Mientras la invasión rusa de Ucrania avanza y Estados Unidos y la Unión Europea impone sanciones contra los dirigentes del Kremlin, un juzgado de Benidorm continúa con la investigación de una presunta trama de blanqueo de capitales del crimen organizado del Este en varias localidades de la costa turística valenciana. El último auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm, al que ha tenido acceso elDiario.es, desgrana la estructura piramidal de la presunta trama, en la que figuran más de una cuarentena de investigados, incluidas varias empresas.
La investigación, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, detectó el transporte de grandes cantidades de dinero en España “hacia y desde el extranjero, especialmente Rusia”. La presunta red movía “sustanciosas cantidades monetarias entre España y Rusia sin llamar la atención de las autoridades” para invertirlo posteriormente en los sectores del ocio, de la hostelería e inmobiliario de la costa valenciana, especialmente en localidades como Benidorm o Altea, en un contexto de declive de la burbuja inmobiliaria.
Hampones de “alto nivel criminal”
En el auto, la jueza instructora detalla la “forma piramidal” de la supuesta organización criminal. Así, el primer nivel lo conforman “empresarios rusos reconocidos en su país de origen, usados por las organizaciones criminales exsoviéticas y vinculadas a ellas y a sus miembros para poder llevar a cabo sus negocios sin despertar sospechas”. “Sirviéndose”, agrega, “de una fachada de hombres de negocios de prestigio por todo el mundo”.
Los supuestos fondos ilícitos provenían de la cúpula del crimen organizado ruso de “alto nivel criminal”, según datos de inteligencia policial de Europol. El grupo de blanqueo de capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante detectó “movimientos extraños” de capital por parte de ciudadanos rusos afincados en la costa valenciana, que recibían grandes transferencias de sociedades extranjeras “cuyos orígenes no estaban suficientemente justificados” y que provenían, presuntamente, del crimen organizado. Concretamente de hampones de los grupos Vory V Zakone (Ladrones de Ley) y del Sindicato del Crimen Podolskaya.
Blanqueadores y empresas pantalla
En un segundo nivel de la pirámide, la instructora sitúa a aquellos investigados que “ejecutan” las operaciones de blanqueo de capitales con los fondos ilícitos provenientes de los empresarios vinculados al crimen organizado, “a los que captarían como clientes a sabiendas de la ilegalidad del origen del dinero”.
Para mover el dinero de sus clientes en España “sin ser detectado”, habrían usado empresas pantalla, testaferros, trasvases de dinero en efectivo e incluso operaciones de hawala (un método de transferencias informales muy común en el mundo árabe e islámico).
Testaferros y transportistas de efectivo
Descendiendo en la pirámide, el tercer nivel lo integran los supuestos testaferros y colaboradores en las operaciones de blanqueo, “transportando cantidades de dinero en efectivo” o “efectuando labores de asesoramiento jurídico, fiscal o contable” a los miembros de la supuesta organización y a las sociedades mercantiles investigadas. Los fondos provenían de sociedades situadas en Emiratos Árabes y de empresas del sector energético radicadas en Letonia y Reino Unido.
Funcionarios y policías
El cuarto nivel estaría formado por miembros de la administración y funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las que supuestamente los presuntos mafiosos se habrían infiltrado para para favorecer sus negocios, todo ello a cambio de dinero o de otros favores. La presunta red del hampa del Este, tal como informó este diario, compró a policías y guardias civiles para labores ilegales de seguridad y cobro de deudas.
“Afinidad política” con un edil del PP
El auto acuerda el sobreseimiento provisional de la causa para el edil popular de Seguridad del Ayuntamiento de Benidorm, Lorenzo Martínez Sola, al que los investigadores del grupo de blanqueo de la Policía Nacional situaban como miembro de cuarto nivel de la presunta red (figuraba como investigado por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias).
No hay “suficientes indicios de que presionara o influyera en ningún cargo público o funcionario” en beneficio del presunto líder de la red de blanqueo, Alexey Shirokov, a pesar de las conversaciones telefónicas intervenidas por los investigadores.
La jueza no descarta que el edil “haya prestado consejo o intervenido por un simple interés o deseo de quedar bien ante Alexey Shirokov con quien parece [que] existe una relación de amistad” y con quien comparte militancia en el PP (remarca la “afinidad política entre ambos”). De las actuaciones de la investigación tampoco “se desprende que exista ningún contacto con ningún otro de los partícipes del delito ni que haya intervenido en ninguna de las empresas pantalla”, asegura el auto.
A pesar de la “buena relación” entre ambos, la instructora no ve indicios de que el concejal popular influyera o se prevaleciera de su cargo en ayuda al ciudadano español de origen ruso ni que estuviera “al servicio” de la presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales.