El grupo parlamentario Podemos ha presentado en Les Corts Valencianes una propuesta de ley sobre Procedimientos de Emergencia, que tiene como objetivo agilizar la tramitación de las ayudas sociales necesarias para atender las necesidades básicas de las personas, familias y colectivos susceptibles de especial protección.
En primera instancia, se han determinado los procedimientos administrativos relacionados con las situaciones de emergencia social. Una vez definidos, la norma se centra en tres medidas: reducir a la mitad los plazos de tramitación de estos expedientes, priorizar los medios materiales y humanos en las unidades administrativas relacionadas con esta materia y finalmente, priorizar los pagos en estos procedimientos.
Un 25% de valencianos, pobres
Según un comunicado, Podemos pretende concretar mediante una ley qué se consideran como situaciones de emergencia ciudadana para evitar discrecionalidades y dilaciones en el tiempo. En cifras absolutas, en la Comunitat Valenciana el espacio social de las personas excluidas en situación de pobreza, suma ya a más de 277.000 hogares -el 14,6 % frente al 10,0% estatal- y ello supone más de un millón de personas. En términos de pobreza integrada, sectores integrados socialmente pero con ingresos insuficientes, sumamos otros 215.000 hogares y 592.000 personas más. Sumados estos dos sectores, un 25,9% de las familias valencianas viven por debajo del umbral de la pobreza, frente al 19,4% de media estatal.
La secretaria de coordinación estatal de Podemos, Angela Ballester, ha explicado que casi un tercio de la población vive en riesgo de exclusión, porcentaje que se incrementa cada año. “Ante eso –ha manifestado—presentamos esta ley, que pretende que sea una prioridad para la administración y para el presupuesto atender las ayudas sociales: ayudas a la dependencia, a las personas mayores, a toda esa población más vulnerable que necesita que los políticos estén de parte de las personas”. Así, ha indicado, “se trata de evitar que se paguen antes las dietas a los políticos que las ayudas a las personas”.
Además de acortar los plazos entre la concesión de la prestación y el disfrute de la misma, la ley busca establecer la prioridad presupuestaria de estas partidas por delante de los gastos de protocolo, publicidad o dietas de altos cargos para asegurar su financiación.
La ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana es una iniciativa coordinada entre diferentes grupos parlamentarios de Podemos. La intención de esta norma es reordenar los recursos y establecer prioridades, porque las instituciones deben estar al servicio de los ciudadanos, algo que tiene que ser lo primero, especialmente en una situación de emergencia como la actual, con el 29 por ciento de la población española en riesgo de exclusión.