“Consideramos que el agua es un bien básico que debe estar en manos de la administración como única vía para garantizar el suministro a todas las personas, incluido las que están en riesgo de exclusión social”.
Este es el órdago que ha lanzado este viernes la portavoz del grupo municipal València en Comú (formación vinculada a Podemos), María Oliver, acompañada del diputado nacional, Pedro Arrojo y de Jaume Monfort, secretario de municipalismo de Podemos.
La formación morada está decidida a impulsar la recuperación de la gestión pública del agua, en manos privadas en la mayoría de ayuntamientos valencianos en la que se saca a concesión durante una gran cantidad de años a cambio de un canon.
En el caso de València ciudad, es Emivasa la que controla la gestión y el saneamiento, una empresa mixta de la que el Ayuntamiento tiene tan solo un 22% de participación y cuya concesión caduca en el año 2052.
Según Oliver, “estas concesiones a largo plazo son antidemocráticas porque hipotecan las políticas de los futuros gobiernos sobre un bien básico como el agua en favor de intereses privados”.
Tanto la portavoz como Arrojo han destacado las dificultades de rescatar estas concesiones puesto que las empresas reclaman compensaciones millonarias por los beneficios estimados en los años que pierden: “sin embargo, estos contratos tan largos se han ilegalizado en otras ciudades como París por la enorme corrupción que había tras las concesiones; al haber jurisprudencia es algo que se puede pelear”.
Según Arrojo, en París tras el rescate público del agua el recibo ha bajado entre un 15% y un 20% y en otras ciudades como Berlín han seguido el mismo camino. Además, “Italia ha prohibido la privatización del agua y otras ciudades españolas como Terrasa o Barcelona han iniciado procesos para municipalizar la gestión del agua”.
Para Oliver, el recibo del agua de València es “caro y poco transparente, la tasa Tamer no debería estar incluida porque al final la gente no sabe lo que está pagando realmente por el agua”.
Los direngentes de Podemos han reconocido que “la gestión pública del agua no garantiza la ausencia de corrupción ni el abaratamiento del recibo, pero sí el pleno control del recurso y en este sentido, será más fácil detectar la corrupción si existiera y el coste debería ser menor al eliminar el beneficio empresarial”.
De esta forma, Podemos iniciará una consulta ciudadana para pulsar la opinión de la gente sobre este tema y de existir una corriente favorable, lo incluirán en el programa electoral de cara a las próximas elecciones: “se va a trabajar en red en todos los ayuntamientos con representación para impulsar esta medida”, ha explicado Oliver.
Compromís per Torrent impulsa una consulta
Compromís ha registrado una moción al Pleno del Ayuntamiento de Torrent para solicitar al Ministerio permiso por tal de celebrar una consulta popular sobre el modelo de gestión preferido por la ciudadanía torrentina.
Esta propuesta se enmarca en las acciones que los valencianistas llevan liderando desde antes de las elecciones de 2015 para avanzar hacia la remunicipalización del agua a Torrent.
Actualmente la gestión del ciclo integral del agua corre a cargo de la empresa mixta Aigües de l’Horta, empresa participada por el Ayuntamiento de Torrent (51%) y Hidraqua, de la internacional Suez (49%).
Desde 1995, fecha en la que se aprobó la entrada del socio provado en la gestión del agua en un polémico pleno (con 13 votos a favor de Socialistas y Esquerra Unida y 12 en contra de Alianza Popular y Unió Valenciana), la gerencia recae sobre Hidraqua.
Según apunta el concejal de Compromís Víctor Medina “avanzar hacia la remunicipalización del servicio del agua es un acuerdo firmado ante notario por Compromís, el Alcalde socialista de la ciudad y Guanyant Torrent a cambio del voto de investidura al Partido Socialista, el cual gobierna en solitario y en minoría actualmente”.