elegido primer edil. Bascuñana conserva el 25,5% del capital de Clínica La Siesta SL. El 25 de mayo del 2014, un año antes de las elecciones municipales que lo convirtieron en alcalde de la localidad alicantina, Bascuñana cesó en su empresa y colocó a María de la Luz Soriano Zerón, su cuñada, como administradora mancomunada junto a su socio, el doctor Sergio Vera Pérez, director médico de la clínica.

En el periodo zombi, entre el 1 de noviembre de 2007 y el 7 de enero de 2014, Bascuñana cobró sus emolumentos de la Sanidad pública mientras conservaba el accionariado de la clínica privada, sin que quede rastro documental de su producción en materia de asesoría. “No se ha encontrado ningún documento descriptivo de las funciones supuestamente encomendadas, ni el objeto, ni el contenido, ni la misión del trabajo. No hay constancia entre los funcionarios consultados de que el doctor Bascuñana hiciera acto de presencia física en la D¡dirección territorial de Alicante, ni tienen constancia de su paso por ella”, aseguró Ana Barceló. El doctor Bascuñana ni siquiera pidió vacaciones, bajas o 'moscosos' en aquel periodo.

Informes “orales”

El primer edil oriolano defiende que sus informes eran “orales”, razón por la cual no habría quedado archivado el resultado de su supuesto trabajo. La defensa de Bascuñana, que ejerce el letrado Ricard Sala, intentó en vano anular la petición de auxilio judicial por parte de la instructora a Antifraude. Los informes de la AVA suelen ser muy documentados (los funcionarios que componen la agencia conocen a fondo los recovecos de la administración) y han servido para apuntalar causas judiciales por corrupción, como el 'caso Erial'.

La defensa de Bascuñana interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) pero la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo le dio un revés al considerar que no era de su competencia. La solicitud del informe pericial a Antifraude “se emite en el seno de un procedimiento penal como consecuencia de la solicitud emitida por un Juzgado de Instrucción” por lo que no se le puede atribuir una “naturaleza administrativa”, argumenta el auto del TSJ-CV.

De momento, sus socios en el Ayuntamiento de Orihuela mantienen su apoyo al alcalde imputado por un presunto delito de malversación de caudales públicos a pesar de que el pacto de gobernabilidad firmado entre el PP y Ciudadanos obliga a cualquier cargo público investigado por corrupción a dimitir hasta que haya una sentencia firme.