Las oposiciones y procesos selectivos siempre son delicadas si no se ofrece la máxima transparencia y la apariencia de limpieza. Pese a los instrumentos que la administración intenta poner para su objetivación, todavía es posible dirigir los procedimientos para beneficiar a una u otra persona. Eso es lo que pasó en el Ayuntamiento de Paiporta (València) en las oposiciones de 2015 para policía que, además, fueron anuladas posteriormente por las reservas que el secretario municipal tenía sobre la convocatoria.
Al proceso tan solo se presentaron una veintena de aspirantes. No es de extrañar puesto que la tasa para participar en los exámenes fue de 333 euros, una cantidad muy elevada que supuso ya una primera criba (el coste de participar en uno de estos procesos en València capital es de 36,95 euros).
Antes, la carrera para el examen había tenido una modificación del tribunal. Un decreto de alcaldía en 2013 del anterior edil del PP Vicente Ibor sacó del quinteto evaluador a los representantes de la Generalitat y el Ivaspe (Institut València de Seguretat Pública i Emergències), funcionarios externos a la entidad local que debían garantizar la neutralidad e independencia.
Así, la oposición fue juzgada por cinco personas afines al alcalde, el jefe de policía, tres agentes designados por el propio Ibor y el secretario, que no acudió a la convocatoria para que su puesto fuera ocupado por otro policía de Paiporta, según la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia BOP) de Valencia el 28 de agosto de 2013.
Uno de los agentes del cuerpo de Policía Local de Paiporta, viendo las sospechas que levantaba el proceso, decidió acudir al notario a registrar un documento en el que vaticinaba los ganadores de la oposición antes de que se celebrara. Y no erró mucho en su predicción. De los cuatro nombres que dejó escritos negro sobre blanco el 17 de febrero de 2015, tres consiguieron la plaza, según el documento reproducido en la información. Se trata de Francisco José Bueno, Juan Antonio Moreno y Roberto Riquelme.
Pero poco duró la alegría a los tres ganadores de esta oposición, en la que se sacaron a concurso cuatro plazas de turno libre. Cuando pasaron las elecciones de 2015, el alcalde popular que había impulsado este procedimiento lo anuló por decreto de alcaldía. La nueva alcaldesa, Isabel Martín, mantuvo esta decisión y revisó el proceso para anularla correcta y definitivamente. Dos de los tres agentes que aparecen en la hoja del notario denunciaron a la alcaldesa de Compromís y consiguieron su imputación. En estos momentos un juzgado de instrucción evalúa la situación aunque recientemente el Consell Jurídic Consultiu (CJC) avaló la actuación de la edila.