Un periodista derriba la nueva versión del testigo clave del 'caso Taula' que exculpa al PP de València de la caja B de Rita Barberá

La declaración de un periodista en el juicio de la pieza separada A del 'caso Taula' derribó la nueva versión que el testigo clave de la causa, Jesús Gordillo, interpretó en la segunda jornada de la vista. Gordillo, exasesor del acusado Alfonso Grau, antigua mano derecha de Rita Barberá, aportó documentación clave para las pesquisas sobre la supuesta caja B del PP de València, usada para pagar la campaña de las elecciones municipales de 2007. Sin embargo, durante su comparecencia en el juicio, el testigo se desdijo de todo, exculpó a Grau echándole la culpa a un empresario fallecido y, de paso, acusó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de haberlo presionado. 

Para contrastar la nueva versión del testigo clave, el fiscal anticorrupción pidió la declaración del periodista Javier Alfonso, director de Valencia Plaza, el medio al que acudió Gordillo para filtrar documentación sensible sobre la presunta financiación ilegal del PP de València. Jesús Gordillo se plantó en la redacción del periódico, tras haber contactado con la redactora de tribunales, con un millar de documentos sobre el entramado empresarial de Laterne, utilizado en 2007 para hinchar la supuesta caja B del PP de Rita Barberá.

“Nos explicó que había estado empleado en Laterne, que había utilizado diversos procedimientos ilegales para financiar ilegalmente una campaña del PP local de 2007”, relató el periodista. El encuentro duró “entre dos y tres horas”, en las que el 'garganta profunda' explicó en detalle la documentación.

Los periodistas le advirtieron de que “lo que tenía que hacer” era aportarla a la Fiscalía, una opción que Gordillo descartó. Finalmente, a tenor de la gravedad de la documentación, los propios periodistas llevaron los papeles a la Fiscalía Anticorrupción y, tiempo después, publicaron una serie de informaciones sobre el entramado de Laterne.

Javier Alfonso aseguró ante el tribunal que no vio a Gordillo “angustiado o nervioso” ni les dijo que hubiera sido amenazado, tal como sostuvo en su última declaración en el juicio del 'caso Taula'. El periodista también confirmó que le dieron una copia de parte de la documentación en un lápiz de memoria, lo cual contradice de nuevo la nueva versión interpretada por Gordillo ante el tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial de València.

Un medio de prueba “manifiestamente pertinente”

Las defensas solicitaron al inicio de la sesión la nulidad de la declaración del periodista. Sin embargo, el presidente del tribunal explicó que se trataba de contrastar la nueva versión exculpatoria de Gordillo. “Es un medio de prueba manifiestamente pertinente”, dijo el magistrado.

El tribunal pretende ponderar cuál de las dos versiones de Gordillo es la verdadera, la que declaró en la fase de instrucción ante la UCO (ratificada posteriormente ante el juez instructor) o la última en el juicio. Todo ello por las “consecuencias en el relato de hechos probados que finalmente contenga la sentencia”, apostilló el magistrado.

En la sesión de este miércoles también se inauguró el desfile de los testigos propuestos por las defensas. Rafael Magán, asesor fiscal externo de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), relató que, tras un requerimiento de la Agencia Tributaria sobre Laterne, aportó las facturas de la empresa y el informe que las justificaba. El testigo se limitó a afirmar que se trataba de un “informe con información” sobre los supuestos trabajos reflejados en las facturas.

La empresa vinculada a la caja B del PP de València obtuvo más de 600.000 euros de la fundación municipal, financiada con dinero público aunque de naturaleza privada, sin que se haya sabido a cambio de qué trabajos se pagó.

Jaume Mata, trabajador de la fundación, declaró que Laterne no participó en la elaboración del plan estratégico por el que facturó, elaborado por personal de la casa (una afirmación en la línea de los testigos de la sesión anterior). La ex subdirectora Loles Edo también afirmó desconocer la existencia de la empresa Laterne en aquella época.

Eva García, jefa de Administración la fundación, tampoco recordaba a Laterne aunque afirmó, a preguntas de la acusación popular que ejerce Compromís, que los pagos de facturas de 500.000 euros no eran “corrientes” en la entidad. También aclaró que “no se podía pagar en metálico”.

Las “máquinas destructoras” de papel

Más allá de la presunta caja B y su relación con la fundación, las acusaciones sostienen que se produjo una destrucción de documentación en el seno de la entidad mientras Anticorrupción y la UCO investigaban el entramado en el marco de la instrucción del 'caso Taula'. Sin embargo, Loles Edo limitó la eliminación de la documentación a meros “folletos obsoletos”. En todo caso, Edo aseguró que no tenía nada que ver con la empresa Laterne.

La testigo confirmó que se compraron “máquinas destructoras” de papel para renovar las que tenía previamente la fundación, que habían quedado obsoletas. Otra trabajadora de la fundación, Desamparados Martínez, relató que FTVCB contrató a una empresa encargada de destruir documentación aunque adujo que desconocía el contenido de las cajas que se llevaron.

La testigo aseguró que Edo dio la orden de comprar las trituradoras de papel aunque no le dio “ningún motivo en particular”. La jefa de Administración de la fundación también confirmó la compra de “máquinas destructoras” de papeles y el traslado de documentación a “unas naves” que albergaban “folletos” o “mobiliario”.