Las pesquisas sobre las grandes empresas de residencias de mayores: 73 centros con fallecidos están bajo la lupa de la Agencia Valenciana Antifraude

La Agencia Valenciana Antifraude lleva meses investigando el uso de los fondos públicos que reciben las grandes empresas del sector de las residencias de mayores por parte de la Generalitat. La investigación de oficio, tal como ha informado este diario, ha solicitado a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas los expedientes de justificación de la financiación pública concedida, el régimen de obligaciones de cada adjudicataria, así como la copia de los expedientes que se hayan abierto por el incumplimiento de la concesión o de la prestación de servicios asistenciales. Dado el volumen de documentación, el departamento que dirige Mónica Oltra ha pedido una prórroga para poder atender todas las solicitudes de Antifraude. 

El organismo que encabeza Joan Llinares está llevando a cabo sus pesquisas sobre un sector que ha estado en el punto de mira por la mortífera tragedia que han vivido las residencias de mayores durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19. Antifraude investiga singularmente los 73 centros valencianos que han sufrido fallecimientos de ancianos con diagnóstico COVID. La compleja red de centros y servicios públicos y concertados del sistema valenciano de atención a la dependencia incluye centros públicos, de gestión directa (cuatro centros con fallecimientos) o indirecta (10 con fallecimientos); de titularidad de las entidades locales (siete); y centros privados de concierto social (10). 

Además, los centros y servicios privados cuya titularidad corresponde a empresas que disponen de plazas mediante contratación pública de la Generalitat cuentan con tres tipologías distintas: centros de accesibilidad social (17 centros con fallecimientos), que prestan un tercio de las plazas creadas y mantiene contratos administrativos especiales por procedimiento abierto; centros con contratos para la atención especializada a personas mayores dependientes en unidades de trastornos conductuales; y centros con contrato 3.300, de titularidad privada y que mantienen un contrato administrativo de servicios para 3.300 plazas en centros residenciales para personas mayores (25 centros con fallecimientos). 

Así, Antifraude está analizando los expedientes de justificación de la financiación pública concedida y el “régimen obligacional” de las entidades gestoras de residencias. La agencia podrá, una vez obtenido el conjunto de la abundante documentación, comprobar si las empresas cumplen con los medios humanos del personal sanitario que les exige el contrato, los medios humanos de mantenimiento, limpieza y desinfección, así como los recursos y medios materiales de naturaleza sanitaria unida a la gestión. El organismo público también ha solicitado a la conselleria la copia de los expedientes que se hayan abierto por posibles incumplimientos de las obligaciones concesionales o de prestación de los servicios asistenciales.