El plan de Mazón no establece un periodo mínimo de protección para las viviendas públicas construidas por empresas privadas

El decreto de vivienda pública protegida (VPP) que prevé aprobar la Generalitat Valenciana permitirá que las casas construidas con el apoyo de fondos públicos pasen al mercado libre sin fijar un mínimo de tiempo. El texto, que está en fase de exposición pública, no establece un periodo mínimo de protección en las viviendas que construyan las empresas privadas, que en calidad de VPP reciben subvenciones de la Generalitat Valenciana.

El borrador publicado por la Conselleria de Vivienda determina tres niveles de protección para los pisos según su tipología, y apunta a un máximo de 15, 20 o 30 años de blindaje. El término “máximo” aparece en varias ocasiones, pero el umbral inferior no se deja ver en el articulado del decreto. El texto sí establece una suerte de recomendación, divida en tres niveles, como explicó el presidente Carlos Mazón durante la presentación del plan. Apunta que “con carácter general, las viviendas de protección pública mantendrán la calificación por un periodo de máximo de 30 años. En el caso de que las viviendas de protección pública sean edificadas sobre suelo no vinculado a vivienda de protección pública por el planeamiento urbanístico, la calificación se mantendrá por un período máximo de 20 años”. Por último, las viviendas de protección pública de régimen especial de vivienda joven estarán sujetas a un periodo máximo de protección de 15 años. Estos pisos tendrán unas características limitadas -60 metros cuadrados- y unos requisitos de renta más estrictos que el resto de viviendas.

Tras enunciar los niveles máximos de protección, el decreto deja a interpretación de la Administración cuál será la protección a aplicar en cada promoción de vivienda protegida construida por una empresa: “En el acto administrativo que otorgue la calificación definitiva deberá hacerse constar expresamente el periodo de calificación”, dice. Además, añade: “La Dirección General competente en materia de vivienda, mediante resolución motivada, podrá disponer la descalificación de viviendas y elementos complementarios calificados definitivamente cuando circunstancias excepcionales así lo requieran”. De nuevo, no se hacen constar cuáles serían aquellas circunstancias excepcionales que desprotegen un inmueble que a priori garantiza un derecho y que ha sido apoyado con fondos públicos. En el caso de las viviendas que construya directamente la Administración -que apenas cuenta con presupuesto para ello-, el periodo de protección será permanente.

Con esta fórmula, el borrador del decreto no garantiza una ampliación del parque público de vivienda, una cuestión clave para los expertos para mitigar las crisis de vivienda y garantizar este derecho. Según el Observatorio de Vivienda, en 2020 la Comunitat Valenciana apenas contaba con un 0,8% de vivienda pública respecto al parque total, mientras que la media española es del 2,4% y la europea roza el 10%.

El decreto establece una fórmula mixta para los promotores: “Las personas promotoras de expedientes de construcción de viviendas de protección pública podrán destinar un porcentaje de la superficie útil, que no podrá exceder del 40 % total del inmueble, a vivienda en régimen libre”, dice el texto. “En ningún caso se permitirá la unión entre viviendas libres y de protección pública, tanto vertical como horizontalmente”, subraya.

Otra de las novedades es la obligatoriedad de que las nuevas promociones reserven un 40% de las viviendas nuevas al tipo especial de jóvenes o familias monoparentales. Estos pisos, de 60 metros cuadrados, garaje y trastero, se reservarán para menores de 35 años con una renta que no supere 5,5 veces el IPREM, pero podrá optar a ellos cualquier persona que cumpla con los requisitos de la vivienda social si pasados seis meses ningún joven los habita.

Como anunció Mazón en la presentación del proyecto, el precio por metro cuadrado de las viviendas será variable, podrá decidirse por promoción -según el municipio y sus características- y subirá 200 euros, hasta un máximo de 2.400 euros por módulo. También subirá el precio máximo al que se puede vender la vivienda protegida de segunda mano, según el ámbito territorial y el régimen de protección. En la ciudad de València, podrá venderse una vivienda usada a 2.304,32 euros el metro cuadrado, a la par que una vivienda sin protección. La media en la ciudad en agosto de 2024 es de 1.508 euros por metro cuadrado.

El PSPV-PSOE denuncia que Mazón “está creando un marco para especular con la vivienda protegida” de la Comunitat Valenciana. La diputada Maria José Salvador afirma que “presenta un reglamento para el negocio de la vivienda, no para garantizar el derecho a la vivienda” y “rompe con el criterio de la permanencia en la calificación de la vivienda protegida de iniciativa privada y deja en manos de la administración cuándo dejaran de ser protegidas; una semana, un mes o un año”.

La portavoz socialista en materia de vivienda cuestiona que el decreto “esté incumpliendo la Ley Estatal de Subvenciones al no concretar cuándo se podrá descalificar la vivienda protegida”. Además, sostiene que “el nuevo decreto aleja a los valencianos de la posibilidad de acceder a una vivienda a un precio asequible al subir el precio del módulo de 2.200 euros a 2.400 euros”.