María Teresa M. J., viuda del prestigioso abogado valenciano Luis G. J., estampó su huella dactilar en un testamento el 24 de agosto de 2012, mientras reposaba en la habitación de un hospital privado de Alzira. Más de la mitad de su patrimonio, valorado en un total de 12,1 millones de euros, fue a parar directamente a una fundación católica presidida por un general retirado del Ejército español y en cuyo patronato figura también un sacerdote. La mujer, de 80 años y oriunda de Gandia, había sufrido un mes antes de firmar el testamento dos accidentes cerebrovasculares que le causaron una grave alteración multifactorial. “No tenía capacidad de respuesta en absoluto, no hablaba, no respondía a estímulos, el estado era catatónico”, relató Manuel M. P., familiar en quinto grado que se crió con la mujer prácticamente como si fueran primos. La anciana sufría un “deterioro gravísimo a nivel cognitivo” y no tenía “capacidad para otorgar” testamento “ni para resolver problemas matemáticos sencillísimos que resolvería un niño de seis años”, según Pedro D. S. J., entonces director clínico del servicio de daño cerebral del Hospital de Aigües Vives de Alzira (València), un conocido centro especializado en este tipo de pacientes. María José F. V., la notaria que acudió al hospital para dar fe, hizo constar que la firma del testamento se había producido en su despacho profesional. El documento también indicaba: “Tiene a mi juicio la capacidad legal necesaria para el otorgamiento de su testamento (...)”. Ante el “trajín” de personas que circulaban por el hospital, el director clínico del centro puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía por recomendación de un amigo juez. Más tarde, el primo segundo de la mujer denunció el testamento.
“Es la única vez que me ha pasado en mi vida, en 30 años de trabajo”, afirmó el antiguo director clínico del servicio de daño cerebral de Aigües Vives durante la sesión dedicada a las declaraciones de testigos del juicio oral por estos hechos, celebrada este jueves ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de València. “Pensé, Dios mío, cómo va a firmar una señora así, sin capacidad alguna, en notaría”, exclamó el neuropsicólogo.
La Fiscalía pide una pena de cinco años de prisión para la notaria por un supuesto delito continuado de falsedad de documento público en concepto de autora, además de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión de fedataria durante un lustro. Los beneficiarios del testamento figuran como partícipes a título lucrativo y la Fiscalía pide que restauren la “masa hereditaria” conjunta y solidariamente.
El Ministerio Público también solicita que se declare la nulidad de la escritura pública. Así, al no tener descendientes la fallecida, su millonario patrimonio pasaría a manos de la Generalitat Valenciana (la Abogacía figura personada). La acusación pública considera responsable civil directa a una empresa aseguradora con la que la notaria tenía suscrita una póliza para el ejercicio de su actividad profesional.
El reparto del testamento
El testamento otorgaba 6,8 millones de euros a la Fundación Gozalbo Marqués, una entidad de asistencia social fundada en Madrid por la fallecida pocos meses antes de que sufriera el primer ictus, en marzo de 2012. Por otro lado, también otorgaba 650.000 euros por cabeza a varios patronos: a los sobrinos de su difunto marido Luis F. G. y José Luis G. A. Además, a María Dolores F. G. y a Joaquín F. G. se les otorgó la misma cifra. Al general José Luis M. C. (presidente de la fundación) y al sacerdote Javier R. M. les daba la misma cifra.
El testamento también reservaba 650.000 euros por cabeza a Rosario B. L. y Yolanda P. R. (jefa de administración y asesora fiscal, respectiavmente, de la fallecida) y a Manuel M. A., todos ellos patronos de la fundación. Por otro lado, a dos menores en el momento de los hechos les dejaba 3.000 euros a cada uno. Y, finalmente, 6.000 euros a los ahijados del matrimonio. A la única hermana de su difunto marido, el testamento le devolvía cinco cuadros, una talla y una tabla religiosas y un relicario procedentes de una herencia familiar.
El escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso elDiario.es, sostiene que la notaria hizo aparentar que los documentos se habían redactado a petición de la anciana cuando en realidad lo había solicitado Joaquín F. P., sobrino de su difunto marido.
La mujer estaba, según la acusación pública, en “estado de mínima conciencia” (anartria, en términos clínicos), sin capacidad para establecer ningún tipo de comunicación, “por lo que no era posible que hubiese dado las órdenes precisas para la redacción del testamento, ni del otorgamiento del poder, ni que presentara su consentimiento con el contenido” de los documentos notariales.
Ni la notaria ni los testigos que intervinieron en la habitación del hospital de Aigües Vives en la firma del testamento consultaron con el director del centro ni con ningún profesional médico, “a pesar de ser conscientes de los sucesivos accidentes cardiovasculares sufridos en fechas previas y del evidente estado de mínima conciencia en el que se encontraba”, concluye la fiscal.
Rosa S. F., antigua empleada de la anciana, compareció como testigo en la vista oral, a petición de las defensas, y aseguró que tras el primer ictus, la mujer “tenía su parte izquierda afectada pero podía hablar”. En una segunda visita, la viuda “ya no podía hablar, aunque lo intentaba”. También recordó que la anciana “había hablado con una notaria” a cuenta de unos poderes.
Sin embargo, el resto de testigos coincidieron en que la mujer tenía sus capacidades muy mermadas. Pedro D. S. J., director clínico del servicio de daño cerebral del hospital de Aigües Vivas, describió las capacidades cognitivas de la anciana como “perfectamente nulas”, con “respuestas mínimas” y sin opición de otorgar testamento. La paciente, con “respuesta mínima”, seguía haciendo “funciones automáticas” (latido del corazón y respiración) y poco más.
Gente “pululando” en el hospital
Al neuropsicólogo le alertó la gente “pululando” en la habitación de la anciana. Había, según dijo, un “trajín de personas”. A los profesionales del centro, la situación les mosqueó. “Apareció sin previo aviso un señor que se presentó como abogado de la paciente y empezó a contarme cosas técnicas que no entendía nada”, relató Daniel G. C., médico de la Unidad de Daño Cerebral del centro hospitalario.
Ante la “incertidumbre” de quién era el tutor legal de la mujer, “se decidió ponerlo en conocimiento de la Fiscalía para que tuviésemos un interlocutor para poder tomar decisiones”, declaró el facultativo.
La trabajadora social encargada de elaborar un informe sobre la anciana, a petición de la Fiscalía de Alzira, explicó en el juicio que sus únicas fuentes fueron los caseros de una finca propiedad de la mujer. Los “caseros de la señora” le aseguraron que los sobrinos del difunto marido eran los familiares más cercanos.
Manuel M. P., el primo segundo de la anciana, también aludió a una supuesta “orden expresa” del sobrino del difunto marido para que no se le diera información. “Me pusieron muchísimas pegas y no me querían dar información”, dijo. Tras insisitir en el centro y alegar que también era familiar de la mujer, pudo acceder junto con su hermana y sus primas Amparín, Pilar y Paquita en visitas diarias a su ser querido. “Pensábamos que contándole cosas de la infancia podíamos conseguir que reaccionara, le dábamos caricias y algún beso”, dijo el testigo.
A pesar de que su prima lejana “estaba fatal” y ni siquiera los reconocía, se enteraron de que había sido confeccionado un testamento: “Entraron y le pringaron los dedos con tinta”. El hombre sospechaba que pretendían “desposeerla de su patrimonio”.
Francisco Javier C. G., psicólogo del equipo multidisciplinar que trató a la paciente en el hospital de Aigües Vives, coincidió en afirmar que la mujer presentaba una “capacidad de comprensión muy limitada” o “ninguna”. “Al final se está hablando de una gran dependiente”, dijo el testigo, para quien la mujer estaba en una suerte de “estado de vigilia”.
A preguntas de las defensas, el primo segundo de la anciana declaró que cuando denunció los hechos ante la Fiscalía desconocía que la normativa prevé una recompensa a quien ponga en conocimiento de la Administración la posibilidad de heredar abintestato (el término jurídico que alude al procedimiento de adjudicación de bienes en el supuesto de un testamento nulo). “Ahora sí, pero en el momento que se iniciaron los hechos no solo desconocía eso sino que desconocía qué era un legado en una herencia, yo mismo no había hecho herencia”, afirmó Manuel M. P.