Dos agentes de la Policía Nacional y un guardia civil se sentaron este miércoles en el banquillo de los acusados ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia por los presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos tras haber proporcionado supuestamente información de bases de datos a narcotraficantes.
Los dos principales narcos acusados reconocieron los hechos. Sus defensas negocian un pacto de conformidad con la Fiscalía Antidroga.
Los presuntos narcos compartían un grupo de Whatsapp con los agentes en el que “bromeaban” sobre las intervenciones policiales y les enviaban información sobre matrículas de coches ajenos.
Los dos agentes de la Policía Nacional y el guardia civil desmintieron la acusación y afirmaron que consultaban la base de datos por pura curiosidad. Además, D.C.C, miembro del Instituto Armado actualmente destinado en el Puesto de Ademuz (València), aseguró que es “habitual” que los agentes consulten matrículas a petición de gente que quiere comprar un coche y comprobar que no tiene ningún embargo.
R.M.G., agente de la Policía Nacional del distrito de Marítimo de València, declaró que el puesto de trabajo se encuentra en su lugar de residencia en el que se ha criado, por lo que entraba a las bases de datos para consultas sobre sus allegados o amigos “por capricho”. A pesar de ello, añadió que ha llevado a cabo varias detenciones a algunos conocidos.
El uniformado afirmó que la consulta de bases de datos para asuntos que escapan al ámbito estrictamente profesional “lo hacen todos los policías de toda España”. Los tres agentes contextualizaron las conversaciones de WhatsApp “en plan coña” y “todo risas”.
Los tres miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado manifestaron que J.M, participante del chat de mensajería instantánea, no fue detenido ni llevado a disposición judicial por los envoltorios de cocaína vacíos que halló una patrulla en su coche y coincidieron en sus declaraciones en que los agentes le ordenaron que desechara las bolsas en un contenedor.
La presunta red de narcotráfico, según la acusación pública, blanqueó importante sumas de dinero con billetes de lotería, operaciones inmobiliarias y la adquisición de una licencia de taxi. La Fiscalía antidroga solicita tres años de cárcel además de multa e inhabilitación, por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos.
Para el presunto narco Francisco Javier G. M. M. el Ministerio Público pide inicialmente nueve años y nueve meses de prisión por los presuntos delitos de tráfico de drogas, falsificación de documentos privado, mercantil y oficial, conducción sin permiso y blanqueo de capitales. Para el otro acusado solicita cuatro años y medio de cárcel por los presuntos delitos de tráfico de drogas y falsificación de documento privado.
Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron un posible pacto de conformidad con los dos supuestos líderes de la red.