Pobreza energética vs pobreza
Veinticinco organizaciones, nueve partidos políticos y más de veinticuatro mil personas a título individual han secundado la convocatoria de manifestación que tendrá lugar el próximo día 21 de diciembre en las principales ciudades del estado español bajo el lema “No más cortes de luz”. La muerte de Rosa, una anciana de 81 años, en la madrugada del pasado lunes 14 de noviembre, a consecuencia del incendio que provocó en su dormitorio la vela con la que se iluminaba en una vivienda de la que no podía pagar el alquiler ni los suministros básicos, ha sido el acelerador de la protesta. Ha sido imposible permanecer indiferentes a este suceso, desencadenante de una auténtica tempestad social, y que posee todos los elementos necesarios para convertirse en un símbolo de la lucha contra la pobreza energética. Una historia que ha proyectado en nuestra imaginación escenas tristísimas que bien podrían ilustrar una versión actualizada de “La pequeña cerillera” de Andersen. Sí, nos hemos conmovido y mucho.
Como miembro de la Plataforma Valenciana por un Nuevo Modelo Energético, que tiene entre sus principales líneas de actuación la lucha contra la pobreza energética, muchas veces he tenido que hacer frente, en el desarrollo de nuestra actividad, a la incomodidad que genera en algunas personas la aparente disgregación de la pobreza energética de la lucha genérica contra la pobreza.
Expresadas de diferentes maneras, por supuesto, he podido identificar dos críticas fundamentales. Por un lado, sencillamente no se concibe que la dificultad en que se encuentra un hogar para hacer frente al pago de su consumo energético y que comporta una falta de acceso normalizado a las entradas de gas, electricidad y agua tenga un origen o causas diferentes de las que provoca la pobreza en general y, por lo tanto, que requieran de una acción diferenciada. Y, por el otro, se denuncia que la prolongada crisis económica ha puesto de moda el sustantivo pobreza acompañado de adjetivos y así, se habla de pobreza infantil, pobreza crónica, pobreza educativa, de trabajadores pobres con ingresos, de pobreza urbana y, también de pobreza energética, lo que consideran un esnobismo, una especie de activismo cool y academizado.
Respecto de este segundo bloque de argumentos debo decir que estoy de acuerdo con la parte que se refiere a las modas. Y para muestra baste un botón. Si atendemos a la actividad de las administraciones públicas en todo el estado español, en este año que ahora concluye, comprobamos que se han multiplicado las iniciativas contra la pobreza energética, algo sin duda que es positivo en términos generales. Ahora bien, en la mayoría de las ocasiones, y conforme a la naturaleza de las medidas adoptadas, no creo, en absoluto, que sea posible concluir que esas medidas han sido el resultado de una toma de decisiones meditada – hay notables excepciones, por supuesto, como los casos de los Ayuntamientos de Valencia o Barcelona, cuyos planes contra la pobreza energética ha sido elogiados desde muchas y diferentes instancias - más bien al contrario, lo que se advierte es precipitación, probablemente motivada por ese afán de los nuevos equipos de gobierno, resultantes de las últimas elecciones autonómicas y locales, de subirse, a toda prisa, al tren de la pobreza energética “pues ahora está de moda”.
Recurriendo a iniciativas cercanas que conocemos bien, recordamos que tanto la Generalitat Valenciana como la Diputación de Valencia han convocado en el año 2016 ayudas destinadas a hacer frente, subsidiariamente y con dinero público, al pago de las facturas de luz, agua y gas de familias en situación de precariedad o vulnerabilidad que no podían responder por sí mismas. Estas medidas, de carácter correctivo, tienen como finalidad evitar el corte de suministro, es decir, son medidas para hacer frente a situaciones de urgencia, medidas coyunturales absolutamente necesarias pero que, debido a su propio enfoque corrector, no garantizan que las personas puedan gozar de los suministros de energía necesarios en el futuro inmediato dado que no contemplan la mejora del bienestar a medio y largo plazo.
Prueba de que esto es así es el hecho de que estas medidas ya existían y que se tramitan desde hace décadas por los ayuntamientos con la denominación de ayudas de emergencia. El hecho de haber gestionado el aumento presupuestario a través de diferentes partidas y convocatorias de ayudas obedece, a mi parecer, a una mera estrategia de marketing político que ensombrece, en alguna medida, las buenas intenciones que alberga y que denota descoordinación y un profundo desconocimiento de la situación, incluida de la propia labor que realizan los ayuntamientos cuyos servicios sociales se han visto literalmente colapsados por el innecesario aumento de la carga administrativa que esto ha supuesto. Por no hablar, por supuesto, de la indignación que provoca en la ciudadanía, informada y prosumidora, el hecho de que medidas como estas, más allá de su evidente valor asistencial, son celebradas por las grandes corporaciones del sector al ver reducidos sus índices de morosidad al tiempo que se presentan ante la sociedad como adalides de la lucha contra la pobreza energética, puro cinismo.
La pregunta sería, ¿que hubiese sucedido si el dinero empleado en asistencia social para servicios básicos de energía en la últimas décadas hubieran sido invertidos en mejorar la eficiencia energética de los hogares, la concienciación sobre el uso racional de la energía y la optimización de los servicios que las familias tienen contratados a las empresas de la energía?
Muy sintéticamente voy a permitirme una respuesta: reducción sostenible de los niveles de pobreza energética y, por lo tanto, de la pobreza en términos generales, desarrollo del sector económico ligado al ahorro y la eficiencia energética, nuevas iniciativas de desarrollo económico local y consiguiente creación de empleo, nueva reducción de la pobreza. Fuera de este círculo de desarrollo sostenible, caras muy largas en las juntas directivas de las grandes empresas del oligopolio energético.
Las causas y las soluciones de la pobreza energética
Estoy de acuerdo en que las causas genéricas de la pobreza energética no son diferentes de las que provocan la pobreza en términos generales. Con adjetivos o sin ellos, la pobreza siempre se asienta en la injusticia social, la desigual distribución de la riqueza, la insolidaridad y la codicia.
La pobreza energética no se puede desvincular de la pobreza general pero el hecho de utilizar una conceptualización propia tiene unos fines metodológicos y operativos claros pues resulta fundamental para delimitar con más precisión cuál es el ámbito de actuación, desgranar las causas que la provocan y, lo más importante, diseñar las medidas que ayuden a resolver y prevenir las consecuencias que se derivan de la misma. Esta delimitación favorece, además, una percepción de abarcabilidad o posilidad de control en la ciudadanía que invita a la acción y que no se da con tanta claridad cuando abordamos la lucha contra la pobreza en general.
Combatir la pobreza energética de forma específica permite superar las convenciones estadísticas sobre la medición de la pobreza y avanzar hacia el concepto de exclusión social en el que tienen cabida muchas más personas y situaciones. Además, permite avanzar en el reconocimiento del acceso a la energía como un derecho básico imprescindible para garantizar una vida digna y, en consecuencia, adoptar las medidas específicas necesarias para prevenir las situaciones de falta o insuficiencia. Este reconocimiento lleva implícita, además, una revisión de la clasificación que realiza el Estado de la energía como servicio de interés económico general y que ha sido la base de actuaciones, tan alejadas incluso de su propia naturaleza social, como la reciente declaración de inconstitucionalidad del Decreto -ley de Cataluña 6/2013 que impedía a las eléctricas y gasistas hacer cortes durante el invierno a las familias que no pudieran pagar sus facturas.
Delimitar el problema ha permitido establecer las soluciones. Las medidas, ampliamente consensuadas, se agrupan habitualmente en correctivas y preventivas. Dentro del grupo de las correctivas se encuentra, como antes adelantábamos, las ayudas asistenciales. Son medidas preventivas la mejora de la eficiencia energética y el aislamiento térmico de las hogares mediante planes de rehabilitación y micro-medidas de bajo coste, la reformulación del bono social, los cambios legislativos que impidan los cortes de suministro y favorezcan el establecimiento de facilidades de pago por las comercializadoras, fomentar programas de formación orientados a colectivos vulnerables o mejorar la transferencia y el uso de información relevante para la optimización de los servicios contratados con las empresas del sector. Y la medida de todas las medidas, derogar la legislación que impide el desarrollo del sector de las energías renovables, el autoconsumo y la generación distribuida, modificar el servilismo que caracteriza las actuales relaciones entre el poder político y el oligopolio energético y transitar hacia otro modelo energético más justo, más democrático, transparente y solidario.
En la Plataforma por un nuevo modelo energético estamos convencidos de que la pobreza energética puede ser erradicada a corto y medio plazo pues el coste económico que supone la implementación de estas medidas debe ser medido en término de inversión en empleo verde activando un círculo próspero de desarrollo sostenible. Cuando luchamos contra la pobreza energética no es que estemos alejándonos del fenómeno de la pobreza en general, ni mucho menos, en realidad sólo estamos aplicando una vieja estrategia: divide y vencerás.
