Los talleres clandestinos del sector textil no son exclusivos de las grandes multinacionales que se llevaron su producción a Asia. En la comarca valenciana del Baix Vinalopó, las aparadoras del calzado realizan tareas que podrían denominarse tercermundistas: trabajan en casas, fábricas o talleres clandestinos sin más seguridad que la que ellas mismas puedan proporcionarse, sin cotizar y con una remuneración irrisoria.
Las trabajadoras del calzado, principal motor de la economía de Elche, se inspiraron en 'las Kellys' para lanzar más alto sus reivindicaciones y “dejar de ser invisibles”. Cobran alrededor de dos euros por hora, trabajan recluidas y con jornadas que superan con creces las estipuladas por ley. Con estas circunstancias, el pasado abril una veintena de aparadoras se constituyeron en asociación y comenzaron su particular ruta reivindicativa que empieza a ver resultados.
Por el momento, Podemos ha decidido oír sus protestas y llevarlas al Congreso. La formación morada ha presentado en la Cámara Baja una proposición no de ley para que se estudie la especial precariedad de este colectivo en la comisión de Trabajo. Los de Pablo Iglesias piden que se incremente la presión de la Inspección sobre este sector; concretamente “mediante el desarrollo de un plan específico dotando de medios humanos y materiales suficientes para abordar desde las principales empresas y toda la cadena de subcontratación el reconocimiento de los derechos laborales, salariales y en materia de salud laboral de las aparadoras”.
Como sucede con otros trabajadores que no cotizan, estas mujeres no tienen derecho a prestaciones sociales como la incapacidad temporal, la baja por enfermedad o el permiso de maternidad. Según un estudio de la Universidad de Alicante, el 88% de su trabajo se realiza en negro; según el INE, pese al aumento del negocio, el sector del cuero y calzado ocupa el último puesto en remuneración por asalariado.
A través de las senadoras Pilar Lima y Vicenta Jiménez, junto al diputado Alberto Rodríguez, en la PNL piden que se colabore con la Generalitat Valenciana para crear un sello de “calidad laboral”, un distintivo que proporcione al consumidor información sobre el producto que consume, en este caso, dirigido a señalar que está realizado lejos de la explotación laboral. Además, se insta al Parlamento a que colabore con la Generalitat Valenciana y las principales entidades locales afectadas a constituir un foro que aborde la búsqueda de soluciones respecto a la economía sumergida de las aparadoras y otras actividades relacionadas, tanto en materia fiscal como laboral. Por último, solicitan que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) realice un informe que aborde los riesgos psicosociales y de salud laboral de las aparadoras.