Nuestro país se enfrenta a un reto que hasta ahora no ha logrado superar: adecuar su estructura institucional a la extraordinaria diversidad social, lingüística y cultural de los pueblos que lo integran, y hacerlo de modo que las distintas identidades nacionales puedan reconocerse en la expresión política resultante. En un contexto caracterizado por la coexistencia de identidades complejas y complementarias, el modelo federal es el único que puede articular una realidad inequívocamente plurinacional como elemento constitutivo del Estado. Desde una perspectiva federal, la pluralidad nacional no es algo que deba ser “tolerado” para satisfacer las demandas nacionalistas; antes bien, se trata de un valor político fundamental con un potencial enorme en sociedades como la española o la catalana, mucho más heterogéneas y estratificadas de lo que suele admitirse. El Estado autonómico está agotado y sería absurdo prolongar su agonía. Ha cumplido su misión histórica. El reto es construir un nuevo Estado plurinacional que garantice la convivencia democrática, pluralista y solidaria, en un marco institucional estable de carácter federal.
Ahora bien, un Estado plurinacional requiere la existencia de un sistema de financiación que garantice la suficiencia económica de las unidades federadas y les permita ejercer las competencias que les han sido asignadas, sin perjuicio de la solidaridad que necesariamente ha de existir entre ellas. Como podrá imaginar el lector, se trata de un asunto espinoso y delicado que suele provocar debates muy intensos entre los distintos componentes de cualquier federación. Las zonas más ricas suelen quejarse de su excesiva contribución al presupuesto común, mientras las más pobres consideran que reciben demasiado poco. En principio, es un debate saludable que permite ir ajustando el sistema de financiación hasta alcanzar una distribución de los recursos lo más equitativa posible. Lo que no parece tan normal es que los nacionalismos español y catalán utilicen demagógicamente este asunto para enfrentar a la ciudadanía y alimentar el conflicto territorial. Precisamente esto es lo que ha ocurrido estos años.
No es ningún secreto que el actual sistema de financiación autonómico perjudica a los intereses de determinados territorios, como es el caso de Cataluña, Madrid o el País Valenciano. Y que ello se traduce en una menor calidad de los servicios prestados a la población, sin que pueda aducirse ninguna justificación. En lo que respecta a nuestra tierra, suele afirmarse que es la única comunidad autónoma con una renta per cápita inferior a la media que presenta un saldo fiscal negativo, lo que sin duda constituye una anomalía. Igualmente, se critica con razón que las inversiones del Estado son especialmente escasas en la Comunidad Valenciana, como pudimos comprobar durante la tramitación de los últimos Presupuestos Generales del Estado. Todo ello es cierto, pero España se merece un debate a la altura del momento histórico. Afirmar, como algunos han venido haciendo, que la financiación autonómica supone un “expolio” que está “rompiendo España”, no sólo es exagerado, sino que oculta las verdaderas causas de la gravísima crisis social que atraviesa nuestra patria.
En nuestra opinión, hay que replantear los términos del debate. Los problemas económicos que atraviesan las CCAA no traen causa del sistema de financiación vigente, por más que éste sea mejorable y algunas reivindicaciones posean una base real. El principal problema al que se enfrentan las CCAA es que su autonomía financiera se ha reducido considerablemente por la reforma del artículo 135 de la Constitución, que consagra las políticas de austeridad, y por la Ley Estabilidad Presupuestaria que desarrolla dicho precepto. Ambos textos, impuestos de forma despótica por la UE, limitan la libertad de gasto de los entes autonómicos y comprometen seriamente el futuro del Estado de bienestar en España. La cuestión fundamental, por tanto, no es la distribución de los recursos entre los distintos territorios, sino el hecho de que aquéllos son insuficientes y se van a reducir aún más en el futuro como consecuencia de las políticas neoliberales. Este aspecto no puede ser ignorado si se pretende un debate sano y riguroso sobre la financiación autonómica.
El único expolio que se está produciendo en España es el que se viene practicando mediante la aplicación de las políticas neoliberales. Recordemos brevemente el engranaje de la Ley Estabilidad Presupuestaria: las Cortes Generales aprueban anualmente un techo de gasto que vincula al conjunto de las Administraciones Públicas, incluidas las CCAA, correspondiendo al Ministerio de Hacienda efectuar un seguimiento exhaustivo y sistemático de los objetivos presupuestarios. En caso de incumplimiento, la Administración afectada debe presentar un plan económico-financiero orientado a corregir los desequilibrios, exponiéndose en caso contrario a la imposición de sanciones draconianas que pueden incluir multas coercitivas e incluso la intervención de sus instituciones por vía del artículo 155 CE, como le está sucediendo al Ayuntamiento de Madrid. No hace falta ser un experto para saber que, en un contexto de fuerte disciplina fiscal, el debate sobre la financiación autonómica acabará convirtiéndose en una pelea de pobres que se disputarán unos recursos cada vez más escasos bajo la mirada vigilante de la UE.
En definitiva, la crisis económica ha sido aprovechada para erosionar la autonomía financiera de las CCAA y de las entidades locales, reforzando las prerrogativas del Estado en materia económica y presupuestaria. En concreto, las CCAA han visto severamente limitado su margen de maniobra económico, convirtiéndose en un mero apéndice de las políticas impuestas por el Gobierno. Llegados a este punto, se nos permitirá abrir un paréntesis para recordar que la reforma del artículo 135 CE y su legislación de desarrollo contaron con el apoyo de un agónico bipartidismo, ahora disfrazado de bloque constitucionalista, aunque sería más preciso hablar de bloque monárquico. Con la complicidad, por supuesto, de Ciudadanos, pues ya se sabe que “el naranja es el nuevo negro” (la audiencia de Orange is the new black sabrá disculpar esta broma fácil...). Y el PSOE... ¡Qué decir del PSOE! Su apoyo al PP en ésta y otras materias deslegitima su pretensión de abanderar el descontento provocado por el actual sistema de financiación, también en el País Valenciano.
Sin embargo, el marco que hemos descrito crea las condiciones para una gran alianza plurinacional que sea capaz de enfrentarse al neoliberalismo. Desde un punto de vista soberanista, si es verdadero, la prioridad debe ser combatir las políticas de austeridad impuestas por la UE, que están socavando la autonomía financiera de las CCAA. Sólo desde esta base es posible abordar con rigor el debate sobre el sistema de financiación del futuro Estado plurinacional, garantizando el principio de ordinalidad y evitando que la solidaridad de algunos territorios pueda llegar a perjudicar su crecimiento económico. Las reivindicaciones de Cataluña y el País Valenciano, por mencionar dos ejemplos, tienen una base real y merecen una respuesta equilibrada y razonable en aras de la unión federal. Pero esta unión fraterna debe poner en cuestión el marco neoliberal impuesto por la UE, que condena al subdesarrollo a los países de la periferia. Ahogar a los pueblos no es la solución, pero a algunos parece que no les importa.